Esta es la segunda entrega de una serie de notas para decidir el voto en base a lo que proponen los espacios políticos sobre las principales problemáticas ambientales de la provincia de Buenos Aires. En la primer nota ya abordamos basurales a cielo abierto y gestión de residuos.
Los humedales cumplen funciones vitales para la vida: mitigan inundaciones, regulan el clima, recargan acuíferos y son reservorios de biodiversidad. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires están siendo devastados por el avance del negocio inmobiliario, la expansión de obras de infraestructura y los intereses empresariales.
La ausencia de una protección integral fomenta que se los trate como tierras “vacías” que pueden urbanizarse o explotarse. Esta lógica no solo alimenta emprendimientos de lujo como Nordelta y Puertos del Lago en Tigre y Escobar, —ejemplos paradigmáticos de urbanización al servicio de ricos—, sino que también empuja a miles de familias trabajadoras a asentarse en zonas cercanas a humedales y cursos de agua, muchas veces en áreas inundables o contaminadas. No lo hacen por elección, sino porque el acceso a la vivienda social les está vedado. Los precios del suelo urbano se disparan por la especulación, mientras el Estado no garantiza un plan de vivienda social masivo y ambientalmente planificado.
Así, la misma falta de políticas públicas que permite la destrucción de humedales para el negocio inmobiliario obliga a los sectores más pobres a vivir en condiciones precarias y de riesgo. Esto profundiza la desigualdad, mientras unos pocos se enriquecen privatizando, invadiendo el hábitat de los carpinchos y rellenando humedales, miles sufren las consecuencias de las inundaciones, la pérdida de biodiversidad y el empeoramiento de la crisis hídrica y climática.
La situación podría ser aún más grave sin la organización popular que logró frenar proyectos como Remeros Beach. Sin embargo, en la costanera de La Plata el avance turístico-inmobiliario arrasó con sectores de humedales, en Berisso y Ensenada los barrios cerrados ocuparon áreas naturales, y en la cuenca baja del Salado se multiplicaron los rellenos ilegales.
En Campana, la empresa Siderca del Grupo Techint se apropió del cauce del Arroyo de la Cruz provocando la inundación de los barrios aledaños. Como denuncian vecinas y vecinos organizados, la empresa avanza con complicidad del gobierno local, que le cedió terrenos y omitió controles ambientales.
En la provincia, los conflictos socioambientales se concentran en zonas como la Cuenca del Río Luján, la Cuenca del Río Reconquista y la Cuenca del Arroyo del Medio.
La Cuenca Matanza Riachuelo alberga los siguientes humedales en conflicto: la Reserva Natural Ciudad Evita y la Reserva Natural La Ferrere (La Matanza), la Reserva Natural Laguna de Rocha (Esteban de Echeverría), la Reserva Natural Camino de las Flores(Almirante Brown), la Reserva Natural Santa Catalina (Lomas de Zamora), la Reserva Ecológica Municipal Selva Marginal Quilmeña (Quilmes), Reserva Natural Lagunas de San Vicente (San Vicente), la Ribera de Hudson y Reserva Natural Punta Lara (Berazategui), y el Parque Martín Rodríguez y el Bañado de Maldonado (Berisso y Ensenada). Pero debido a su importancia y especificidad lo abordamos en la nota siguiente de esta serie.
En los últimos años, las luchas socioambientales y territoriales lograron instalar con fuerza la defensa de los humedales y consensuaron una Ley de Humedales para discutir en el Congreso. Pero el lobby de los gobernadores del Norte Grande, defensores de actividades extractivas que arrasan estos ecosistemas, se impuso. Aún hoy la ley sigue siendo una deuda nacional, sin avances tampoco a nivel provincial.
¿Qué proponen los principales espacios políticos?
Ni Alianza Avanza la Libertad ni Fuerza Patria sostienen una posición unificada sobre humedales: aunque algunos referentes apoyaron proyectos de ley, ambas fuerzas ceden al lobby empresarial. En territorios gobernados por peronistas, radicales o el PRO, se habilita de forma sistemática el avance privado sobre estos ecosistemas.
En el caso del actual gobernador, Axel Kicillof, fue responsable —con Sergio Berni a la cabeza— del brutal desalojo en Guernica, donde decenas de familias sin techo fueron reprimidas en plena pandemia. Una vara muy distinta a la que se aplica frente a los empresarios y millonarios que se apropian de tierras sin sufrir ningún operativo represivo.
El Frente de Izquierda Unidad, en cambio, mantiene una postura coherente en defensa de los humedales. Presentó su propio proyecto de ley, apoyó el texto consensuado por organizaciones socioambientales y denuncia el rol de corporaciones como Techint en la destrucción ambiental, el avance de la frontera agropecuaria, las quemas intencionales, el desarrollo inmobiliario (como la construcción de countries y barrios privados), y la especulación con la tierra. Propone la protección inmediata de humedales, frenar todos los emprendimientos que avancen sobre bienes comunes naturales y una planificación territorial y ecológica decidida desde abajo, garantizando el derecho a la vivienda.
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En la próxima nota profundizaremos sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo.