El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificó sus operaciones en Chicago y otras partes de Illinois desde el pasado domingo 26 de enero. Estas redadas, que se extienden durante toda la semana, buscan cumplir con las políticas migratorias de la administración Trump, marcadas por una aplicación agresiva de las leyes de inmigración.
De acuerdo con NBC Chicago, las autoridades informaron las redadas están dirigidas principalmente a inmigrantes con antecedentes penales, incluyendo condenas por delitos graves y miembros de pandillas. No obstante, también se reportaron arrestos colaterales, donde personas sin historial delictivo fueron detenidas por estar presentes durante las operaciones.
Tom Homan, exdirector de ICE y actual “zar de la frontera” bajo la administración Trump, declaró que entre los arrestados en Chicago hay individuos condenados por asesinato y agresión sexual agravada. Sin embargo, también advirtió que las redadas podrían involucrar a inmigrantes sin antecedentes criminales.
La intensificación de las redadas generó una ola de temor en las comunidades inmigrantes de Chicago. “Las familias están viviendo con miedo”, comentó Antonio Gutiérrez, de Comunidades Organizadas Contra la Deportación, una organización que tomó medidas legales contra ICE para limitar estas operaciones.
Por su parte, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, criticó el enfoque agresivo de las redadas, señalando que “debemos proteger a los inmigrantes que contribuyen a nuestras comunidades”. La Ley de Confianza de Illinois y las políticas de santuario de Chicago prohíben la colaboración entre la policía local y los agentes de inmigración, pero esto impidió que ICE ejecute sus operaciones.
En este sentido, diversas organizaciones lanzaron campañas para educar a los inmigrantes sobre sus derechos en caso de ser confrontados por agentes federales. Entre los consejos más comunes están: no abrir la puerta sin una orden judicial, mantener la calma y evitar firmar documentos sin consultar a un abogado.
Las redadas en Chicago son parte de un esfuerzo más amplio que abarca otros estados como Arizona, California, Georgia y Texas. Este operativo coincide con una ampliación de la autoridad de “expulsión acelerada”, que permite la deportación inmediata de ciertos inmigrantes sin juicio ante un juez.
Críticos de esta medida argumentan que pone en riesgo los derechos de las personas que podrían calificar para el asilo. Sin embargo, el gobierno sostiene que estas acciones son esenciales para la seguridad nacional.
En un contexto de incertidumbre, conocer los derechos es la mejor herramienta que tienen los inmigrantes para enfrentar estas situaciones.