En una movida que promete generar polémica, el presidente Javier Milei decidió designar mediante un decreto en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Estos nombramientos se dan tras el estancamiento de las gestiones para obtener el respaldo necesario en el Senado y es presentado por el oficialismo como una medida para “normalizar” el funcionamiento del tribunal, que actualmente opera con sólo tres ministros.
Ambos jueces ocuparán sus cargos durante un año, el tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión. Mauricio Macri había utilizado la misma herramienta en 2016 para nombrar a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, lo cual despertó grandes críticas en su momento. Finalmente aquellos jueces asumieron con el aval de los dos tercios del Senado.
La decisión actual de Javier Milei usando poderes casi “de monarca” agrega un condimento más a un Poder Judicial ya de por sí sumamente reaccionario y antidemocrático, compuesto por jueces que la población no elige, plagados de privilegios, sueldos millonarios y cargos vitalicios.
El nombramiento de García Mansilla y Lijo por decreto como miembros de la Corte es un acto inconstitucional que muestra nuevamente el autoritarismo de un gobierno que funciona en base a DNU, vetos y compra de votos
— Christian Castillo (@chipicastillo) February 25, 2025
Cabe destacar también que esta decisión se da en el marco de la criptoestafa, cuando Javier Milei y su círculo cercano están siendo denunciados e investigados por lo que fue un fraude histórico que generó un escándalo de dimensiones internacionales.
La designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema, es otra muestra del autoritarismo del gobierno de Milei que quiere seguir gobernando por decreto y pretende tener una Corte adicta que le garantice impunidad.
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) February 25, 2025
La Casa Rosada informó la decisión a través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente:
pic.twitter.com/cgGsZ1rayo
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025
Lijo es conocido por ser parte de la élite judicial desde hace décadas. Ha manejado causas de gran relevancia, como la causa Ciccone, la causa del Correo Argentino y la causa por la voladura de la AMIA. Se le critica por utilizar las causas judiciales para operaciones políticas, dejando que estas “duerman” y activándolas según el momento político. Además, junto a su hermano Alfredo, ha estado involucrado en negocios cuestionables, como los relacionados con haras de caballos, lo que llevó a una investigación sobre el crecimiento de su patrimonio en 2018, aunque ambos fueron sobreseídos.
Manuel García Mansilla fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, una institución asociada al Opus Dei. García Mansilla es conocido por su postura en contra del aborto legal y por su defensa de empresas extractivistas. Durante el debate en el Congreso en 2018, se expresó en contra del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, argumentando que el derecho a la vida desde la concepción está reconocido en normas de máxima jerarquía en Argentina. Además, ha criticado fallos judiciales que permiten el aborto en casos de violación. En el ámbito profesional, ha trabajado en la negociación de contratos de hidrocarburos y ha sido director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos desde 2014. Su candidatura para la Corte Suprema ha sido vista como una confirmación de su postura contra los derechos de las mujeres y diversidades, así como su apoyo al extractivismo de recursos naturales.