Lo hizo la fundación Apolo ante la justicia federal por un acto del 22 de junio en Paraná. Sin embargo, voceros del ministro de Economía rechazaron la denuncia y afirmaron que «la veda electoral para las PASO comenzó hoy».
La Fundación Apolo denunció ante la Justicia al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, por haber hecho supuestamente proselitismo ilegal durante la campaña para las PASO en un acto de Gobierno en Paraná.
Es la primera denuncia que registra Massa por ese doble rol que tiene desde el acuerdo con la vicepresidenta Cristina Kirchner el 22 de junio pasado cuando se bajó la primera fórmula presidencial oficialista que integraban Wado de Pedro y Juan Manzur.
En cambio, voceros del palacio de Economía consultados por Clarín negaron que Massa haya cometido un delito electoral con esas declaraciones.
«La veda para ese tipo de restricciones es 25 días anteriores al acto electoral o sea empezó hoy para las PASO del 13 de agosto«, remarcaron los voceros de Massa y citaron el contenido del «artículo 64 quater del código electoral».
Durante un acto realizado el 17 de julio en Paraná, el Gobierno inauguró un barrio de 500 viviendas y Massa pidió “un acompañamiento del electorado en los comicios de este año y una oportunidad» a quienes «perdieron la confianza». Massa garantizó que el gobierno del Frente de Todos está dispuesto a «reconocer los errores, pedir disculpas y pelear por la Patria», entre otros conceptos.
En la denuncia se la imputan los delitos tipificados en los artículos 133 bis y 248 del código, dice el escrito de la fundación Apolo y la denuncia le quedó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
La presentación está firmada por Juan Manuel Otegui, Yamil Darío Santoro, José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio.
Según los denunciantes la recopilación del discurso deja constancia que las expresiones del denunciado fueron “netamente partidarias”.
En esa línea, los firmantes entienden que “es claro que el Ministro se encontraba en un acto de publicidad de actos de Gobierno, en cuanto comunicaba la finalización de una obra pública, por lo que, durante campaña electoral, le estaba vedado promover o desincentivar expresamente”.
En el escrito, los denunciantes sostienen que está prohibido “la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten”, tal como dispone el Art. 64 del Código Electoral”.
Además, a esa actitud a criterio de la Fundación Apolo “vulnera el art. 2 de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública que establece “Deberes y pautas de comportamiento ético” para los funcionarios, entre las cuales se encuentra el deber de “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.
“Está claro que el proselitismo partidario en el contexto de la rendición de cuentas que realizan los funcionarios, respecto de su desempeño al frente de organismos públicos, vulnera la norma antes citada. Y, asimismo, vulnera el art. 42 de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, finalizaron los denunciantes.