En el marco del expediente donde se investiga una presunta red de espionaje ilegal, el ex presidente Mauricio Macri también pidió ser tenido como parte querellante. Ya lo había solicitado el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión, Gustavo Arribas. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pidió un detalle de las 1969 carpetas confeccionados de forma ilegal por Ariel Zanchetta antes de decidir a quiénes acepta como querella.
La defensa del ex presidente sostuvo en su escrito que en el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita se hace referencia a un celular asignado a Macri en 2014 y que estaba intervenido ilegalmente, y por ese motivo resolvieron pedir el acceso al expediente.
Las evidencias informáticas que la justicia federal analizó en el caso donde se investiga una red de espionaje ilegal, sostienen que Ariel Zanchetta, el ex policía y ex espía, no realizó su trabajo en soledad. “Contaba con “informantes” que le proporcionaban datos sobre los objetivos, reportaba parte de su actividad a terceros y realizaba algunas de estas conductas por “pedido” de otros”. La fiscalía le dio tres nombres al juez Marcelo Martínez De Giorgi, todos ellos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia.
Bajo esta premisa la justicia federal avanza en la investigación que tiene, por el momento a tres imputados: El ex policía, el joven hacker de la provincia de Misiones Ezequiel Nuñes Piñeiro y Fabián «Conu» Rodríguez, el referente de La Cámpora y funcionario de la AFIP.
La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita determinó la “posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”.
El objetivo de la maniobra, indicó la justicia federal, era “obtener datos personales para suplantar sus identidades (de los jueces), tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso —en un supuesto— haciendo requerimientos de dinero a su nombre”.
Bajo análisis hay 1.969 informes que fueron hallados en el domicilio de Ariel Zanchetta y que se confeccionaron con información obtenida de manera ilegal.
“Las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial, sino que se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros”, dijo el fiscal.
Con un amplio espectro de “objetivos” bajo investigación, fueron varios los dirigentes políticos que se presentaron para ser tenidos en cuenta como parte querellante.
Este lunes a última hora presentó un escrito Mauricio Macri, ex presidente de la Nación. Sostuvo que después de tomar conocimiento por los medios de comunicación de la maniobra de presunto espionaje ilegal y que pedía tener acceso a las actuaciones del expediente.
Con todas las presentaciones formuladas, el juez Marcelo Martínez De Giorgi solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) que realice un informe sobre las 1.969 carpetas que tenía en su poder Zanchetta, acusado de haber violado la Ley de Inteligencia.
Una vez que el juzgado reciba el detalle de esa documentación obtenida de forma ilegal, Martínez De Giorgi resolverá a quiénes acepta como querellantes en la investigación.
En la imputación que formuló el fiscal Pollicita se determinó que “cuanto menos entre los años 2009 y 2015, Zanchetta actuó como “agente inorgánico” de la Secretaría de Inteligencia, que durante dicha etapa el encausado obtuvo los conocimientos, vínculos, herramientas y la experiencia necesaria para llevar a cabo, en los años siguientes y hasta su detención, operaciones compatibles con la práctica de espionaje ilegal, es decir, actividades en infracción a la Ley de Inteligencia Nacional”.
El “laboratorio” de Zanchetta contaba con un software con seguridad militar para mantener conversaciones, enviar audios, fotografías, archivos en forma segura —encriptada y que se elimina automáticamente.
¿Qué hizo? Obtener información respecto al borrado integral de dispositivos, contó con perfiles en redes sociales bajo otras identidades, utilizó más de una decena de líneas telefónicas, se valió de una decena de correos electrónicos bajo nombres supuestos, muchos de ellos encriptados. Así fue que obtuvo y reunió grandes volúmenes de información y datos sobre miles de personas, a través de múltiples y variados medios, incluyendo el acceso ilegítimo a bases de datos.
Como si todo eso no fuera poco, realizó “cámaras ocultas” y se hizo de información a través de “informantes” o de “medios propios y auscultaciones practicadas de fuentes confiables”.
Para cumplir con sus “objetivos” el ex policía obtuvo información proveniente de bancos de datos con acceso restringido de organismos públicos — como la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor—, para lo cual contaba con usuarios y claves de acceso.