La lista de intervenciones de Estados Unidos en América Latina es extensa. Tal vez por esto, la escalada del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela evoca ecos del pasado, particularmente la invasión de Washington a Panamá en 1989 que derrocó al general Manuel Noriega. Para el geopolítico Joseph Nye, el poder es la habilidad para influenciar el comportamiento de otros y obtener los resultados que se desean. Nye fue el inventor de la categoría Soft Power, usada en relaciones internacionales para describir la capacidad de un actor político para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, con el complemento de medios diplomáticos. Esta modalidad se diferencia de otras más coercitivas comprendidas en la categoría Hard Power, como el accionar militar. Estados Unidos parece haber adherido a esta última estrategia. Con un despliegue naval impactante en el mar Caribe, impulsado por acusaciones de narcotráfico contra Nicolás Maduro, puso en vilo a la región. Pero si bien las similitudes en la narrativa antidrogas son evidentes, las diferencias en escala, contexto político y riesgos militares no aseguran un desenlace similar al de Noriega.
Según informó la agencia Reuters, el despliegue militar incluye tres destructores y tres buques anfibios con capacidad para 4.500 efectivos, incluyendo 2.200 marines. Estos buques podrían posicionarse frente a las costas venezolanas para combatir al “narcoterrorismo”, alineado con la designación del Cartel de los Soles –supuestamente liderado por Maduro– como organización terrorista global. La Casa Blanca ha elevado la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, enfatizando el uso de “todos los instrumentos del poder estadounidense” para frenar el flujo de drogas.
Esta operación recuerda la “Operación Causa Justa” de 1989, cuando George H.W. Bush invadió Panamá para capturar a Noriega, acusado de convertir su país en un narcoestado al servicio de carteles colombianos. Noriega, exaliado de la CIA, enfrentó cargos similares: narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Tras la invasión, que causó cientos de muertes panameñas y 23 estadounidenses, Noriega se rindió. Fue sentenciado en Miami a 40 años de prisión, pero recibió una reducción de su condena. Luego fue extraditado a Francia en 2010 para enfrentar cargos por lavado de dinero, y posteriormente a Panamá en 2011, donde cumplió condena por delitos cometidos durante su régimen. Falleció en 2017.
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Las analogías son claras: ambos líderes han sido tildados de “narcodictadores” por Washington. Noriega fue acusado de facilitar el tránsito de cocaína; Maduro, de liderar el Cartel de los Soles, una organización narcotraficante, que de acuerdo con la acusación llevaría más de 20 años “facilitando la importación de cocaína hacia Estados Unidos”. Los defensores del régimen de Maduro expresan que la acusación es una excusa y que se trata de un recurso mediático que resurge en momentos de crisis política, como en 2020 durante el fracaso de Juan Guaidó. Expertos como Richard Gregorie, exfiscal en el caso Noriega, señalan que la acusación contra Maduro es un “refrito podrido” similar, pero con motivaciones adicionales: el petróleo venezolano y sus lazos con Irán, más allá de las drogas.
Sin embargo, las diferencias de los casos son notorias. Panamá era un país pequeño, con un ejército de 16.000 hombres (bajo control total de Noriega) que fue derrotado por 27.000 soldados estadounidenses. Venezuela, un país con vastas reservas de petróleo, gigante comparado con Panamá, posee un ejército de 150.000 efectivos activos y 4,5 millones de milicianos movilizados por Maduro. Jon May, defensor de Noriega, advierte que invadir Venezuela sería “suicida”, porque cuenta con un ejército altamente motivado que ofrecería resistencia atroz, potencialmente convirtiendo el país en una nueva Siria.
Geopolíticamente, el contexto difiere. Panamá era un enclave estratégico por el Canal, pero sin aliados globales potentes. Venezuela cuenta con apoyo de Rusia, China e Irán, y forma parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), cuyos miembros rechazaron unánimemente el despliegue estadounidense en una cumbre virtual. A diferencia de 1989, cuando la invasión fue condenada por la ONU y la OEA, pero ejecutada sin mayor oposición regional, hoy hay reacciones divididas. Colombia y Brasil expresan “preocupación”: Petro rechazó una intervención que arrastraría a su país al caos, mientras Celso Amorim — excanciller, exministro de defensa de Brasil y actual asesor de Lula— enfatizó la no intervención como pilar brasileño. México y el Foro de San Pablo se suman a las críticas, valorando la “unidad latinoamericana” contra injerencias externas.
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Por contraste, vecinos como Guyana y Trinidad y Tobago respaldan a Estados Unidos, principalmente por el conflicto por el Esequibo —un territorio de aproximadamente 160 mil kilómetros cuadrados que ha sido objeto de una compleja disputa entre Guyana y Venezuela desde hace más de un siglo—. Guyana ve el despliegue castrense de Washington como protección ante amenazas del régimen de Maduro, tras el referéndum de 2023 que reivindicó el territorio. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar señaló que les permitirá a las fuerzas estadounidenses operar desde suelo trinitense si el régimen de Venezuela “ataca o invade territorio guyanés”. Esto refleja un Caribe fracturado. Colectivos como Mundo Sur, con firmas de exfuncionarios argentinos, rechazan el despliegue estadounidense como violación del derecho internacional.
A diferencia de Bush, Trump evita guerras prolongadas. Prefiere imponer sanciones y catalogar de “terroristas” a carteles como Sinaloa y Tren de Aragua. En este contexto, la sombra de Noriega sobrevuela el caribe, pero Venezuela no es Panamá. Una invasión arriesgaría un conflicto regional con costos humanos y políticos incalculables (muertes, migraciones, crisis sanitarias), en una región azotada por el crimen organizado. La pregunta es si Estados Unidos está realmente decidido a concretar un cambio de régimen en Venezuela o si está dispuesto a regresar a casa con las manos vacías, con los costos que esto implicaría en términos de poder global.
*Experto en Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Defensa; profesor en la Universidad Siglo 21 y en la Universidad de Belgrano.