Según Elisa Carrió y su equipo de diputados de la Coalición Cívica, el juez federal Ariel Lijo no tiene que esperar la respuesta de los exhortos que mandó a España y Estados Unidos para llamar a declaración indagatoria a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof por el “vaciamiento” de YPF porque “ya tiene las pruebas”.
El magistrado mandó dos pedidos de cooperación judicial, tal como ayer adelantó Clarín. Uno a España para saber si el Grupo Eskenazi se quedó con algún derecho litigioso en la quiebra de sus subsidiarias que poseían el 25 por ciento de las acciones de YPF-Repsol, hasta el 2012 cuando fue re estatizada por Cristina como presidenta y Kicillof como viceministro de Economía.
Y otro a la jueza de Nueva York Loretta Preska para que le remita “el fallo del 29 de julio de 2023, contra la República Argentina, en el marco de la causa: Petersen Energía Inversora, S.A.U. vs. República Argentina” que dio la razón en el juicio al fondo Burford En este fallo se fundó la indemnización de 16 mil millones de dólares.
Paula Oliveto, la diputada y encargada del equipo legal que impulsa la denuncia que tiene Lijo desde el 2015 pero que había sido formulada por primera vez en el 2006, explicó a Clarín que el fallo de Preska “va en línea con lo que nosotros presentamos a Lijo sobre la responsabilidad jurídica de Kicillof primero como interventor y luego viceministro de Economía y la de Cristina”.
“El fallo de Preska hace una distinción muy grande sobre la responsabilidad del estado argentino, a través de sus máximas autoridades, que debían haber tenido la misma actitud que tuvieron con Repsol respecto de los accionistas minoritarios como el Grupo Eskenazi”, sostuvo Oliveto. Y esas autoridades “tienen que rendir cuentas ante la justicia argentina porque le provocaron un enorme daño al Estado argentino”.
La causa de Lijo tiene varias «capas geológicas» porque siguió las jugadas de los Kirchner por el control de la petrolera estatal.
Kicillof había dicho, en el 2012, primero que no se debía pagar un peso a Repsol-YPF y luego pagó más de 5 mil millones de dólares en base a una resolución del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Carrió denunció a miembros de ese tribunal “por fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».
Mientras Cristina en el Congreso hablaba de «soberanía energética» y muchos diputados se enrollaban con la bandera argentina para pasar de un decreto de intervención a una ley de expropiación. Esta ley no fue votada por Carrió y sus diputados y tampoco por Patricia Bullrich y otros miembros del PRO como señal de protesta por estas irregularidades.
Por ejemplo, llamó la atención que el acta de directorio de YPF-Repsol pedía por la compañía una cifra que luego terminó siendo “prácticamente la misma” que avaló el Tribunal de Tasaciones de la Nación, recordó Oliveto.
Por el apuro y los intereses de los Kirchner en juego, “el Tribunal de Tasaciones de la Nación terminó emitiendo un informe sobre la valuación de la compañía que, simplemente, se limitó a decir que el acuerdo le parece justo y razonable”. Para Carrió ese es uno de los primeros delitos por los que deben responder Cristina y Kicillof.
Por otra parte, “solo con las pruebas de la causa y con los fundamentos de Preska, el juez y el fiscal Ramiro Gonzalez tienen que llamar a indagatorias a ambos sin esperar la respuesta a los exhortos”. “El expediente de la Justicia de España se lo acompañé yo, al igual que las actas del directorio de YPF-Repsol”, agregó.
La diferencia puede ser que la jueza Preska tenga algún informe de la Securities and Exchange Commission (SEC) que equivale a la Comisión Nacional de Valores de la Argentina .
En cambio, en fuentes judiciales consultadas por Clarín se afirmó que “si Lijo llama a ahora a indagatoria a Cristina, Kicillof y otros imputados después los va a tener que sobreseer. Primero tiene que recibir los exhortos certificados oficialmente por España y Estados Unidos y después decidir”.
Hay un tercer y misterioso punto clave. En fuentes del grupo Eskenazi se afirmó que la venta de los derechos litigiosos de sus sucursales en España al fondo Burford fue decidida por la justicia española y que su conglomerado no se quedó con parte de ellos.
