El legislador Walter Gispert se presentó por segunda vez en la Fiscalía del Primer Turno de Carlos Paz para ampliar la denuncia realizada a principios de este año contra el intendente Esteban Avilés.
En un reciente episodio de controversia política, el intendente de la ciudad y siete de sus concejales han sido acusados de violar la Carta Orgánica en lo que respecta al aumento de tasas y tarifas. La denuncia, presentada por el Legislador Walter Gispert, sostiene que las acciones tomadas por los funcionarios municipales no solo son ilegales, sino que también atentan contra los derechos de los habitantes de la ciudad.
Según informaron desde el Frente Cívico, la primera denuncia surgió cuando el oficialismo en el Concejo de Representantes cedió atribuciones al Ejecutivo para realizar aumentos de tasas “dentro de los límites de la inflación”.
Gispert entendió que según la Carta Orgánica, cualquier aumento de tasas requiere un proceso de doble lectura, con mayoría en ambas instancias, además de una audiencia pública entre ambas lecturas y un intervalo de quince días entre ellas; procesos que estuvieron ausentes.
Y aseguro que la Carta establece explícitamente que no se pueden ceder atribuciones al Departamento Ejecutivo, algo que fue ignorado al autorizar los aumentos por decreto, bajo la excusa de “adecuar las tasas según la inflación”.
“A pesar de la primera denuncia, hace un mes se presentó un segundo aumento de tasas. Esta vez, el proceso fue aún más expeditivo: se aprobó una ordenanza con una sola lectura, otorgando un aumento del 20% a la ciudadanía. Este procedimiento no incluyó ni la doble lectura ni la audiencia pública, y fue votado por mayoría simple”, sostuvieron desde la oficina del legislador.
“La ampliación de la denuncia ya ha sido presentada, y el denunciante carlospacense espera que esta situación se resuelva conforme a la legalidad. Argumenta que”de permitirse estos procedimientos, el Concejo podría subvertir hasta el sistema de gobierno municipal. Además de violar la Carta Orgánica, se estaría negando el derecho de los ciudadanos a expresarse y a ser escuchados en una audiencia pública”, sostuvo Gispert.