El presidente Javier Milei avanza en el país con su plan de reducción del Estado con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que disolverá 24 organismos, fusionará más de 15 estructuras y transformará alrededor de 16 en toda la administración estatal.
La medida, impulsada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, ha sido revisada por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal. Actualmente, el texto se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, bajo la supervisión de Javier Herrera Bravo, y solo resta la firma del mandatario para su publicación en el Boletín Oficial.
El ajuste busca acabar con la burocracia ineficiente y eliminar organismos que han funcionado durante años como cajas políticas sin un impacto real en la ciudadanía. Desde la Casa Rosada, algunos funcionarios indican que el DNU afectará 55 organismos, mientras que otros aseguran que el número final será 58.
Lo cierto es que el proyecto original contemplaba la eliminación de más de 110 estructuras, pero tras un análisis técnico, el Ejecutivo decidió reducir esa cifra sin perder de vista el objetivo central.
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Uno de los entes más importantes que desaparecerá es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que cuenta con 181 empleados y un presupuesto de $4.847 millones. Parte de sus funciones serán absorbidas por la Jefatura de Gabinete de Guillermo Francos, mientras que el reconocimiento de comunidades originarias pasará a manos de las provincias.
Otro de los organismos que será eliminado es el Instituto Nacional de las Juventudes (INJUVE), que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello. También desaparecerá el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), que cuenta con 37 empleados y un presupuesto de $12.143 millones. En este caso, el Gobierno analiza transferir parte de sus funciones a Marca País.
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Además, el Ejecutivo estudia la centralización de los 12 institutos que dependen de la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, para reducir la estructura y mejorar su eficiencia. A pesar del recorte, el Gobierno ha decidido no avanzar sobre ciertos organismos estratégicos. Entre las entidades que no serán alcanzadas por el DNU figuran: las universidades, el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
El artículo 52 de la Ley Bases establece que los empleados de organismos eliminados o modificados mantendrán su salario durante un año, con la posibilidad de ser reubicados en otras dependencias del Estado. De este modo, el Gobierno de Milei desactiva cualquier intento de relato alarmista sobre despidos masivos y demuestra que la reorganización del Estado se realiza con responsabilidad y planificación.