El 23 de octubre de 2023, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, firmó, a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una de las dos unidades de policía judicial que aportaban auxilio a la investigación sobre el caso Montoro, el mandamiento para solicitar a las entidades financieras información sobre las cuentas de los principales investigados, tanto personas físicas como sociedades.
En esa petición, que buscaba comprobar la trazabilidad del dinero pagado por el sector del gas para conseguir dos reformas fiscales, había al menos un agujero importante: no se solicitaba a las entidades financieras las cuentas bancarias del fundador del despacho Equipo Económico y ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Dos años y medio después, un periodo en el que se elaboraron dos informes sobre esas cuentas, EL PERIÓDICO puede informar, en base a información solvente, de que nunca se solicitó al juez Rubén Rus que incluyera la solicitud a las entidades financieras para que enviaran a los organismos de policía judicial las cuentas de Montoro.
El nombre de Montoro, también puede confirmar este periódico, no fue objeto de consideración a la hora de pedir la información para realizar tanto el informe de UCO -entregado con fecha de 19 de febrero de 2025- como el de la AEAT Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción -de fecha 23 de enero de 2026-, esto es, la omisión no fue el resultado, por ejemplo, de posibles discrepancias dentro de la Fiscalía. Simplemente, no se pidió al juez Rus que, a la hora de tramitar los mandamientos judiciales, incluyese las cuentas bancarias de Montoro. Por tanto, las cuentas del principal imputado en el caso, es decir el exministro de Hacienda Montoro, no se solicitaron.
En su auto del 19 de junio de 2025, el juez Rus escribe:
“Cristóbal Montoro ocupó el cargo de ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas de referencia [reformas legislativas para rebajar el impuesto especial de la electricidad en 2014 y reducción del impuesto de actividades económicas en 2018], ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación. Presuntamente, hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho Equipo Económico (EE). El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas [es decir, trasciende el sector gasístico] que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público. Se ha constatado que el investigado [Montoro] ha nombrado entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de ley y proyecto de reglamentos se redactasen “a demanda” de las [sociedades] mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello”.
El informe elaborado por la UCO a partir de recibir el material, octubre de 2023 aproximadamente, tarda un año y cuatro meses, hasta su entrega, según señalamos, el 19 de febrero de 2025. Ya el 20 de abril de 2024, según los escritos que constan en el sumario del caso Montoro, la fiscal Carmen García Cerdá, dirige un escrito al juez Rus en el que solicita, entre otras diligencias “que la Guardia Civil informase sobre el estado de tramitación del informe sobre cuentas bancarias y flujos monetarios, dado el tiempo transcurrido desde que se libraron los mandamientos judiciales a las entidades bancarias”.
El comandante de la Guardia Civil, señala el escrito, con fecha 4 de junio de 2024, “a través de correo electrónico, ha informado a esta Fiscalía de que, de los 339 productos bancarios solicitados solamente les faltan 18 por recibir. También comunica que no han iniciado, pese a contar ya con 321 cuentas de distintas personas físicas y jurídicas investigadas en la causa, el estudio de trazabilidad de las mismas”.
La fiscala Carmen García Cerdá solicita el 7 de junio de 2024 al juez que intervenga. “En base a lo comunicado por el comandante de la Guardia Civil y considerando que han transcurrido casi seis meses desde que se hicieron las peticiones de productos bancarios y, valorando, además, que son distintas las personas físicas y jurídicas investigadas respecto de las que se han solicitado información bancaria INTERESAMOS que se requiera a dicho Grupo Policial [UCO adscrita a Fiscalía] para que emplacen con urgencia el estudio de trazabilidad y presenten en el menor tiempo posible, un informe de avance que permita progresar en la investigación de los hechos objeto de la causa, para su esclarecimiento y determinación de los responsables. Interesamos también que se requiera a Guardia Civil para que aporten el original de toda la información bancaria que están recibiendo al Juzgado CON URGENCIA, debiendo quedarse una copia de esta para realizar su informe. Interesamos que, recibida la documentación bancaria en el Juzgado se nos dé traslado de una copia de esta para su estudio y análisis”.
Hacia el 19 de septiembre de 2024, la fiscala García Cerdá comienza a solicitar que se levante el secreto de la causa investigada, dispuesto hacía seis años por el juez Rus el 2 de agosto de 2018, en acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
Entre las peticiones de su escrito vuelve a destacar que es necesario que se traslade a la Fiscalía Anticorrupción las informaciones de las entidades bancarias. Y reitera el interés por el informe de la UCO. “Interesamos se solicite a la Guardia Civil que comuniquen el estado de tramitación del informe sobre productos bancarios y se dé traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Ello dado el tiempo transcurrido de su autorización y la ausencia de constancia de la presentación de algún escrito de dación de cuentas sobre aquel extremo”.
El juez Rus consulta con la Guardia Civil. El 4 de octubre de 2024, el juez dicta un auto: “Asumiendo los argumentos que expone el Ministerio Fiscal, nos encontramos en un momento en el que queda por recibir el informe de la Guardia Civil, cuya presentación en el Juzgado parece que va a ser inminente. Teniendo en cuenta el tiempo que lleva secreta la instrucción de la causa, parece prudente esperar a la presentación del que pudiera ser el último atestado, y proceder al levantamiento, si procede, una vez analizado dicho atestado, por lo que el levantamiento del secreto, si bien no se acordará en este momento, se acordará en fecha próxima”.
El 19 de febrero de 2025, finalmente, la UCO presenta el tan esperado informe para el cual se solicitó en octubre de 2023 la información de las cuentas bancarias. Según los agentes de la Guardia Civil “La trazabilidad realizada no muestra una operativa diferenciada o destacable en relación con los fondos ingresados por las sociedades gasistas en comparación con otros abonos efectuados por distintas empresas. Gran parte de estas entradas tienen como destinos los socios de EE/GA [Equipo Económico, nombra cambiado más tarde a Afteli] a través de transferencias directas”, señala.
El 22 de abril de 2025, la fiscala García Cerdá pide al juez “que se interese de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la AEAT que, previo traslado del informe de la Guardia Civil 25/2025 de 19 de febrero de 2025, y sus anexos, analicen las cuentas bancarias incorporadas al mismo a los efectos de que concluyan los informes de avance que se han incorporado a la causa, de 19 de mayo de 2020 y 5 de octubre de 2020”. El juez Rus, en efecto, dicta un auto el 12 de junio de 2025 en el que pide a la AEAT en Fiscalía Anticorrupción, un informe sobre las cuentas bancarias que permanecían en poder de la UCO. Resultado: el informe del 23 de enero de 2026.
“Si en ese momento -entre octubre de 2023 y enero de 2025- hubiese habido un equipo conjunto de investigación en tiempo real con la AEAT y el correspondiente acceso a sus bases de datos -declaración del IRPF de socios y partícipes beneficiados del despacho EE- fácil hubiera sido desbrozar eventuales escenarios de defraudación fiscal, tipos agravados de delito contra la Hacienda pública y plazos de prescripción” señala una fuente conocedora de los hechos.
Con todo, es a esta hora que resulta injustificable el agujero negro con el que empezamos esta información: la ausencia de las cuentas bancarias del principal imputado. Un tal Cristóbal Montoro.
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