La homologación del acuerdo de pago de Vicentin con 1600 acreedores, por una deuda de 1350 millones de dólares, quedó firme tras un nuevo fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Santa Fe, que rechazó un recurso de inconstitucionalidad presentado por Commodities SA.
La agroexportadora se declaró en default en diciembre de 2019 y tras un intenso proceso judicial se encamina a pagar parte de la deuda con sus acreedores y evitar la quiebra, a través de una cesión del 95% de las acciones a tres inversores estratégicos –Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que pasarían a controlar la empresa familiar fundada en 1929, a través de un aporte de US$462 millones.
Este junio se están cumpliendo 4 años de un mes con fuerte debate político sobre el tema, tras el intento del gobierno de Alberto Fernández de intervenir y expropiar a la empresa, que generó masivas protestas en calles y plazas de diversas localidades del país.
El proceso fue espinoso, entre fuertes presiones políticas, pero las tratativas judiciales mantuvieron su curso en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras.
Una de las últimas instancias, clave, sucedió en septiembre de 2023, cuando el magistrado de primera instancia, Fabián Lorenzini, quien intervino desde un principio en la causa, no avaló la propuesta de pago, a pesar de que tenía la mayoría de conformidades, tanto en cantidad de acreedores como de capital,
Esa decisión habilitó un proceso de “cramdown”, abriendo la posibilidad de que cualquier empresa que presentara una oferta de pago superadora a los acreedores pudiera presentarse.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones suspendió este proceso y progresivamente fue despejando el camino para que se efectivice lo acordado con la mayoría de los acreedores, que tendría efecto sobre todos los demás, según se dispone en la normativa sobre concursos y quiebras. En marzo pasado homologó el concurso de acreedores, según los acuerdos alcanzados en junio de 2022.
Ahora, ese mismo cuerpo integrado por los jueces Santiago Dalla Fontana, Mauricio Sánchez y Alejandro Román (en abstención) negó también el recurso de inconstitucionalidad referidos
Con el acuerdo ya homologado, el próximo paso sería que Lorenzini pida a sus pares el levantamiento de las cautelares y la empresa pueda así comenzar a saldar su deuda.
Vicentin presentó un plan de pago a 12 años con la figura de fideicomiso, mediante el cual terminaría devolviendo alrededor del 30% de sus acreencias, a valores dolarizados.
Commodities SA reclama una deuda de más de US$60 millones y apeló el acuerdo por considerarlo “inconstitucional”, término que la Cámara de Apelación acaba de rechazar.
En el veredicto se argumentó que “en coincidencia con lo manifestado por el Fiscal de Cámaras (fs. 56 y vta.), los presuntos defectos invocados por el recurrente no cuentan con andamiaje jurídico suficiente para el franqueamiento de la instancia extraordinaria”.
Explicaron que “el acogimiento del recurso implicaría la apertura de una nueva instancia ordinaria de revisión, destruyéndose así la finalidad de este instituto y ampliándose indebidamente la competencia de la Corte, ya que las quejas y su insistencia sobre el supuesto yerro interpretativo realizado por esta Cámara no logran acreditar el menoscabo del derecho constitucional invocado”.
Y subrayaron que el máximo tribunal de la provincia ha dicho “el acierto o error con que los juzgadores fallaron una causa, y la mera discrepancia que denota el perdidoso en sus planteos, no pueden deparar caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema; cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia”.
Cómo sería el plan de pago
Con los últimos fallos de Cámara, progresivamente se abre el camino para que comience a instrumentarse el plan de pagos a todos los acreedores, la mitad de los cuales cobrarían toda la deuda con el pago inicial de 30.000 dólares que se prevé para cada una de las firmas personales o societarias que verificaron la deuda.
Con esa suma inicial, 816 acreedores cobrarían el 100% de sus acreencias.
Luego, a los 365 días habría un pago adicional de 127 millones de dólares, también a prorrata, por lo cual 117 acreedores más cobrarían entre el 99 y 80% de sus créditos verificados; 63 acreedores percibirían entre el 79 y el 70% de sus acreencias verificadas; 83 embolsarían entre el 69 y el 60%; 92 cobrarían entre el 59 y el 50% de sus créditos; 97 acreedores percibirían entre el 49 y el 40% de sus créditos verificados; y 424 percibirían menos de ese 40%”.
El primer pago sería por un total de 170 millones de dólares, de los cuales 35,9 millones de dólares se distribuirían entre todos los acreedores verificados o admitidos a razón de U$S 30.000 para cada uno (o el monto menor verificado). A su vez, 134 millones de dólares se adjudicarían a prorrata entre todos ellos.
Por último, se haría un tercer pago estimado (sujeto a condiciones) por 165 millones de dólares a los 12 años del pago inicial, el cual no sería hecho por la concursada sino por los interesados estratégicos.