Miles de personas se concentraron este jueves frente al Congreso de la Nación en reclamo de la pronta sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa busca declarar la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2027 y garantizar el acceso a prestaciones básicas de salud, educación, trabajo y protección social para personas con discapacidad. La convocatoria incluyó también a familiares, prestadores y trabajadores del área, que denuncian la desarticulación de políticas públicas y el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El epicentro de la movilización fue en la Ciudad de Buenos Aires, donde miles de manifestantes cortaron la calle Entre Ríos frente al Congreso, ocupando parte de la avenida Rivadavia. Hubo también actividades similares en Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Santa Fe y Neuquén, entre otras ciudades. La jornada incluyó actos, intervenciones culturales y marchas pacíficas para visibilizar el estado de abandono del sector.
Un sistema en crisis que ya no resiste la inacción
El proyecto que se discute en el Congreso contempla, además de la protección de derechos, el fortalecimiento de prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, incluyendo incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad. No obstante, los reclamos de fondo apuntan al abandono de políticas de inclusión sostenidas durante décadas y al recorte presupuestario que sufre el área desde que fue absorbida por el Ministerio de Salud.
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“Denunciamos el vaciamiento de ANDIS, la quita de pensiones no contributivas, la trampa burocrática de las auditorías y la ausencia de perspectiva en derechos”, expresaron desde las organizaciones convocantes. La falta de pago a prestadores, la caída del valor de los aranceles y las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos complejizan aún más un panorama marcado por la precariedad.
Un conflicto que el Gobierno relativiza mientras crece el malestar
En simultáneo, el malestar se extiende también entre los profesionales de la salud, como los del Hospital Garrahan, que alertan por salarios devaluados y condiciones laborales cada vez más hostiles. Aunque el Ministerio de Salud minimiza el conflicto acusando a algunos gremios de defender privilegios, los testimonios de médicos no agremiados contradicen esa versión: “Estamos ganando miserias y el hospital se vacía”, relató un pediatra con dos décadas de experiencia.
El Gobierno defiende medidas como el plus “por productividad” o el uso de sistemas biométricos para controlar el ingreso del personal, pero los profesionales advierten que detrás de la retórica de eficiencia hay una precarización en aumento y una falta de respuesta estructural. “Nos pagan una miseria, trabajamos a destajo por vocación, pero no alcanza”, resumió un médico del Garrahan.
En ese marco, la movilización por la Ley de Emergencia en Discapacidad también funciona como alerta general ante un Estado que parece retirarse de sus responsabilidades básicas. Mientras los funcionarios aseguran que no hay deserción médica ni recorte de prestaciones, los hechos y las voces en la calle muestran otra realidad.
DCQ/EM