El juez federal Sebastián Casanello concedió la exención de prisión a los 27 imputados en la causa que investiga las presuntas extorsiones por parte de dirigentes sociales a beneficiarnos de planes sociales. La resolución tuvo en cuenta el criterio de la fiscalía que solicitó una serie de restricciones: comparecencia ante el Juzgado, la prohibición de salida del país como la de acercarse a los comedores y domicilios de las cooperativas investigadas.
Con el expediente bajo secreto de sumario, el juez resolvió otorgar la exención de prisión a los dirigentes sociales investigados por extorsión, coacción y administración fraudulenta.
Inicialmente, el fiscal Gerardo Pollicita había pedido la detención de todos los imputados, pero ahora se requirió que junto con la exención de prisión se apliquen ciertas medidas de control para que no se obstruya la pesquisa que involucra 1.600 millones de pesos que recibieron las cooperativas que integran este entramado, como la firma de diversos convenios bajo análisis.
El juez admitió que los piqueteros imputados vienen obedeciendo los requerimientos judiciales, y que residen en los domicilios declarados. Por otro lado, se ponderó la falta de antecedentes penales y de otras acusaciones previas. Finalmente, señaló que en esta etapa primigenia de la pesquisa no mostraron un comportamiento reticente.
Pero Casanello impuso una serie de restricciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal: la exigencia de que los imputados se sometan al procedimiento penal y que no obstaculicen la causa, que se presenten periódicamente en el juzgado y que les sea prohibida la salida del país.
El juez Casanello también les prohibió a los 27 imputados concurrir a los domicilios en donde funcionan los comedores que integran las organizaciones sociales a las cuales pertenecen.
Las cooperativas y los comedores fueron piezas centrales en la supuesta “actividad ilícita”. En el dictamen acusador de Pollicita, se indicó que todo se realizaba “al amparo de las personas jurídicas inscriptas como Unidades de Gestión del Plan Potenciar Trabajo y recibían subsidios del Estado Nacional”.
Las cooperativas, bajo la lupa
En suma, el modus operandi desplegado -amplía el dictamen- “en cada uno de los casos permite entrever un elemento común en todas ellas que es, justamente, el haberse valido de las facultades que el Estado Nacional les otorgó a cada una de las Unidades de Gestión, utilizando las herramientas que les fueran conferidas como vehículo coactivo por parte de los acusados, quienes desplegaron prácticas ilícitas tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados a la asistencia social de los beneficiarios del plan y coaccionarlos con el objeto de forzarlos a participar en “movilizaciones” a las que convocaban”.
La trazabilidad de los fondos manejados por las organizaciones hoy cuestionadas en el marco de la causa penal es un punto clave para el juzgado de Casanello, que se encuentra profundizando las imputaciones para preparar el camino hacia un llamado a indagatoria.
Como contó Clarín, en el expediente consta que la Asociación Civil Polo Obrero tenía depósitos por 646 millones de pesos. A eso se le suman giros a nombre de una cooperativa de esa agrupación, llamada “El Resplandor”, que recibió 164 millones de pesos. Otra cooperativa del FOL, manejó 752 millones de pesos.
Otra de las cooperativas inscripta por Barrios de Pie, bajo la denominación “Asociación Civil Caminos de Tiza”, tuvo depósitos bancarios por 91 millones. Estos números corresponden al período 2023 y los meses iniciales de 2024.
La justicia busca determinar el recorrido de los fondos que provenían del Estado. Hay que recordar que en el expediente se determinó que todos los imputados lejos de cumplir con los deberes de administración que tenían sobre los fondos y alimentos que provenían de forma gratuita por parte del Estado, “utilizaron dichas facultades como vehículo coactivo para forzar a las víctimas a asistir a las “movilizaciones”, obligarlos a aportar el dinero de las “cápitas” o “cuotas” y —en un caso— hasta para repartir boletas de un candidato a Presidente en los comicios electorales del año pasado”.
Todo esto funcionaba bajo la expresa advertencia de que, “en caso de no cumplir con tales exigencias, no recibirían los alimentos que distribuía el Estado Nacional o serían dados de baja del Plan Potenciar Trabajo. Inclusive, en muchos casos se ha detectado que, además del pago de las cápitas o ‘cuotas’ mensuales, se exigía a las víctimas que entregaran nuevas sumas de dinero por cada vez que retiraban los alimentos o mercadería del comedor, e incluso en un caso que procedían a la reventa de los alimentos; todo ello a pesar de que el Estado Nacional los había distribuido gratuitamente a cada uno de los establecimientos”.
Por estas acciones coordinadas y perdurables en el tiempo, es que se los acusa a los 27 dirigentes sociales de violar los deberes a su cargo y de haber “perjudicado gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino”.