A cinco días de la fecha límite para que el presidente Javier Milei vete la ley de emergencia en discapacidad, el titular de la ANDIS habló en un canal de streaming oficialista y criticó la normativa aprobada por el Congreso con dos tercios de los votos en Diputados y por unanimidad en Senado. Si el próximo 30 de julio el ejecutivo no firma el veto total o parcial, la norma quedará promulgada automáticamente.
Para Spagnuolo la ley “no trae ningún tipo de solución para las personas con discapacidad. Es una ley que está hecha a medida para los prestadores. No habla de ningún tipo de inclusión ni de accesibilidad”
En diálogo con Ámbito, el diputado Daniel Arroyo defendió la iniciativa de su autoría: “la ley de emergencia en discapacidad es una ley de pura justicia y de pura humanidad. Hoy está totalmente desacomodado el nomenclador. Las personas no están accediendo ni a los medicamentos, ni a los acompañantes terapéuticos, ni están funcionando los hogares o los centros de día. Están totalmente desacomodadas las prestaciones y la ley resuelve ese problema racionalmente en términos económicos”.
Arroyo advirtió, además, sobre la falta de sensibilidad y conocimiento de la problemática al señalar que “la ley también plantea salir del maltrato. Porque el gobierno ha decidido maltratar a las personas con discapacidad, con términos muy lastimosos y planteando cosas que no son reales, como cuando el vocero presidencial nos mostró una radiografía con un perrito y una colita, nos dijo que la persona había accedido a una prevención por discapacidad y eso no es cierto, eso nunca pasó”.
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Reclamo en el Congreso por la emergencia en discapacidad.
@LicDanielArroyo
Matías Cadaveira es psicólogo especialidad en autismo y discapacidad (MN. 40967). Consultado por Ámbito sobre las declaraciones del responsable de la ANDIS advirtió sobre la situación crítica sin precedentes que atraviesa este colectivo. “En un contexto de severo ajuste fiscal, las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad parecen nulas en Argentina, o peor aún, macabras, enfrentando recortes que comprometen derechos fundamentales”, afirmó.
Para el profesional, la ley no es para beneficiar de manera extraordinaria a los prestadores, sino que viene a reparar una ecuación económica insostenible en medio del ajuste oficial. “La falta de actualización del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas desde diciembre de 2024 ha generado una brecha superior al 70% entre los costos reales de los servicios y los aranceles reconocidos por el Estado, poniendo en riesgo la continuidad de terapias esenciales y el funcionamiento de centros especializados”, afirmó. Y advirtió sobre el impacto que esta situación genera en los apoyos que necesitan las personas con discapacidad: “cada vez son más los terapeutas que me avisan que no van a seguir atendiendo mediante obras sociales y/o prepagas que se demoran hasta seis meses para pagarnos mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Cada vez son más y más los mensajes que recibo de escuelas especiales, centros de educación temprana o centros de día pidiéndome que los ayude a visibilizar pedidos de donaciones, sorteos o vivos de Instagram para que puedan contar su situación actual. Muchos están al borde del cierre.”
Paola Cerviño, presidenta de Igualar Argentina y miembro fundadora del Frente Argentino de Prestadores al Servicio de la Discapacidad también reclamó la promulgación de la ley. También respondió los dichos de Spagnuolo: “decir que la ley está hecha a la medida de los prestadores es subestimar a las propias personas con discapacidad que han participado de las reuniones informativas en Diputados y que defienden sus derechos y la accesibilidad a las prestaciones que necesitan”. Consultada por Ámbito, Cerviño afirmó que “la Ley de Emergencia en Discapacidad se hace necesaria por la falta de respuesta del Estado a diversas situaciones que impactan en las personas con discapacidad y sus familias”. En ese sentido consideró que “si los aranceles hubiesen acompañado mínimamente la inflación no hubiera sido necesario recurrir a una ley que garantice la sostenibilidad de los servicios de la ley 24.901.
JAVIER MILEI
Milei adelantó que vetará las leyes aprobadas en el Congreso sobre jubilaciones y discapcidad.
Presidencia
Auditorías mal confeccionadas
Para Spagnuolo la auditoría que está llevando a cabo el gobierno de Milei es un hecho “histórico”, ya que “nunca el Estado había auditado a más de un millón de personas”. Con ese argumento defendió la baja de más de 80 mil pensiones por discapacidad, que representa -dijo- un “ahorro” de más de $23.000 millones. Según el funcionario en muchos de esos casos los beneficiarios no se presentaron a las citaciones para que sean auditados y en otros casos detectaron presuntas irregularidades.
Desde la Red de Prestadores de la Provincia de Buenos Aires, aseguraron que las auditorías son una barrera para las personas con discapacidad imposible de franquear. Una de sus referentes, Laura Lavega explicó que en muchas oportunidades citaron a la gente a direcciones inexistentes o a oficinas que quedaban a más de 200 km del lugar de residencia de personas que, además, tienen dificultad para trasladarse. También, por ejemplo, que enviaron cartas documento a personas ciegas sin la escritura en braille, por lo que nunca se enteraron de las convocatorias y perdieron sus pensiones no contributivas.
El diputado Daniel Arroyo advierte que la ley de emergencia “también plantea que hay que hacer una auditoría de las pensiones, pero hacerlas seriamente, viendo dónde están los problemas”. Y afirmó que “el recorte llegó a las personas con discapacidad, ya que hoy no se están otorgando pensiones y se ha vuelto loca a un montón de gente, haciéndola trasladar 200 kilómetros, haciendo diez horas de cola, obligando a la persona que tiene una discapacidad de nacimiento que vuelva a hacer todos sus estudios.”
Para Cadaveira “se prioriza el control fiscal por sobre la garantía de derechos, sabiendo por sobre todas las cosas, que cerca del 90% de los adultos con discapacidad no poseen trabajo alguno y que ni siquiera están cerca de conseguirlo, a pesar de lo que dice la Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad”.
El ejemplo de Israel
En la misma entrevista, Spagnuolo contó que viajó a Israel para ver el modelo de accesibilidad de ese país y que compartió su estadía con una persona en silla de ruedas. “No te das cuenta que estás con una persona en esa condición porque ibas a todos lados y vas de acá para allá y no te das cuenta”, dijo en referencia a la infraestructura.
Para Cerviño “el abordaje y los cambios que se planteen siempre tienen que contemplar nuestra realidad, no sirve importar sistemas que pueden ser exitosos en otros lugares si no conocemos las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad que viven en nuestro país”.
Además, advirtió que el concepto de accesibilidad no se reduce a una persona en silla de ruedas: “la accesibilidad es a todo, o sea, a un tratamiento, en la vía pública, a un transporte. Entiendo que Spagnuolo lo reduce a la accesibilidad motora, de un medio de transporte o de circular por la calle, pero accesibilidad es mucho más, abarca muchas más cosas. ¡Vos fijate lo que él pensaba! Viajé con una persona en silla de ruedas… ¡Es el titular de la Andis! Pensemos en la discapacidad intelectual, en las personas con autismo, etc.”
Ante la inminencia del posible veto, Arroyo expresó: “yo espero de todo corazón que el gobierno no vete la ley y la ponga en marcha”. En el mismo sentido Cadaveira pidió “por favor que no veten la ley. Porque, como ya sabemos, este colectivo viene molido a palos (literal y simbólicamente) desde hace años. ¿Qué hacemos con los que menos tienen? ¿Qué hacemos con las personas con discapacidad? ¿Y si mañana te toca a vos? No permitamos que se vete la ley, ni entera ni en partes”.