Sin embargo, el ex Procurador General de la Nación de Mauricio Macri y actual asesor de Bullrich, Bernardo Saravia Frías afirmó que “hay un contrato que está presentado en la causa en Nueva York que dice lo contrario”. “El contrato de venta de los créditos litigiosos que hace la sociedad española Petersen a Burford para que luego realice el juicio, establece que el 30% del resultado del juicio si fuese positivo, corresponde a esta sociedad”, aseguró Saravia quien representó a la Argentina hasta el 2015 ante la jueza Preska..
Saravia afirmó que ese acuerdo “está en el Contrato de Prosecución de Reclamaciones” de marzo de 2015.
El fondo Burford compró esos derechos litigiosos en 15 millones de euros y ahora cobrará unos 16 mil millones de dólares. “Debe ser una de las inversiones más rentables del siglo XXI”, afirmó para apuntar a la responsabilidad de los ex funcionarios argentinos.
Burford Capital es un fondo que re compró los derechos de litigio de la expropiación de YPF a otros acreedores, entre ellos el Grupo Petersen.
Fundado en 2009 por el exvicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra el país.
En julio pasado, la República Argentina solicitó a la justicia de Estados Unidos, a través del estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, que el reconocimiento de daños en el juicio iniciado por dos fondos buitre por la expropiación de YPF no sea mayor a US$ 4.920 millones de dólares pero la jueza llevó la cifra a 16 mil millones.
En cambio en fuentes empresarias, se aseguró que la decisión del gobierno de Cristina Kirchner “de no comprar esos derechos litigiosos vino del sector del entonces presidente de YPF Miguel Galuccio”. Luego entró en el juego el fondo Burford.
Fuentes allegadas a Galuccio precisaron a Clarín que «Miguel llegó a YPF y fue nombrado presidente por asamblea el 4 de julio. Mucho tiempo después que la expropiación. Con lo cual no estuvo en ese proceso» impulsado por Cristina y Kicillof.
Oliveto dijo que “puede ser cierto que los Eskenazi no tengan ningún derecho litigioso. Pero sus empresas en España, luego de que se terminara el acuerdo entre Kirchner y Brufau, no pudieron soportar más el pago de las créditos y fueron a la quiebra”. Sin embargo, “el juez Lijo con sus demoradas está bicicleteando aún más la causa y ahora no sabe cómo salir de este berenjenal”.
Para Oliveto, la responsabilidad no recae solo sobre Cristina y Kicillof. “En este proceso de encubrimiento de los intereses de los Kirchner, hubo funcionarios de la Sindicatura General de la Nación, por ejemplo, que no advirtieron nada y el secretario de Planificación Federal, Roberto Baratta, que como representante del estado, firmó todos los balances de Repsol-YPF cuando mandaban el 90 por ciento de sus intereses al exterior”.
Saravia abundó sobre el argumento de Oliveto. “La jueza Preska cuando trata el tema de la equidad cita textualmente los dichos del entonces viceministro de Economía Kicillof cuando fue al Congreso y decía que no vamos a ser estúpidos para cumplir con los estatutos de YPF”, agregó Saravia. También que Kicillof primero fue interventor de YPF por decreto y meses después se promulgó una ley de reestatización.
En realidad, la primera denuncia penal de Carrió se formuló en el año 2006 para que se investigue la presunta constitución del delito de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal, fraude a la administración y el incumplimiento a los deberes de funcionario público por las exportaciones de combustibles de YPF-Repsol En el 2008, se amplió cuando el grupo Eskenazi compró el 25 por ciento de las acciones de la petrolera con el apoyo de Kirchner. Y el mes pasado hizo una última ampliación.
Oliveto concluyó que “a los que hoy escriben indignados por YPF y nunca fueron a la Justicia o no leyeron las pruebas, les digo que no fue negligencia, impericia o mala praxis, se actuó con dolo y fue corrupción”.
Y por esas paradojas de la historia, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, recibió en el 2015 el premio Empresario Líder de 2014, entregado por la Cámara de Comercio de España.