El tribunal oral que condenó a Lázaro Báez a 15 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como la Ruta del dinero K le decomisó y ordenó transferir a la Argentina tres millones de euros que estaban depositados en una cuenta en Bahamas y un millón de dólares que el empresario kirchnerista tenía en un banco suizo.
Además, dispuso que sean decomisadas para su remate 56 propiedades de Lázaro Báez y de su hijo Martín Báez, también condenado, que incluyen lotes, parcelas, unidades funcionales, departamentos, casas y otros inmuebles (46), más unas 10 quintas, chacras y estancias que se encuentran en Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.
El Tribunal Oral Federal 4 ejecutó este decomiso como parte de la condena por lavado de dinero de la ruta del dinero K y Lázaro Báez debe reunir en principio 55 millones de dólares, por el monto lavado, más una multa equivalente a tres veces ese monto.
El juez Néstor Costabel dispuso la medida antes de que se venza el plazo, el miércoles próximo, para que los condenados en la causa Vialidad, entre ellos Cristina Kirchner y el propio Lázaro Báez, depositen 350 millones de dólares, que es el monto total de lo decomisado por ese fraude con la obra pública.
El abogado de Báez, Juan Villanueva, presentó un escrito en el tribunal federal 2 de Vialidad en el que dice que -como la condena de su cliente fue unificada en 15 años, en ese caso y en la Ruta del Dinero K-, no debían decomisarle los bienes, sino que el tribunal federal 4 debía hacerlo.
El fiscal Diego Luciani se opuso y en un escrito firmado con su colega Sergio Mola dijeron, de manera conjunta, que deben avanzar con el decomiso, porque se unificaron las penas, pero no los decomisos.
Báez le dijo a los jueces que no tiene otros bienes porque están embargados, al igual que el contenido de sus cuentas, y que está inhabilitado para tener cuentas bancarias. Su CUIT estuvo bloqueado hasta 2021. Pero ahora puede facturar. Sin embargo, no puede abrir cuentas para hacer transferencias, porque está preso y no puede vender propiedades para pagar el dinero que le reclaman porque están embargadas.
Según anticiparon fuentes judiciales a LA NACION, el tribunal oral federal 2 va a avanzar con el proceso de ejecución de los bienes y su remate y en todo caso lo repartirán con los que ya embargó el tribunal oral federal 4.
En paralelo, un juicio comercial que lleva quiebra de Austral Construcciones ya decomisó y remató algunas propiedades de Báez para pagar a los acreedores de la firma. La quiebra tramita desde 2017 y el expediente tiene fojas por 400 cuerpos.
En esa causa el gobierno de Santa Cruz formalizó una oferta para adquirir el obrador principal de Austral Construcciones, ubicado en Río Gallegos, que se encuentra en proceso de liquidación desde el 2017 cuando se inició la quiebra de la constructora de Lázaro Báez.
La gestión del gobernador Claudio Vidal ofertó U$S 2.000.000 con la intención de reconvertir al emblemático predio de la constructora en un polo de actividades productivas. El ofrecimiento de compra se realizó ante el Juzgado Comercial 28, secretaria 55 que lleva adelante la quiebra de Austral Construcciones SA, y que a la fecha solo le resta subastar el obrador central para terminar con la venta de los inmuebles que estaban a nombre de la empresa.
Si no entregan ese dinero, la Justicia avanzará en el decomiso de los bienes de cada uno, que están embargados. Por esta razón e interesados tanto en los galpones, como en la estratégica ubicación sobre la Ruta Nacional 3, a solo seis kilómetros del centro de Río Gallegos y en el ingreso al aeropuerto, es que el gobierno santacruceño se presentó en la causa y depositó $ 256.000.000 para mostrar su voluntad de compra, que fue afectado a un plazo fijo renovable cada treinta días, según lo dispuesto por el juez subrogante Jorge Sícoli.
