La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich amplió este jueves una denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al ministro de Justicia, Martín Soria, por la polémica intervención de su fundación. El recorrido del expediente en que se basó la intervención está “plagado” de irregularidades a simple vista y, por ejemplo, «le faltan 100 fojas».
A través de su abogada Silvina Martínez, Bullrich incluyó en la denuncia original contra el ultracristinista titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen ante el juez federal Ariel Lijo a Soria, quien ayer firmó la intervención a la fundación Instituto de Estudios Estratégicos y de Seguridad (IEES).
Hacia 9 años que la IGJ no intervenía e una fundación y la medida provocó manifestaciones de solidaridad con Bullrich y molestias en la Casa Rosada y en ministerio de Economía.
Y lo hizo pese a que, en mayo, la jueza Nacional en lo Civil N° 28 Alicia Alvarez consideró que Nissen “se excedió” en sus atribuciones legales y “se apartó de la normativa sin justificación” al pedir la intervención judicial de esa asociación civil. Luego,la jueza Alvarez archivó el pedido de la IGJ de intervenir el IEES.
En un escrito, Martínez sostuvo que los funcionarios denunciados “persiguen a las entidades de los opositores pero beneficia a las entidades de ex clientes e incluso a sus propias fundaciones”, en alusión al “blindaje” que Nissen hizo sobre los balances de Hotesur de los Kirchner y el Instituto Patria. Hasta el 2019, Nissen era apoderado de los Kirchner por esa empresa hotelera que se habría usado para lavar 160 millones de pesos.
“Lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al Gobierno Kirchnerista”, afirmó la presentación de Bullrich quien preside IEES.
Las actuaciones de la IGJ se iniciaron el 16/12/2022 a raíz de una publicación en medios periodísticos K.
“Es decir de oficio sin denuncia de nadie. De esta forma comienza la persecución al principal dirigente opositor mediante la utilización de un organismo del Estado”, subrayó.
Pero “no solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó”, agregó.
Además, “se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”.
Como primera supuesta irregularidad Nissen detalla que durante el año 2021 el IEES “aumentó sus ingresos”.
“Parece que para la IGJ el aumento de los ingresos es ilegal o contrario a la finalidad de la entidad. Sabido es que cualquier entidad requiere de recursos para la consecución de sus fines sociales”, contestó el escrito de Bullrich.
Luego, destacó al juez que “todos los requerimientos fueron respondidos en forma acabada y completa por parte de la institución. Y eso es detallado en la resolución de la IGJ cuando menciona que la documentación aportada es voluminosa”.
Pero, aun así, para la IGJ la entidad es utilizada para realizar acciones “no previstas en su objeto social” y “pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas”.
“Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen”, afirmó con ironía.
Para Bullrich no solo se busca perseguirla a ella sino también “ a aquellos que se acercaban a la entidad para participar de sus actividades” o han hecho donaciones.
En la IGJ “todo se manejó en secreto y en el despacho del inspector General. Cada vez que hacíamos presentaciones para solicitar tomar vista de las actuaciones la respuesta era no”.
Luego advirtió sobre “la cantidad de refoliaturas que tuvo el expediente, en una maniobra de “armar” las actuaciones administrativas a antojo y arbitrio de Ricardo Nissen. Sacando y poniendo fojas de acuerdo a los intereses del militante kirchnerista”.
Por ejemplo, Nissen “menciona 340 fs que posee el anexo 15 y luego se tacha posteriormente y se cambia por 240 fojas. ¿Dónde están las 100 fojas faltantes?”
La resolución 243 de Nissen fue apelada y el recurso fue denegado por la propia IGJ y además, esta resolución fue dictada sin dictamen previo de la Dirección de Entidades civiles ni de ningún servicio jurídico, como corresponde.
Luego Bullrich denunció se se le negó en la IGJ “claramente el derecho de defensa” y no se cumplieron con los plazos previstos.
En primer “lugar la IGJ dicta una resolución en forma arbitraria y antojadiza. Nunca notifica esta resolución y la distribuye a los medios de comunicación”.
Luego Nissen inicia la acción judicial ante la justicia civil solicitando la intervención judicial del IEES y recusa al juez que sale sorteado. Después se sortea un nuevo juez y “plantea la nulidad del sorteo”.
Finalmente, la jueza competente rechaza el pedido de intervención judicial (expediente 24775/2023). Nissen apela y la Cámara Civil confirma la resolución rechazada.
Entonces, lleva su pedido de intervención al Ministro Soria “quien sin más dicta la intervención con desplazamiento de sus autoridades de la asociación civil”.
El expediente administrativo de IGJ “no tiene movimientos desde el 29 de mayo de 2023 y figura en la Secretaria Privada del Inspector General. Es decir en el escritorio de Nissen quien esta atrinchera con las actuaciones administrativas como un trofeo de guerra”.
Soria dicta la resolución 742/2023 y designa a la contadora Norma Cristóbal “que es amiga de Nissen como interventora, con desplazamiento de autoridades, quien debe efectuar todas las gestiones tendientes a “normalizar” la entidad”.
La ley orgánica de la IGJ (número 22315) establece que el organismo puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención pero solo en los siguientes casos:1) si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento; 2) si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público; 3) si existen irregularidades no subsanables; 4) si no pueden cumplir su objeto. “Nada de esto ocurre en el caso”, resaltó Bullrich.