En la Cancillería hay preocupación por la falta de presupuesto para las dos bases que administran y forman parte de la campaña antártica que comparten con el ministerio de Defensa. Se trata de las bases Carlini y Brown que se utilizan también para investigación científica.
Estas mismas bases son las que entraron en tensión con Defensa ante la intención de apropiarse, pero ante la publicación de LPO quedó en pausa. Una fuente que trabaja en temas antárticos dentro de la Cancillería dijo que el interrogante que si el traspaso de las bases esta en pausa o lo que hay de fondo es “un intento de saqueo”.
“El patrimonio antártico argentino está entre el abandono presupuestario y los intereses cruzados. Aunque el traspaso formal de las bases antárticas administradas aún por la Dirección Nacional del Antártico (DNA) al Comando Conjunto Antártico (Cocoantar) no ha sido rubricado oficialmente, los hechos en el terreno parecen avanzar por su cuenta”, detalla este especialista.
En ese sentido, plantea que “mientras algunas autoridades ya actúan como si la transferencia fuera un hecho consumado, la DNA atraviesa el 2025 sin haber solicitado presupuesto propio para la gestión de sus bases, y parte de su patrimonio está siendo trasladado a otras órbitas administrativas”.
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“La gravedad de esta situación va más allá de una disputa burocrática: compromete la continuidad del Programa Antártico Argentino tal como hoy lo conocemos, desfinancia la ciencia nacional en el continente blanco y pone en riesgo bienes públicos construidos a lo largo de décadas con recursos de la DNA”, insiste.
Mientras algunas autoridades ya actúan como si la transferencia fuera un hecho consumado, la DNA atraviesa el 2025 sin haber solicitado presupuesto propio para la gestión de sus bases, y parte de su patrimonio está siendo trasladado a otras órbitas administrativas
Un documento oficial, incorporado al expediente del traspaso al que accedió LPO en exclusivo, revela que la DNA pierde control operativo sobre Carlini y Brown, pero sigue siendo responsable presupuestaria, sin partidas asignadas y obligada a sostener la logística hasta que se formalice la cesión de créditos. “Todo esto sin resolución firmada, ni transparencia y sin consulta interinstitucional”, reprocha.
Este diplomático remarca en ese aspecto que “esta maniobra tampoco pasa desapercibida a nivel internacional. Otros países miembros del Tratado Antártico seguramente cuestionarán que la DNA ceda sus funciones administrativas a la órbita de Defensa, especialmente si se recuerda que, en 2003, fue un requisito que la Secretaría del Tratado Antártico se instalara en Buenos Aires precisamente para garantizar control civil y continuidad institucional en la gestión antártica argentina”.
“En el fondo, el traspaso ni siquiera garantiza que las plazas científicas sean cubiertas en las próximas campañas. No existe un marco normativo claro que obligue a la DNA a sostener la dirección y control una vez entregadas las bases, pero, paradójicamente, se la mantiene como responsable presupuestaria. El resultado es una ecuación perversa: se le quita el control operativo, no se le asigna presupuesto para afrontar la logística y las erogaciones de campaña, y, aun así, se le exige cumplir con las obligaciones. ¿Quién definió este esquema? ¿Quién decidió no pedir presupuesto este año? Preguntas que, por ahora, nadie responde”, reprochan.
En el fondo, el traspaso ni siquiera garantiza que las plazas científicas sean cubiertas en las próximas campañas. No existe un marco normativo claro que obligue a la DNA a sostener la dirección y control una vez entregadas las bases, pero, paradójicamente, se la mantiene como responsable presupuestaria
Uno de los interesados del traspaso, el diplomático Nicolás Abad, quien pasó de desempeñarse en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur a ocupar un cargo en el Ministerio de Economía. En tanto, otro de los promotores, Máximo Pérez León Barreto (aún activo “ad honorem” en la SEMAS) junto a la titular de la Secretaría de Malvinas, Paola Di Chiaro, son quienes insisten con esta transferencia de competencias, aún después de la salida de Edgar Calandín, exfuncionario clave de este proceso.
“Desde adentro de la DNA, la Sra. Silvina Balsalobre sigue de cerca el expediente y coordina, sin nombramiento, el traspaso anticipado de bienes patrimoniales siendo funcional a la gestión de turno. La ofensiva no sólo es política y administrativa, sino también empresarial”, agregan.
LPO reveló en exclusivo en junio que Mirgor, la empresa de Nicky Caputo, avanza con aval oficial en el reemplazo del estado en actividades logísticas y de apoyo al Comando Conjunto Antártico. Esta empresa presentó públicamente documentos para operar turísticamente en la Isla Dundee y Joinville, y para brindar servicios logísticos en territorio argentino.
Mirgor proyecta más de diez vuelos a Base Petrel, de los cuales al menos siete serían para logística y tres más, en combinación con el Cococantar, tendrían como destino Belgrano II. Su vínculo con la logística estatal ya está en marcha: la empresa adquirió un avión Basler BT-67 y firmó convenios con Fuerza Aérea y Cococantar, consolidando su presencia con infraestructura propia e iniciativas como la construcción de un muelle y un campamento semipermanente. Todo ello choca con la Resolución 5 (2022) de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, que desaconseja instalaciones privadas permanentes para actividades no gubernamentales por su potencial impacto ambiental.
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En ese marco denuncian que “la participación empresarial en foros internacionales reservados a programas estatales confirma un rediseño opaco de la gobernanza antártica, donde los intereses económicos pesan más que la ciencia y la protección ambiental”
“La entrega anticipada de bienes, la pérdida de control operativo por parte de la autoridad de aplicación ante el Sistema del Tratado Antártico y la creciente intervención privada configuran un patrón preocupante: el desmantelamiento silencioso de la presencia argentina en la Antártida. Ciencia, logística y soberanía quedan subordinadas a una gestión opaca”, puntualizan .
“Cada decisión a medias, cada presupuesto que no llega, cada intervención militarizada sin control erosiona nuestra autoridad y debilita la posición de la Argentina frente a otros países, poniendo en juego la credibilidad y el rol del país en el continente blanco”, concluyen.