“Una condena plagada de irregularidades, dictada por tres personas, entre cuatro paredes, que se arrogan el poder de decidir quién puede y quién no ser candidato en Argentina”. Así sintetiza lo sucedido el proyecto de resolución que se presentó este miércoles en la Cámara de Diputados. Firmado por Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, el texto repudia el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner, y lo define como un acto de proscripción política.
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Una denuncia por proscripción
Lejos de una defensa personalista, el proyecto argumenta que el fallo “plagado de vicios” no busca combatir la corrupción, sino construir un régimen político más subordinado al poder económico, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el capital financiero. Mientras las causas de corrupción vinculadas al Grupo Macri siguen impunes, el fallo contra CFK, según el FIT, apunta a excluir del juego electoral a una figura de la oposición y a quienes se sienten representados por ella.
La denuncia incluye un señalamiento directo a la doble vara judicial: “No se trata de justicia, sino de disciplinamiento político”, afirman, y advierten que el antecedente puede volverse contra cualquier espacio político que cuestione el rumbo económico actual.
Un régimen más amplio de represión
El proyecto no se limita a la condena contra Fernández de Kirchner. Lo enmarca en un escenario de creciente autoritarismo institucional, que incluye la represión a las protestas sociales del 20 de diciembre de 2023 y de febrero de 2024, las detenciones a manifestantes, el hostigamiento a periodistas, la agresión a jubilados, los asesinatos de trabajadores precarizados en Salta y en Jujuy, por parte de fuerzas federales, y la sistemática limitación de libertades por decreto.
Entre otros, se menciona el caso de Matías Aufieri, abogado del CeProDH que perdió un ojo por la represión policial, así como la persecución judicial a movimientos sociales con imputaciones por “terrorismo”. Según los legisladores, la condena a CFK es parte de este proceso y viene a legitimar el avance de un nuevo régimen antidemocrático sostenido por el gobierno de Javier Milei.
Ficha limpia, Lago Escondido y los jueces del poder
La crítica se amplía al rol estructural del Poder Judicial. El proyecto menciona la designación irregular de miembros de la Corte, los pactos opacos como el de Lago Escondido, y el intento de imponer la “Ficha Limpia” como excusa para trasladar la potestad de elegir candidatos al sistema judicial. Una “ficción republicana”, dice el texto, en un Poder Judicial marcado por la corrupción, los privilegios y la obediencia al capital financiero.
La comparación con el caso Lula en Brasil no es accidental: el PTS-FITU alerta que este tipo de maniobras judiciales ya fueron utilizadas en América Latina para torcer la voluntad popular y abrir paso a políticas de mayor ajuste y represión.
Una defensa de las libertades desde la izquierda
Consciente de su propia historia de enfrentamiento y crítica a los gobiernos kirchneristas, el proyecto no esquiva las contradicciones: recuerda las represiones de conflictos laborales y sociales, como en Kraft (2009), Lear (2014) y Guernica (2020). También denuncia las redes de corrupción que terminaron con el asesinato de Mariano Ferreyra o la masacre de Once.
Pero desde ese lugar crítico, defiende el derecho democrático de cualquier persona a candidatearse, incluso cuando haya diferencias ideológicas profundas.
Convocatoria a la acción
La propuesta del Frente de Izquierda no se agota en el Congreso. Convoca a una respuesta activa y colectiva en las calles, con paros, cortes, tomas y movilizaciones, como forma de enfrentar lo que definen como un “régimen de ajuste, represión y proscripción”.
Más que un repudio formal, el proyecto plantea una estrategia de autodefensa popular frente al avance de un régimen que se consolida bajo el gobierno de Milei, el capital financiero y el poder judicial. Para el PTS-FIT, defender las libertades democráticas no es un gesto institucional: es una batalla urgente, cuerpo a cuerpo, en cada rincón donde se intenta acallar una voz disidente.
3214-D-2025 by Sol Bajar