Las organizaciones sociales y piqueteras del peronismo y de la izquierda vuelven a mostrarse juntas y con aliados poderosos para intentar ganar la calle. La demostración de fuerza -con un reclamo por el hambre y los alimentos- ocurre cuando el fiscal Gerardo Pollicita avanza con un pedido de indagatoria contra el jefe del Movimiento Evita, el ex secretario de Economía Social Emilio Pérsico, y el juez Sebastián Casanello procesó al máximo referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por una denuncia del Gobierno.
En ese contexto, la movilización del 7 de agosto para la celebración de San Cayetano y para pedir por «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo» cobrará otra centralidad y tendrá más volumen que en los últimos años.En las últimas horas, ATE convocó a un paro para adherir a la protesta.
Eduardo Belliboni. El líder del Polo Obrero, procesado. Foto: Maxi FaillaLos movimientos sociales focalizarán sus esfuerzos en volver a denunciar que el hambre ya está golpeando a los sectores más vulnerables y que el ministerio de Capital Humano sigue sin entregar alimentos a comedores populares. Sin embargo, se espera que en el acto final en Plaza de Mayo haya una mención a la causa que investiga una trama de corrupción por las denuncias al 134 que promociona el Gobierno. «Vamos a ir juntos a una marcha que va a tener como uno de sus ejes el desprocesamiento y las denuncias», asegura Belliboni.
La Cartera de Sandra Pettovello empuja las causas judiciales contra los dirigentes sociales, nunca abrió un puente de diálogo y es el blanco preferido de las organizaciones. En ese marco, este miércoles la ministra apuró el anuncio de un nuevo aumento de la AUH tras el incremento de la Tarjeta Alimentar en junio. Los movimientos sociales que administran miles de comedores sostienen que tuvieron que cerrar decenas de ellos, porque el auxilio de municipios y gobernaciones es insuficiente.
Emilio Pérsico, en un acto cuando era funcionario. Foto: Juano TesoneLas agrupaciones investigadas, que hasta ahora no habían recibido demasiado apoyos de sus aliados partidarios, contarán el miércoles que viene con un respaldo contundente de diferentes sectores del mundo político y social que evaluaban hasta ahora la conveniencia de salir a la calle. “No va a ser como la de la Ley Bases”, explicaron entre los organizadores de la convocatoria en referencia a la tímida manifestación frente al Congreso, que además terminó con 16 detenidos, dos de los cuales aún no fueron liberados.
Los referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que encabeza Alejandro Gramajo, dirigente del Evita y mano derecha de Pérsico en Desarrollo Social en la gestión del Frente de Todos, recibirán el miércoles la bendición de los sacerdotes del santuario de Liniers antes de marchar hacia la Casa Rosada.
La convocatoria por el hambre, más plural que la preocupación judicial que atraviesan los dirigentes sociales, le garantizó a los movimientos sociales la participación de la CGT y de las dos CTA, de la federación de clubes y de agrupaciones universitarias.
En la sede de la principal central obrera, en la calle Azopardo sostienen que destacan que no quieren ser más que los convocantes. El co secretario de la CGT Héctor Daer fue más allá y planteó que la marcha podría ser finalmente más reducida para evitar provocaciones. «La movilización va a ser mucho más pequeña para no generar un marco de provocación. Lo terminarán de resolver los compañeros de los movimientos sociales», señaló el jefe del sindicato de sanidad.
Las organizaciones conceden que la peregrinación será menor a otros años, pero apuestan a que haya fortalecer la convocatoria en Plaza de Mayo para plasmar una postal contundente del descontento con la política social del Gobierno.
Habrá también sectores vinculados a la Iglesia, que prefiere concentrarse en la celebración religiosa. “San Cayetano es un santo de todos, no de un partido político; no de un sector social, es un santo de todo el pueblo argentino que le pide por paz, por el pan y por el trabajo”, señaló en su última homilía el arzobispo de Buenos Aires José Ignacio Cuerva para invitar a los fieles al santuario de Liniers, donde se espera una peregrinación masiva. Con desempleo creciente por la desacelaración de la economía, las encuestas reflejan que la preocupación por “perder el trabajo” superó a la “inflación” entre la población.
En 2016, la marcha por en el mismo día se convirtió en la manifestación más desafiante hasta el momento contra la política social de Mauricio Macri. A partir de entonces el número de beneficiarios de planes se duplicó en la gestión de Cambiemos y volvió multiplicarse por dos en la siguiente, que los congeló en 2023.
Esta vez, funcionarios del gabinete de Axel Kicillof, como Gabriel Katopodis, Andrés Larroque y Carlos Bianco serán de la partida con sus respectivos armados políticos. La presencia del gobernador, por ahora, está descartada.
El mandatario bonaerense, apuntado por el gobierno y la oposición provincial tras la elección de Río Negro en detrimento de Bahía Blanca para albergar la planta de GNL, recibió hace pocos días a una nutrida delegación del Evita con Pérsico a la cabeza. Los delegados del movimiento social, que también ocupan cargos en la administración bonaerense, respaldan a Kicillof en su posicionamiento de cara a 2027, pero le pidieron -además de la foto- que cese el “internismo” entre los alfiles del gobernador y La Cámpora; casi una ironía del destino tratándose del Evita que tantas veces se cruzó con la agrupación de Máximo Kirchner.
En el entorno de Pérsico -donde ya no está activo Fernando “Chino” Navarro– ven con buenos ojos los puentes de Kicillof con gobernadores del centro del espectro político como el chubutense Ignacio Torres o el cordobés Martín Llaryora, con quien tienen un acuerdo político en su distrito desde los tiempos de Juan Schiaretti.
En las dos veredas del los movimientos sociales que marcharán juntos a Plaza de Mayo hablan de una persecución judicial, pero en el Evita remarcan que –a diferencia del Polo Obrero– su organización nunca pidieron contribuciones a los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Con menos cortes, la conflictividad va en aumento
Patricia Bullrich celebró la decisión de Casanello. “Hacían marchas diciendo que la gente pobre se moría de hambre mientras ellos se enriquecían. Tenían empresas, lavaban dinero de la gente pobre”, escribió en Twitter. En Nación ya se preparan para un escenario de mayor conflictividad que pondrá a prueba el protocolo antipiquetes.
El viernes de la semana pasada una fila de vallas dividió en dos la Plaza de Mayo por una protesta de la izquierda para pedir por la liberación de los detenidos por la movilización contra la ley de Bases. La concentración fue mucho menor a la que esperan reunir las organizaciones sociales y piqueteras. Siete días después, Unidad Piquetera realizó cortes la en Autopista BsAs-La Plata, la Autopista del Oeste, Camino Negro y la ruta 3.
Según un informe de la consultora Diagnóstico Político, en el primer semestre se registraron se registraron 3.351 piquetes, un 22% menos que en el electoral 2023. El estudio toma en cuenta las movilizaciones partidarias que explican parte de la caída, pero los movimientos sociales reconocen que el temor por la represión de las fuerzas de seguridad alejan a sus militantes de las calles y el impacto de sus acciones.
Señalan, además, otros dos factores que merman su poder de convocatoria respecto a años anteriores: el congelamiento del salario social, por un lado, y la falta de organización política. “Antes el salario social rendía mucho más. Ahora, por $72 mil, la gente tiene que ir a buscar otra changa, porque no come. Faltó tejer más redes territoriales”, se sincera un importante dirigente social del Evita, donde buscan posicionar nuevos liderazgos, una vieja promesa que nunca termina de concretarse.
Aunque el contenido del documento conjunto todavía es una incógnita, todos los actores involucrados imaginan una marcha contundente contra el Ejecutivo, acaso tanto como la de los universitarios en abril, la más multitudinaria desde que Milei es Presidente. Pettovello se esmeró el miércoles al provocar a una CGT -dividida entre duros y blandos y presionada por sus bases- tras la reunión por el Diálogo Social que inauguró con empresarios, Federico Sturzegger y el secretario de Trabajo Julio Cordero, pero sin la presencia de gremialistas que declinaron la invitación. “La mesa de Diálogo Social está abierta. Invitamos a todos los sectores del mundo del trabajo, pero se ve que la CGT le tiene miedo a Moyano”, escribió la cuenta oficial del ministerio en X.