Las imágenes, cuya procedencia aún no se conocen con certeza pero cuya autenticidad confirmó el gobernador, muestran al mandatario provincial en un destino turístico de lujo en pleno auge de los reclamos por inundaciones en el interior de Tucumán: en localidades como Lules, vecinos han tenido que soportar rutas completamente destruidas y calles anegadas, desborde de ríos y evacuaciones tras intensas lluvias de este verano. Las inundaciones no son fenómenos aislados: barrios enteros sufren la falta de infraestructura apta para drenar el agua, y las publicaciones de vecinos en redes muestran escenas de calles y casas bajo el agua.
Aruba para la casta, barro para el pueblo tucumano
La historia que viven los tucumanos dista mucho del paisaje pacífico de Aruba, isla de lujo en pleno Mar Caribe. Familias de sectores vulnerables piden que el Presupuesto provincial destine recursos concretos a obras de infraestructura hidráulica en vez de “planes grandilocuentes” y promesas de campaña.
Hasta figuras del propio peronismo y dirigentes comunales (incluida la intendenta de Lules) denunciaron la falta de inversión estructural ante crecidas históricas del río que derribaron rutas y dejaron familias en emergencia. Esto no es “diálogo institucional”: es una casta política obligada a reaccionar por el repudio social, no por convicción política.
De hecho, este año el gobierno provincial difundió que se volcaron 4.500 millones de pesos en proyectos vinculados a la mitigación de inundaciones distribuidos entre municipios y comunas.
Pero quienes sufren el agua en sus calles señalan que ese dinero no se traduce en soluciones definitivas para evitar que el agua vuelva a entrar en sus hogares.
Promesas versus realidad de obras públicas
La Casa de Gobierno publicó avances y acuerdos para ejecutar proyectos hídricos y obras pluviales en San Miguel de Tucumán y otras zonas. Reuniones entre el propio gobernador Jaldo y la intendenta Rossana Chahla (en ocasiones destacadas como “productivas” por la prensa oficialista) consignaron, por ejemplo, la licitación de obras por cerca de 2.000 millones de pesos financiados entre municipio y provincia para mejorar drenajes y evitar anegamientos.
Pero para muchos ciudadanos, esas cifras quedan lejos de aliviar la bronca popular. Los reclamos apuntan no solo a la demora en ejecutar obras, sino a la falta de planificación estratégica real para las cuencas, canales y sistemas pluviales que el clima (cada vez más abrupto) exige desde hace años.
Un gobernador en el Caribe y una provincia en emergencia
Que el gobernador se tome vacaciones en el exterior cuando Tucumán está bajo alerta y con comunidades enteras afectadas tiene un impacto político profundo.
No estamos ante una foto buscada ni una puesta en escena. Justamente por eso es más reveladora. Estas imágenes muestran a un gobernador cómodo, relajado y ajeno, moviéndose con absoluta naturalidad en un paraíso turístico mientras en Tucumán miles de familias enfrentan emergencias que se repiten año tras año. No es un descuido fotográfico: es la prueba de una élite política que vive separada del pueblo, que ha convertido el privilegio en rutina y el abandono en norma. Esta casta no gobierna para la gente: gobierna de espaldas a ella.
Contexto social: inflación, servicios y reforma laboral
La situación económica no ayuda. En plena temporada estival, los tucumanos enfrentan aumentos en servicios básicos (como el reciente dictaminado ajuste del 13,4% en la tarifa de luz en el mes de febrero, que golpea duro a hogares de bajos ingresos) mientras el gobierno describe una realidad distinta. Esa desconexión se profundiza ante anuncios de cambios legislativos importantes: con la llegada de la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que muchos sindicatos y organizaciones de trabajadores han calificado de regresiva y atentatoria contra derechos laborales históricos, gran parte del arco político tucumano (incluidos senadores provinciales del PJ) se presume que darán respaldo parlamentario a medidas que precarizan condiciones de trabajo y limitan protestas sociales.
Para una provincia que ya arrastra brechas sociales y económicas, estas decisiones abonadas por la dirigencia del peronismo local se sienten como una traición más a los intereses del pueblo trabajador.
Que la crisis la paguen los responsables, no el pueblo
Las fotos de Aruba no son un flash momentáneo: son el reflejo de una crisis de confianza. Cuando quienes tienen responsabilidad de planificar, ejecutar y priorizar recursos deciden que las playas valen más que los canales, los propios ciudadanos lo sienten en sus casas inundadas, en sus calles anegadas y en sus bolsillos cada vez más flacos.
Las fotos son una radiografía obscena de una casta política que vive del Estado mientras administra la miseria ajena. Mientras el pueblo trabajador enfrenta inundaciones, tarifazos, salarios pulverizados y precarización, los gobernantes se mueven con total impunidad por circuitos de privilegio que nada tienen que ver con la vida real en Tucumán. No es un desliz: es un régimen político al servicio de los poderosos, sostenido por los mismos de siempre.
Frente a este escenario, no alcanza con la indignación ni con el repudio moral. Desde el PTS en el Frente de Izquierda Unidad llamamos a organizar una respuesta de clase, independiente de todos los partidos de la casta.
Cuando en el Senado se trate la Reforma Laboral impulsada por Milei (una ofensiva directa contra la clase trabajadora que busca disciplinar y garantizar mayores ganancias empresariales) será clave ganar las calles y enfrentar políticamente a quienes preparan una nueva entrega de derechos históricos.
Los senadores tucumanos no pueden votar en silencio ni esconderse detrás de excusas: cada voto a favor de esa reforma será un voto contra el pueblo trabajador de la provincia. Frente a un poder político que se va de vacaciones mientras ajusta, la única salida real es la movilización, la organización desde abajo y la lucha consciente contra este sistema de explotación.
Que no decidan por nosotros desde playas exclusivas ni despachos cerrados. La respuesta tiene que venir de quienes producen la riqueza y hoy pagan la crisis. Organización, lucha y una alternativa política propia de la clase trabajadora: ese es el camino.