La oferta fue trasladada a la sindicatura, al Banco de la Nación Argentina y a los martilleros intervinientes en el proceso en tanto que la acción de parte del estado provincial la está llevando con suma discreción el directorio de la empresa estatal “Santa Cruz Puede SAU” y el fiscal de Estado Ramiro Castillo, quienes presentaron una propuesta de venta directa a favor de la sociedad comercial cuyo único accionista es el Estado provincial.
El juez Costabel del Tribunal Oral Federal 4 ahora dispuso la “remisión y/o transferencia” por decomiso de lo depositado en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, del Banco Lombard Odier de la Confederación Suiza. Allí hay U$S907.202 y las ganancias por intereses desde 2011 a la fecha.
Además, repatrió de Bahamas 2.981.646 euros de la cuenta 590201 del Banco Cbh de Bahamas, a nombre de Eastern Shoreline Limited, y de 1.009.391 de euros encuentran en la cuenta N° 590207 del banco CBH de Bahamas, de la misma firma.
Además, dispuso inscribir a nombre de la Corte 56 propiedades de Báez y su hijo Martín Báez y es avisó de todo esto al tribunal oral federal 2 de Vialidad. También ordenó la adjudicación definitiva a la Corte de $2.570.077 por la subasta del avión Rockwell Commander, Matrícula: LV – MBY y $1.757.906 de la venta del avión Learjet matrícula LV-BPL.
Las propiedades decomisadas a Báez y a su hijo son 40 de la provincia de Santa Cruz, de las cuales hay nueve en El Calafate, 26 propiedades de Río Gallegos; cinco estancias en Santa Cruz (Coronel Cuarumba, Zona Sur del Río Santa Cruz; La Irenita, Colonia Pastoril Presidente Carlos Pellegrini; Los Gurises Colonia Pastoril Presidente Carlos Pellegrini, Manantial Alto Colonia General Paz y Estancia Río Olnie.
Además se decomisó una propiedad en Chubut, en Lago Puelo y cuatro de la provincia de Buenos Aires. Al hijo de Báez le decomisaron 11 propiedades, tres de la Provincia de Buenos Aires, siete en Santa Cruz y una en Chubut.
El monto que los condenados por Vialidad deben depositar el miércoles es de 684.990 millones de pesos, que es el perjuicio que -según la sentencia- provocaron con el delito de fraude con licitaciones de obras públicas para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
El juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, y su colega Rodrigo Giménez Uriburu, notificaron a todos los condenados para que, solidariamente, reúnan esa cifra. Si no cumplen el miércoles 13 con el depósito a cuenta y orden del tribunal, la Justicia comenzará a decomisar y rematar los bienes que están embargados.
Ahora se descuenta que la defensa de Cristina Kirchner realizará una presentación para oponerse a esa medida. Aún no lo ha hecho dijeron fuentes del tribunal y cercanas a la expresidenta.
En rigor, el plazo final son la dos primeras horas de atención del 13 de agosto, entre las 7.30 y las 9.30. El tribunal dispuso tomar la actualización de los bienes realizada por los peritos oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema y descartó la cuenta del perito de Cristina Kirchner, que según su cómputos, reducía el monto del perjuicio a $42.000 millones.
Los jueces dispusieron que se cobre el dinero “de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. Ese decomiso se dispondrá “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes” ya embargados.
En caso de incumplimiento, la ejecución de los bienes sería un proceso largo y complejo que incluye disponer de las sumas en efectivo y luego enviar a remate las propiedades. Pero que no estará exento de dificultades ya que Lázaro Báez, el más acaudalado, también están siendo ejecutados el tribunal federal 4, en la causa de la Ruta del dinero K.
Los bienes que la Justicia podría decomisar de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados por la causa Vialidad incluyen millones de dólares en efectivo, centenares de propiedades, sociedades, estancias, chacras y departamentos. En esa nómina figuran 213 propiedades en total, 14 vehículos y seis sociedades. Además están los bienes de José López, Nelson Perotti y Mauricio Collareda, entre otros condenados.