Casi un mes después de iniciado el expediente judicial que investiga la denuncia contra el ex funcionario Pablo de la Torre y otros integrantes del área de Niñez y Adolescencia, por las presuntas maniobras de corrupción con contratos millonarios, adquisición de divisas y posibles pago de sobresueldos, y ante la falta de envío de la documentación por parte del ministerio de Capital Humano, el fiscal federal Ramiro González reiteró un pedido de información determinante para la causa: montos de dinero implicados, copias de los convenios denunciados y los contratos implicados en la denuncia, entre otros datos.
El caso explotó cuando un funcionario de Capital Humano dio detalles sobre una supuesta maniobra que incluía una cantidad de contratos posiblemente irregulares dentro de un área Capital Humano. A raíz de estos hechos, fue despedido Pablo de la Torre, quien negó las acusaciones -ya que todo se desarrolló dentro de la Secretaría a su cargo-, y apuntó contra “infiltrados kirchneristas”.
La fiscalía a cargo de González busca «establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas personas que participaron de la maniobra».
Para eso, se impulsó una serie de medidas, entre ellas la citación al titular de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para que brinde su testimonio respecto de los contratos al área de Niñez y Adolescencia. También declaró como testigo Alejandro Schiavi, el subsecretario de Gestión Administrativa de dicha secretaría, quien se remitió a dar explicaciones técnicas ante el fiscal sobre cómo se realizaban algunos convenios.
Pero uno de los puntos centrales que la fiscalía pidió al ministerio que dirige Sandra Pettovello hace casi un mes fue determinar cuánto dinero se vio involucrado en el circuito de contrataciones que habrían sido irregulares. Según señalaron fuentes oficiales a Clarín, es justamente Alejandro Schiavi quien está trabajando en este aspecto clave para la causa.
En un nuevo oficio, el fiscal González reiteró el pedido a la cartera que conduce Pettovello. Según informaron a Clarín, pese a la denuncia aún no se remitió a la fiscalía la copia certificada del Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación y la OEI; ni las actas complementarias suscriptas entre ambos desde el 10 de diciembre de 2023.
La fiscalía reiteró que aún falta el envío de las solicitudes de contrataciones efectuadas por la Secretaría; los datos personales de los consultores que fueron contratados bajo esa modalidad y los instrumentos respaldatorios con indicación de montos, fechas y tareas asignadas; así como, las certificaciones de servicio que le permitieron a los consultores cobrar sus honorarios.
Uno de los puntos centrales para González es reconstruir la ruta del dinero implicado en la denuncia. En función de eso, se reiteró que Capital Humano aún no indicó el monto total de las erogaciones que realizó la Organización de Estados Iberoamericanos.
Fuentes oficiales indicaron a Clarín que por orden de Pettovello desde la Secretaría de la Niñez se está realizando un relevamiento de las contrataciones realizadas bajo esta modalidad en todas las Secretarías dependientes del Ministerio.
El inicio de todo
El testimonio clave fue el de Federico Fernández, Director General de Administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia, quien según las revelaciones periodísticas estaba involucrado en la maniobra.
Entonces decidió dar los detalles correspondientes ante la subsecretaria Legal del ministerio. Reveló que el 24 de enero participó de una reunión junto al ahora ex Secretario de Coordinación de Capital Humano, Maximiliano Keczeli, la Jefa de Gabinete de la Secretaria de Niñez y Familia, Lucía Raskowsky, y el ex Subsecretario de administración que no llegó a ser nombrado, Agustín Sanchez Sorondo.
En ese encuentro, según relató Fernández, “se solicitó el nombramiento de alrededor de cincuenta funcionarios que ya estaban trabajando allí”. Para avanzar con esa idea se desvincularon a personas que eran Directores de la gestión anterior, para así «liberar los cargos».
Pero el inconveniente lo planteó Maximiliano Keczeli, quien señaló que eso no iba a ser posible hasta que se resolviera el tema del organigrama o nueva estructura del Ministerio. “En ese momento Sánchez Sorondo sugirió efectuar la contratación referida a través de OEI (Organización de Estados Iberoamericanos)”.
Pero se presentaba otro inconveniente: algunas personas que iban a ser nombradas no iban a poder facturar por su situación impositiva, ya que el tope de facturación con dichas contrataciones era de 1.300.000 pesos. En el caso de los Directores, el sueldo promedio es de 2.500.000 pesos.
Una vez que se plantearon esos detalles, los ahora ex funcionarios dispusieron avanzar con las contrataciones por un periodo de tres meses, hasta el 31 de marzo.
Pero Fernández deslizó un dato llamativo: el dinero que cobraban algunos de los consultores, “era cambiado a dólares a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones”. Es decir: sobresueldos.
Los remanentes de dinero en dólares -según se denunció- “eran entregados a Pablo De la Torre, entonces Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para saldar la nómina del personal que nunca fue nombrado”.