15 enero, 2026

Génova culmina sin fisuras entre barones su estrategia de oposición a la financiación por el ‘pecado original’ del pacto con ERC

Después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles en Madrid, con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros homólogos de las comunidades de régimen común, la inmensa mayoría gobernadas por el Partido Popular (PP), los de Alberto Núñez Feijóo vieron culminado un camino. El que iniciaron hace dos años, tras la llegada a la presidencia de la Generalitat del socialista Salvador Illa, merced a un acuerdo con ERC que contemplaba un sistema de concierto o cupo para Cataluña similar al del País Vasco o Navarra, concediéndole a esta comunidad la recaudación del 100% de todos los impuestos, incluido el IRPF.

Todo un ‘pecado original’ para los populares, aun cuando, como no se olvidó de enfatizar tras la reunión con los consejeros autonómicos la propia Montero, nada ni remotamente parecido aparece en la propuesta que rechazaron al unísono todas las autonomías populares.

Poco después de la extensa rueda de prensa ofrecida por la ‘número dos’ de Pedro Sánchez y líder del PSOE andaluz, llena de críticas al PP y lamentos por la actitud de sus representantes, Génova volvió a explicar en una comunicación a la prensa su rotunda oposición a un plan que, considera el primer partido de la oposición, “golpea los principios de igualdad y solidaridad” en España. Pero además, y significativamente, el PP recordó que ya en septiembre de 2024, todos sus gobiernos autonómicos, que representan a más del 70% de los ciudadanos, enviaron una propuesta a Hacienda. Aunque según lamentan: “El Gobierno, en vez de debatir sobre este planteamiento mayoritario, ha preferido acordar el nuevo sistema con Esquerra Republicana”.

La propuesta de entonces fue presentada por comunidades muy distintas por sus características y muy lejanas en el mapa, como Andalucía, la región más poblada de nuestro país, y Galicia, en el otro extremo de la Península y una de las que tiene menos población y más envejecida, igual que Castilla y León, sin olvidar otras dos comunidades muy pobladas y con gran peso en el Producto Interior Bruto (PIB) español, como la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Una heterogeneidad que los populares reivindican para que se hubieran aceptado sus planteamientos.

Tentados con la quita de deuda

Desde entonces, los ofrecimientos y las tentativas del Ejecutivo central para intentar crear una fisura entre esos presidentes del PP se han repetido sin éxito, singularmente en las dos últimas conferencias de presidentes, la que tuvo lugar a finales de 2024 en Santander y la del año pasado en Barcelona. Este año se celebrarán otras dos, la primera de ellas en Asturias, que estaba prevista para final de año pero se aplazó por las elecciones de diciembre en Extremadura. Sánchez les tentó en ambas ocasiones con el caramelo de la quita de la deuda autonómica, por un importe cercano a los 90.000 millones de euros. Desde ese otoño muchos fueron los que pensaron que los conocidos como barones no aguantarían y terminarían aceptándola, o que al menos así ocurriría con alguno o varios de ellos.

Pero el Gobierno siempre pinchó en hueso, aunque en honor a la verdad también algunos líderes autonómicos socialistas, como el casi siempre díscolo presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rechazaron esa quita, con argumentos casi idénticos a los de los populares, entre ellos el de que, a juicio de estos gobernantes autonómicos, no existiría tal quita, sino que simplemente la deuda autonómica cambiaría de manos: de las autonomías a la administración central.

Feijóo, no en vano ex presidente autonómico, fue elegido como líder del PP hace cuatro años tras la enorme crisis interna que precipitó la caída de Pablo Casado cuando, como presidente entonces de la Xunta de Galicia, era el decano de los barones populares, condición que ahora ostenta el murciano Fernando López-Miras. Una circunstancia que le ha otorgado una ‘auctoritas’ especial sobre los barones, de la que desde luego careció siempre su antecesor. Haber llegado hasta la reunión del CPFF con una posición conjunta, inequívoca y sin atisbo de disidencia alguna, labrada y negociada por su dirección con los once presidentes autonómicos de la formación, es uno de los éxitos que más le enorgullece. Y que puede blandir como líder de la derecha en su ya largo camino hacia la Moncloa.

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