Mientras el Congreso se prepara para retomar su actividad tras el receso invernal, el presidente Javier Milei deberá definir en los próximos 10 días qué hacer con tres leyes aprobadas por amplias mayorías parlamentarias que impactan en jubilaciones, moratorias previsionales y la emergencia en discapacidad. Esto es porque el Senado finalmente comunicó formalmente los textos a la Casa Rosada este lunes, y ya corren los diez días hábiles que marca la Constitución para que el Ejecutivo decida si las promulga o las veta. El plazo vence el domingo 4 de agosto.
Desde el Gobierno ya anticiparon que la decisión será el veto, al menos parcial. Así lo expresó Milei en su discurso del 10 de julio en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mismo día en que el Senado sancionó las leyes. “Voy a vetar todo lo que rompa el equilibrio fiscal”, aseguró el mandatario, y agregó que, si el Congreso insiste con sus votos, judicializará las normas. Su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también ratificó esa postura en reiteradas entrevistas. El otro camino que el oficialismo había sugerido era el de judicialización, aunque ese camino lo buscarían si el Congreso rechaza primero el veto con los dos tercios necesarios.
Las normas sancionadas en la Cámara alta el 10 de julio fueron impulsadas por bloques opositores y votadas en el marco de una sesión autoconvocada que el oficialismo calificó como “ilegal”. Pese a los cuestionamientos, las tres leyes ya tienen número y fueron publicadas por el Senado en su sitio web. Son la 27.791 (movilidad jubilatoria y bono), la 27.792 (moratoria previsional) y la 27.793 (emergencia en discapacidad).
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Aumento a jubilados y fondos para provincias
La primera en ser aprobada por el Senado fue la Ley 27.791. Establece un incremento del 7,2% sobre los haberes previsionales, eleva el bono extraordinario —congelado desde hace más de un año— de 70 mil a 110 mil pesos, y dispone su actualización mensual por índice de movilidad. Además, ordena a la ANSeS transferir fondos a las provincias que mantienen sistemas jubilatorios no transferidos a la Nación.
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Esta norma logró amplias mayorías: en Diputados cosechó 146 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones; mientras que en el Senado obtuvo 52 votos positivos y 4 abstenciones. Si Milei decide vetarla, el Congreso podría insistir con su sanción con dos tercios de los votos, un número que en este caso está al alcance.
Moratoria Previsional, la más difícil de mantener
La segunda norma es la que restablece por dos años la moratoria previsional, prorrogando la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705, que permite acceder a una jubilación a quienes no reúnen los años de aportes requeridos. También introduce modificaciones en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Esta ley fue la que logró menor respaldo parlamentario. En Diputados fue aprobada por 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones, mientras que en el Senado alcanzó 39 votos positivos, 14 negativos y 1 abstención. La diferencia respecto de los dos tercios hace más difícil una eventual insistencia en caso de veto presidencial.
Según pudo saber este medio, el gobierno ya comenzó diálogos informales con algunos gobernadores aliados, pese a la tensión de las últimas semanas que se tradujo con aquella piña parlamentaria que el Senado le dio al Ejecutivo. Confían en que podrán conseguir el tercio necesario para sostener el veto de Milei.
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Emergencia nacional en discapacidad
La tercera ley votada fue la de Emergencia Nacional en Discapacidad. Establece esta condición hasta el 31 de diciembre de 2026, e incluye una serie de medidas de financiamiento sostenido para pensiones no contributivas por discapacidad y asistencia a prestadores del sistema, en el marco de la Ley 24.901.
Entre los puntos centrales, contempla un régimen especial de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses y multas, refinanciación de planes de pago caducos y simplificación de trámites. Fue aprobada con 150 votos afirmativos en Diputados (dos tercios de los presentes) y por unanimidad en el Senado con 56 votos positivos. Es la que tiene mayor respaldo político y, por eso, dentro del oficialismo algunos sectores analizan un veto parcial en lugar de total.
En esta ley, hubo hasta apoyos de parte de legisladores del PRO, aliados de LLA. En el oficialismo entienden que el veto no implicaría pagar un “costo político” sino sostener su argumento de mantener el orden fiscal y “terminar con los curros“.
¿Qué pasa si Milei no veta las leyes en 10 días?
De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, el presidente tiene diez días hábiles para promulgar u observar una ley sancionada por el Congreso. Si no lo hace en ese plazo, se considera aprobada automáticamente. En este caso, como el Senado comunicó las leyes este lunes 15 de julio, el plazo vencerá el domingo 4 de agosto.
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En caso de veto total o parcial, el trámite parlamentario volverá a iniciarse por la Cámara de origen —en todos los casos, Diputados—, que podrá aceptar el veto, rechazarlo por mayoría simple o insistir con la ley original con dos tercios de los votos. Si ambas cámaras insisten con ese número, la ley se convierte en obligatoria y el Ejecutivo debe promulgarla.
Elecciones, tensión con gobernadores y proyectos sensibles
La definición sobre los vetos llegará en medio de semanas clave para la política nacional. El cierre de alianzas y listas para las elecciones legislativas coincide con la reactivación de la agenda parlamentaria tras el receso invernal. A la espera de la decisión del Ejecutivo, en Diputados ya se preparan para discutir otras iniciativas sensibles para el Gobierno.
Entre los temas pendientes aparecen proyectos para declarar la emergencia en pediatría (tras el conflicto en el Hospital Garrahan), el financiamiento de universidades y la distribución de fondos para provincias, incluyendo lo recaudado por el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También está en curso el tratamiento del veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca, que ya fue rechazado por el Senado.
En ese contexto, algunos gobernadores empiezan a jugar su carta. En la última sesión del Senado no bajaron al recinto senadores vinculados a Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), lo que alimentó especulaciones sobre su alineamiento táctico con la Casa Rosada. Algunos ironizaron al decir que se trató de un apoyo “tibio” porque esos senadores podrían haber bajado y votar en contra de las iniciativas de la oposición, pero al ausentarse no quedó claro el gesto ni determinó cambios en el resultado final.
La pulseada entre el Congreso y el Ejecutivo vuelve a encenderse. Esta vez, con tres leyes que afectan directamente a sectores vulnerables: jubilados, personas sin aportes y personas con discapacidad. Milei ya anticipó su decisión y desde Casa Rosada insisten en que se mantiene firme esa postura.
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