La economía doméstica de los venezolanos sigue flotando en el mar de la inestabilidad a pesar de que el precio del dólar en el mercado se ha estabilizado a una distancia importante de la cotización oficial. El pollo, los huevos y otros productos en los supermercados están mucho más caros. Solo la carne se puede comprar más barata como una excepción a la regla de la incertidumbre. La única señal de claridad mínima, aunque contundente la acaba de ofrecer la Asamblea Nacional (AN). El proyecto de ley de hidrocarburos acaba de pasar su primera prueba en la legislatura y, para un país eminentemente petrolero, se trata de un instrumento completamente adecuado a la realidad surgida de la operación militar norteamericana del 3 de enero que derivó en la captura y traslado a EEUU de Nicolás Maduro. El oficialismo niega que el texto bendecido por la “presidenta encargada”, Delcy Rodríguez, haya sido escrito para saciar las apetencias de Donald Trump de administrar el negocio del crudo venezolano. No obstante, incorpora varios elementos que sugieren un giro más que sugerente de la industria. “Podría cambiar las reglas del juego en el sector petrolero venezolano al otorgar mayores facultades a las empresas nacionales o extranjeras, así como a los socios minoritarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para las operaciones en el país, incluyendo la comercialización directa de la producción”, señala el portal El Pitazo.
La ley de hidrocarburos vigente reserva las actividades petroleras a empresas públicas o mixtas, donde el Estado tenga una participación mayoritaria. Un nuevo artículo permitirá, sin embargo, al accionista minoritario comercializar directamente la totalidad de la producción de esa compañía, además de ejercer su gestión técnica y operativa. Las empresas del Estado o sus filiales podrán en adelante arrendar activos y materiales o ceder el uso del área operacional, así como suscribir contratos con firmas privadas para la ejecución de actividades primarias “a su exclusivo costo, cuenta y riesgo”.
Nuevos beneficios
El artículo sobre los beneficios para el Estado derivados de la extracción de hidrocarburos incorpora un elemento novedoso al reducirlos a 15%, la mitad de la cifra existente. Y, algo que los analistas no han pasado por alto, se admitirán mecanismos alternativos de resolución de controversias y cuestiones sobre la deuda, incluyendo mediación y arbitrajes independientes.
El giro discursivo del partido de Gobierno es elocuente. El diputado y presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho destacó que la reforma adopta “modelos exitosos de negocios” ya probados en el acuerdo con Chevron, aumenta las garantías jurídicas para la inversión en el sector de hidrocarburos, y contempla Contratos de Participación Productiva (CPP) “en los que la empresa operadora asume la gestión integral bajo su propio riesgo”. Los cambios se imponen no por las acciones del 3 de enero, sino que se requiere la necesidad de un nuevo “equilibrio” y “se necesitan grandes inversiones”. Lo mismo que había manifestado Trump al invitar a las multinacionales a sumarse a lo que presenta como su propio proyecto.
La rebaja del dinero que recibirá el Estado permitirá “atraer” capitales extranjeros. Se trata, según Camacho, de una adecuación al escenario energético internacional a partir de “marcos normativos ágiles”. Y para no romper con el legado de Hugo Chávez, dijo que si bien las nacionalizaciones de 2002 fueron exitosas, el instrumento legal que presenta el Gobierno se adecua a “los nuevos tiempos” y la “paz productiva”.
Una nueva realidad
Jorge Rodríguez, la principal autoridad parlamentaria, subrayó la importancia de adaptar el marco legal a las “realidades económicas actuales” y permitir que Venezuela mantenga su ritmo de crecimiento de los últimos trimestres gracias el papel desempeñado por Chevron, mientras tuvo el aval del antecesor de Trump, Joe Biden. El hermano mayor de la “presidenta encargada”, instó a las bancadas opositoras a comprometerse con las discusiones pendientes para la aprobación. Pablo Pérez, uno de los opositores que ocupa un curul en la AN, remarcó que, después de la Carta Magna, la ley de hidrocarburos es una ley fundamental para el país cuyas exportación son petroleras en casi un 95%. “Que ingrese capital privado no representa pérdida de la soberanía; la excesiva estatización no nos trajo resultados positivos”.
Primera entrada de dinero
La sesión en la AN tuvo lugar pocas horas después de que la sucesora provisional de Maduro informara sobre el ingreso de 300 millones de dólares en el marco del acuerdo de venta de crudo con Washington por 500 millones de la moneda norteamericana. Ese dinero, dijo la “presidenta encargada”, se destinará a cubrir y financiar el ingreso de los trabajadores, vapuleado por la inflación. El Gobierno, dijo, “está para garantizar la felicidad de nuestro pueblo, y nosotros para cuidar nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra independencia”. Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, las nuevas autoridades venezolanas han cumplido “todas las exigencias y solicitudes” de Washington. EEUU decidió “gestionar” esos ingresos antes de transferirlos a Caracas. El secretario de Energía, Chris Wright, dijo a su vez que la Casa Blanca controlará la venta del crudo venezolano por un tiempo “indefinido”. La reforma de la ley de hidrocarburos no parece ser ajena a esta coyuntura.
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