El 24 de marzo es una fecha más que propicia para reflexionar sobre la participación civil en el golpe de estado de 1976. El rol de las patronales agrarias -específicamente las gremiales representativas de los intereses terratenientes- es una arista muy poco visibilizada. Se las conoce genéricamente como ruralismo. Están confederadas por regiones, en distintas asociaciones. Las más conocidas son: Confederaciones de Asociaciones Rurales Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Son la tradicional y poderosa oligarquía terrateniente, organizada para defender sus privilegios. Su contracara histórica fue la Federación Agraria Argentina (FAA). Ya no lo es. El campesinado tiene sus propias organizaciones (Mocase, Vía Campesina, etcétera).
El ruralismo fue la columna vertebral del golpe de estado. No alcanzó a asumir Cámpora y ya estaban conspirando, aunque solo se les recuerde por la emblemática foto de Jorge Zorreguieta (padre de la reina de los Países Bajos) entrando al predio de la Rural en un descapotable con Videla, donde fueron ovacionados. Vitores similares le prodigaron a Milei un puñado de productores agrarios, en su paso reciente por la Expochacra, el Palermo de los sojeros. Los momentos históricos son distintos pero están conectados directamente por los intereses que representan. Son siempre los mismos.
Toda la década del 70 fue prolífica en el debate de temas agrarios. El Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI) dio mucha preponderancia a las cuestiones del “campo”. La FAA -ahora afiliada a la CGE-, las Ligas Agrarias, y los peones rurales eran las bases que movilizaban el cambio que proponía el peronismo.
La discusión pasaba por la baja productividad del sector, la presencia dominante del latifundio y la necesidad de una reforma agraria integral. El proyecto del FREJULI requería mucho poder popular y una fuerte concertación política, económica y social. Esta mirada tuvo su máxima expresión en el Pacto Social, el acuerdo de precios, salarios y producción que firmaron la CGT, la CGE y demás organizaciones, en junio de 1973. Fue rubricado por todas las organizaciones agrarias, excepto CARBAP. Incluso por La Rural, que ni bien pudo reculó.
El 25 de octubre de 1972 Perón se reúne con 24 organizaciones agrarias y plantea la necesidad de industrializar el país y aumentar la producción. En enero de 1973 se redactan las Bases Programáticas para el Gobierno Justicialista de Reconstrucción Nacional. Se incluyen, entre otras cuestiones: la Reforma Agraria Integral, la nacionalización del comercio exterior de granos y carnes; suspensión de los desalojos rurales, etc. La FAA acompañó estas propuestas, al igual que las Ligas Agrarias, pero el ruralismo, ¡NO!
En septiembre de ese año CARBAP rompe lanzas con el Gobierno, negándose a firmar el Acta de Compromiso con el Campo, en desacuerdo con la política de precios máximos.
Pero es en septiembre de 1974 cuando se declara la guerra total. La Nación publica en tapa, el texto íntegro del Anteproyecto de Ley Agraria. Esta contenía todas las medidas que irritan a la oligarquía: reforma agraria integral, definición de unidad económica, pago de impuesto a la renta normal potencial de la tierra, respeto a los trabajadores, cuidado del suelo y producción en beneficio de todos, etc. Ni bien se conoce el anteproyecto, Jorge Aguado (presidente de CARBAP) remite un telegrama al ministro Gelbard solicitando la renuncia del secretario de Agricultura, por comunista.
El anteproyecto de Ley Agraria era una norma de avanzada, que ponía a los terratenientes en el lugar de ciudadanos sin privilegios, con obligaciones fiscales y productivas. A la oligarquía le “cuesta” horrores entender que en la Argentina no viven ellos solos; que también la habitan “otras personas”: es decir nosotros. Y que todos/as tenemos derecho al aire, al sol, al agua y a la comida. Una “lección” que no quieren aprender por más que les expliquemos. Pienso que deberíamos considerar cambiar de pedagogía ¿no?
Esa fue la última vez que el campo nacional y popular discutió de política agraria.
A fines de 1974, CARBAP constituye el Comité de Acción Agropecuaria, una especie de Mesa de Enlace pero sin la FAA. A partir de esa unificación del mando golpista se sucedieron infinidad de acciones para desestabilizar el gobierno peronista: asambleas, cortes de ruta, movilizaciones, paros agropecuarios, actos públicos, desabastecimiento de productos de primera necesidad… Fue una acción sistemática de jaqueo, que no paró hasta el 24 de marzo de 1976. Aguado ya era el líder indiscutido del golpismo en el sector.
La retórica de la derecha agraria es siempre la misma, inmutable y de manual: denunciar a los gobiernos populares por corruptos y estatistas, reclamar libertad de comercio y de mercados, denunciar a la infiltración comunista… Acá el tiempo no pasa y la creatividad política escasea. El discurso del facho agrario es impenetrable a la razón e impermeable al tiempo.
Jorge Aguado es la síntesis perfecta del entrelazamiento cívico-militar y los grupos económicos durante la dictadura. En este caso específico: el grupo Macri. Aguado fue secretario de CARBAP, luego presidente, después presidente de CRA. Siguió su derrotero depredador como secretario Agricultura de la Nación. Luego fue el único gobernador civil designado por la dictadura militar en la provincia de Bs As (1982-1983). Su discurso de asunción es una auténtica declaración de principios antidemocráticos: “Nuestra provincia sufrió el cruel ataque de la subversión internacional (…) tambien en Buenos Aires nuestras fuerzas armadas y de seguridad solidariamente unidas con la población supieron hacer frente y ratificar la indisoluble unión cívico militar …”. Le faltó precisar que la “indisoluble unión” era de él con Macri, y la de este, con la obra pública y la corrupción.
El 16 de marzo de 1981 la revista Time publicó que la dictadura argentina encabeza el ranking de corrupción en el mundo. Dice Luis Bruchtein en Página 12: ”Macri siempre fue contratista del Estado. Las empresas del grupo Macri crecieron como contratista del Estado (.) La familia Macri entró a la dictadura con 7 empresas y salió con más de 40” (23/10/2020). Algo habrá aportado la gestión Aguado al crecimiento patrimonial macrista en ese contexto de corrupción, ¿no?
Después de la dictadura, Aguado fue premiado por la “famiglia”. Lo designaron sucesivamente: diputado nacional por la UCeDé, vicepresidente de Socma, miembro del directorio de Correo Argentino y vocero del Grupo Macri, hasta su muerte. Las necrológicas reflejan con exactitud política este vínculo simbiótico: “En Aguado se sintetiza la figura de alguien que atravesó la dirigencia rural, la política y el mundo empresarial (…) en esa actuación tuvo un fuerte vínculo con la familia Macri”. Imaginemos a Aguado gobernador con el presupuesto de Buenos Aires a su disposición y los Macri del otro lado. “Papita pal loro”
La dictadura exterminó a las Ligas Agrarias, encarceló, torturó y desapareció a cientos de agricultores y campesinos; arrasó con sus organizaciones, persiguió a sus líderes. Mientras unos iban al cadalso de los cuarteles, Macri se quedaba con contratos de obra pública que le proveía Aguado y aumentaba el número de sus empresas. Todo, según vimos, en el marco de la dictadura más corrupta del mundo. El gremialismo agrario patronal fue y ES un operador de primer orden para enfrentar gobiernos populares y hacer negocios. Tan antidemocrático y voraz, ayer como hoy. Lo único que les interesa es el precio de la soja, de los novillos… y que no gobierne el peronismo en versión K. ¿Y la República? Esa te la debo!