La causa abierta por el Gobierno contra dirigentes piqueteros por extorsión contra beneficiarios de planes sociales, en especial el Potenciar Trabajo, revela a diario manejos inquietantes en los que la Justicia avanza contra un plan organizado de extorsiones. Este martes trascendió que una de las sanciones que aplicaba el Polo Obrero a quienes se ausentaban de marchas era «no comer».
La frase textual se repite en páginas de cuadernos encontrados en los allanamientos a dirigentes de ese grupo de izquierda, en los que se llevaba registro de las sanciones de la dirigencia piquetera a quienes incumplían con sus mandatos. «No comer», según la interpretación judicial, implicaba vedarle a los beneficiarios el ingreso a los comedores que la agrupación política maneja.
Los cuadernos espiralados llevaban carátulas como «Sancionad@s» -en lenguaje inclusivo- o «Sanciónes» (sic), una portada que fue adaptada la cantidad de sucesos registrados.
El material lo mostró al aire el periodista Nicolás Wiñazki, en el programa «Somos buenos», de TN. Y es parte de la causa que tramita el juez Sebastián Casanello e impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.
Las sanciones que terminaban en los cuadernos del Polo Obrero eran «por no ir a marchas o no participar de otras actividades como pegar afiches de algún candidato de izquierda». «Eran sancionados y tenían que poner parte de la plata (del plan) como multa, en lo que ellos llamaban cápita, como si fueran empresarios», explicó al aire Wiñazki, en base al dictamen fiscal.
«Sancionad@s» (sic), la carátula de los beneficiarios de planes que sancionaba el Polo Obrero por faltar a marchas.Del planteo de la investigación judicial surge que la organización tenía una estructura para sanciones. Se aplican multas de 10 mil pesos de los planes o incluso, la prohibición de acceder a la comida o los comedores.
La imagen que ilustra esta nota -y que consta en la causa- data de 2022. Se ven nombres de beneficiarios, punteros y fechas de sanciones. Los encargados como «Juan Carlos» abren planillas en fechas como 15 de junio, 24 de julio y 1° de agosto. Y también se registran «cumplimientos», es decir presencia de beneficiarios en marchas. Como el 23 de agosto.
«Sanciónes» (sic), otra carátula de un cuaderno de beneficiarios del planes sancionados por el Polo Obrero.Un día antes, el Polo Obrero había impulsado una concurrida marcha hacia el Ministerio de Trabajo, entonces a cargo de Claudio Moroni, en reclamo por el salario mínimo, vital y móvil. Gobernaba Alberto Fernández y los piqueteros estaban enfrentado con su ministro de Desarrollo Social de entonces, Juan Zabaleta.
Pero también había «premios o beneficios». Al parecer, en el Polo Obrero se podía escalar a medida de que se acreditaran ciertos requisitos. Un beneficiario del Potenciar Trabajo estaba en «lista de espera» hasta tanto cumplía con ir a tres marchas. Un «beneficiario común» debía entregar un porcentaje de lo que cobraba por el plan a la organización.
Luego había «cuadrillas», «nexos», “delegados” o «referentes», según graficó Pollicita en el dictamen al que accedió Clarín. Esos escalones más altos en la estructura podían recibir un «plus salarial» -un porcentaje adicional de otros planes pagados- o acceder a la mercadería de los comedores para poder revenderla. Un “delegado” podía llegar a cobrar cuatro veces lo que un “beneficiario común”.
Una página del cuaderno de «sancionados» con «no comer», secuestrado en los allanamientos a piqueteros del Polo Obrero.La investigación se originó, en rigor, al 20 de diciembre pasado. Surgió de los primeros llamados al 134, el número que impulsó el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich para recolectar denuncias contra piqueteros que obligaban a gente a ir a marchas. Pero el crudo de la denuncia se mantuvo en secreto de sumario con trabajo del fiscal y aporte de datos desde el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello. Hay en ella, incluso, numerosas escuchas telefónicas en que los implicados se muestran preocupados por ser pasibles de ser investigados hasta por lavado de dinero.
Recién tomó trascendencia pública cuando la Cámara autorizó allanamientos contra 27 piqueteros imputados, algo que el juez Casanello le había denegado al fiscal, que pedía también detenciones e indagatorias.
DS