Santiago Juliá es el candidato a Defensor del Pueblo por la Unión Celeste y Blanca, una alianza que suma el respaldo de varios sectores políticos y que competirá en las elecciones del próximo domingo 29 de junio. Lo acompañan María Fernanda Salas, Omar Alonso y María Alejandra Romagnoli, quienes tienen como principal propuesta introducir una modificación en la Carta Orgánica para lograr el cierre definitivo de la institución.
Juliá es comerciante y tuvo su inicio en la política dentro de la Coalición Cívica, en la ciudad de Córdoba. Acompañó la candidatura a intendenta de Laura Sesma y trabajó en el proyecto de ordenanza que creó la institución de formación y selección de servidores públicos (INFOSSEP). En Carlos Paz, siempre se mantuvo cerca del radicalismo, acompañó el espacio de Jorge Lassaga cuando integró la nómina de concejales en la lista de Rodrigo Serna y posteriormente, trabajó para la alianza Juntos por Carlos Paz.
«Lo que me lleva a presentar mi candidatura es poner sobre la mesa un debate y visibilizar lo que gran parte de la sociedad cree. Tenemos que concebir una nueva forma de ver el Estado y las funciones y eficiencias que debe tener el Estado, sobre todo la transparencia y la austeridad en cuanto al manejo de los recursos y visibilizar el rol que tiene una institución que consume una enorme cifra de dinero y que ofrece un servicio escaso y sin representatividad»; expresó en diálogo con este medio.
«Nuestra propuesta es arbitrar los medios técnicos y legales que permitan modificar la Carta Orgánica para cerrar esta institución. Consideramos que no se justifica su funcionamiento y tampoco creemos que cumpla el rol para el que fue creada. Llevamos 12 años de prueba con una institución que no ha devuelto resultados a la ciudad. La propuesta es que nos elijan para presentar un proyecto de ordenanza que venga a modificar la Carta Orgánica y si esto no prospera y nosotros resultamos electos, presentaremos nuestra renuncia para que la institución quede acéfala»; argumentó.
«Si eso sucede, previo a presentar nuestra renuncia, elevaremos un proyecto para solicitar que toda la partida presupuestaria con la que cuenta la Defensoría, sea destinada a áreas sensibles que hoy sí requieren de mayor ejecución presupuestaria, como reparación vial, bacheo y temas sensibles que generan un impacto en la sociedad»; completó.