Javier Milei volvió a estar en el centro de la polémica tras presentar un escrito en la Justicia Federal de La Plata para defenderse de la demanda iniciada por la familia de Ian Moche, un niño de 12 años que tiene autismo. Exigen que el presidente elimine un tuit sobre su hijo, mensaje que consideran agraviante.
En su defensa, Milei sostiene que su cuenta en la red social X es personal y no oficial, y que sus expresiones están amparadas por la libertad de expresión. Según el mandatario, su crítica en el posteo en cuestión fue dirigida contra el periodista Paulino Rodrigues, no contra el menor, y calificó la demanda como un ejemplo de la “cultura de la cancelación”. Es por ello que el presidente se niega a borrar su publicación, donde vinculó al niño con el kirchnerismo. La postura plantea un debate legal y político profundo sobre los límites entre el derecho a la libertad de expresión, el rol institucional en plataformas digitales y el vacío legal que existe en la materia en términos regulatorios.
Dicha inexistencia de normas que regulen el discurso público en redes sociales fue un punto central en el debate del programa “Comunistas”, emitido de lunes a viernes a las 20.30 por Bravo TV. Invitado al piso, el abogado Pablo Zappulla señaló que compañías como X —propiedad del magnate estadounidense Elon Musk, con quien el presidente se ha reunido en varias ocasiones— acumulan riqueza gracias a los datos de los usuarios, quienes, en realidad, “trabajan para las redes sociales”. Es fundamental que las plataformas tengan representación legal en el país y respondan por el contenido que circula en sus espacios, pues trasladar toda la responsabilidad a los usuarios es insuficiente y peligroso para la democracia, según consideró.
El caso de Ian Moche no es un episodio aislado. La viralización de un video manipulado que presenta declaraciones distorsionadas del gobernador bonaerense Axel Kicillof —inicialmente difundido por el vocero presidencial Manuel Adorni y amplificado por el propio Milei— muestra cómo la desinformación se convirtió en una herramienta política utilizada para moldear narrativas y confundir al público. El analista Gustavo Córdoba suele alertar que estas tácticas llevan la mentira a niveles industrializados y funcionan como distracciones masivas para desviar la atención de los problemas reales.
El vacío normativo en redes habilita además el uso político de la desinformación. Luego de las elecciones porteñas del 18 de mayo de 2025, Milei defendió a quienes difundieron un video deepfake con la imagen de Mauricio Macri, argumentando que perseguir a quienes viralizan contenido engañoso sería un ataque a la libertad de expresión. Esta posición, que choca con denuncias por fraude digital y proyectos legislativos que buscan regular la inteligencia artificial en campañas electorales, revela la dificultad de equilibrar el derecho a expresarse con la protección contra la manipulación digital.
Javier Milei legitima la desinformación amparándose en la libertad de expresión
La discusión sobre los límites de la libertad de expresión en el entorno digital es urgente en Argentina. Por un lado, existe el derecho de los ciudadanos a expresarse y disentir; por otro, la necesidad de proteger a personas, como Ian Moche, frente a ataques agraviantes y discursos de odio. El debate incluye también la definición de cuándo una cuenta personal de un presidente puede o debe ser considerada como parte de su rol institucional, ya que en este caso Milei fijó su domicilio legal en la Residencia de Olivos, lo que complica la separación entre su dimensiones personal y oficial.
LB / FPT