La Cámara Nacional Electoral le pidió al Congreso que modifique la normativa de financiamiento de los partidos políticos, para que se baje el gasto público en la impresión de boletas de votación, que en las PASO insumió más de 10.000 millones de pesos.
En un fallo, al que accedió Clarín, la Cámara Nacional Electoral (CNE) reclamó que se revise el mecanismo de asignación de fondos públicos para la impresión de las boletas de precandidatos que participan en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Es que la normativa vigente establece que el Gobierno debe financiar la impresión de las boletas, «sin ponderación alguna sobre su representatividad, como sí ocurre con otras pautas de distribución de fondos públicos, en las que se tiene en cuenta la cantidad de votos obtenidos por las agrupaciones en elecciones anteriores».
La CNE puso como ejemplo de la normativa vigente, que «conduce a resultados irrazonables», el caso del Partido Unión Popular Federal, en la provincia de Córdoba, que reclamó ante la Justicia que le cubran el costo de cada una de las cinco listas que presentó en las PASO.
«Recibió fondos públicos para imprimir 15.325.440 boletas para la categoría de diputados nacionales, mientras que fueron efectivamente necesarias menos de 10.000 (diez mil) de esas boletas, para votar a sus listas internas; esto es un 0,47% del total de votos emitidos», aseguró la Cámara Nacional Electoral en el fallo que dictó este martes.
La sentencia fue firmada en forma unánime por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas. Y mencionó varios casos similares al del partido cordobés, que se dieron en las PASO de agosto pasado, donde «no pueden descartarse situaciones de abuso del derecho o, lisa y llanamente, casos de malversación de fondos».
La CNE remitió a la investigación publicada por la periodista Camila Dolabjian, en La Nación, titulada «El entramado de 20 partidos que une a un grupo que hace negocios millonarios con la impresión de boletas», a partir de la cual se iniciaron actuaciones penales por la posible comisión de delitos de acción pública.
Además, la Cámara recordó las medidas tomadas para verificar la actividad de las imprentas que fueron contratadas por las agrupaciones políticas, así como las resoluciones de diversos jueces electorales que en sus distritos dieron de baja a varios candidatos presidenciales, ya que no presentaron la cantidad mínima de boletas partidarias para participar en las PASO de agosto pasado.
Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la jueza María Romilda Servini excluyó a 10 precandidatos presidenciales, de tres frentes: Principios y Valores, donde solo quedó en pie la lista del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno; Proyecto Joven, donde competían el escritor K Mempo Giardinelli con Martín Ayerbe y la precandidata trans Reina Ibañez. Y las tres listas de LiberAr, aunque Julio Bárbaro anunció previamente que se bajaba de su candidatura porque detectó negociados con la impresión de boletas.
La jueza Servini dijo en su fallo que varios partidos obtienen un rédito económico con la impresión de boletas para presentar diferentes listas en las PASO y que la Justicia Electoral tomó diversas medidas para prevenir ese fraude.
Junto con la exclusión de numerosos candidatos para otros cargos electorales, el Gobierno estimó que hizo un ahorro de $4.000 millones en la impresión de boletas partidarias, casi un 30% del presupuesto previsto originalmente por la Dirección Nacional Electoral (DINE), a cargo de Marcos Schiavi.
Con esas medidas que tomó la Justicia Electoral, se redujo en 126 la cantidad de listas partidarias, quedando en 270 las oficializadas en todo el país para las PASO. Pero, de todos modos, a cada lista se le asignaron recursos para que impriman dos boletas y media por cada elector registrado en el padrón, totalizando más de 10.000 millones de pesos el gasto en impresión de boletas partidarias.
De hecho, la DINE anunció esta semana que tiene previsto asignar $258 millones a cada fórmula presidencial para que imprima sus boletas para las elecciones generales del 22 de octubre, una cifra similar a la que tiene para los parlamentarios del Mercosur, totalizando $2.583 millones solo para esos dos tramos de las boletas partidarias, según establece la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. A esa suma hay que agregar las de diputados, senadores y cargos provinciales.
La Cámara Nacional Electoral se dirigió este martes al Congreso de la Nación “a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, disponga lo conducente para revisar y armonizar la regulación vigente en la materia, a la mayor brevedad posible”. Del mismo modo, hizo saber lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia.