Referentes de las organizaciones sociales aseguraron desconocer el nuevo sistema que busca implementar el Gobierno para reformular el esquema de los planes y dividirlos entre diferentes áreas. Los dirigentes coincidieron en que, más allá de ese punto, la etapa que arranca asoma complicada y con conflictividad por el congelamiento de los programas y la falta de entrega de alimentos a los comedores.
Como contó Clarín, el Gobierno planea atomizar la asistencia social en al menos tres secretarias: Niñez y Familia, Trabajo y Educación, bajo la órbita del ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello. A su vez, el ministro Luis Caputo había anunciado que el Potenciar Trabajo -cambiará de nombre- se mantendrá según lo establecido en el Presupuesto 2023, por lo que perderá todavía más con la inflación, y que habrá medidas contra la intermediación como venía insistiendo Javier Milei.
“No lo hemos visto. Estamos tratando de hablar con el Gobierno, pedimos una audiencia con la ministra, pero no tenemos nada preciso”, dijo Alejandro Gramajo -Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular- a este diario. El dirigente de UTEP ratificó que la organización movilizará el miércoles a Tribunales con la CGT y otros sectores. “Para reclamar por la inconstitucionalidad del DNU y el congelamiento del salario”, aseguró.
Silvia Saravia, de Libres del Sur, remitió a la reformulación de los planes durante la gestión de Cambiemos, aunque también sin información sobre cuándo y de qué manera se implementará en este caso. “Algo similar había hecho el macrismo, pero no sabemos cómo lo van a hacer ahora. De nuestra parte no hay resistencia frente a eso. Nosotros trabajamos, damos capacitaciones y oficios”, aclaró la dirigente, y cuestionó el giro en la política social del Gobierno: “El problema es que hay un mensaje muy agresivo, muy jodido, hay una sensación de desamparo muy fuerte”.
Las organizaciones vienen reclamando una audiencia con Pettovello, por el momento sin respuesta. Tuvieron un contacto con Héctor Calvente -ex ministro de Gobierno de San Miguel, por ahora sin cargo en el Gobierno- pero sin avances con los pedidos.
“No hubo novedades con los alimentos. Algunas provincias y municipios entregaron y esos comedores están un poco mejor. De Nación no llegó nada. Dicen que están esperando indicaciones. Y el congelamiento, con el aumento de precios, genera mucha angustia en la gente. Tienen cero empatía”, remarcó Saravia.
Libres del Sur protestó con ollas vacías el viernes en el Obelisco y este miércoles movilizará a Tribunales con la CGT y otros sectores contra el DNU. También se sumarán a la marcha el Polo Obrero y los movimientos que el 20 de diciembre pulsearon contra el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. Referentes de la izquierda se reunirán este martes con Pablo Moyano, para coordinar.
“No sabemos qué quiere decir ni qué quieren hacer, no sabemos nada. Muchos quisieron eliminar a los organizaciones piqueteras, pero fracasaron. Hay enormes necesidades en los barrios, y la organización vino para quedarse. Vamos a dar una lucha muy fuerte, no sólo nuestra sino de de todos los trabajadores”, adelantó Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.
“No tenemos ninguna información seria. No sabemos qué van a hacer, no hay un diálogo serio, pero hoy ése es el último de los problemas. Con el ingreso congelado, en marzo vale la mitad. Cómo administrás esa política social, si ya la hiciste pelota, es un tema menor dónde lo pongan o si lo dividen”, apuntó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.
“Va a ser una marcha multitudinaria”, estimó sobre la protesta del miércoles el ex funcionario de Desarrollo Social. Además de la división de los programas en tres áreas -a cargo de Pablo De la Torre, Omar Yasin y Carlos Torrendell-, el Gobierno planea implementar una auditoría para conocer los ingresos familiares de los hogares de los beneficiarios, que demoraría unos tres meses.
El Gobierno ya suspendió el control de presencialidad por parte de las organizaciones. Con los movimientos de izquierda, sumó otro motivo de tensión con la intención de facturarles el costo del operativo de la marcha del 20 de diciembre, calculado en $60 millones.