El tenso contrapunto entre el diputado nacional, Emiliano Yacobitti, que amenazó el jueves con llevar a la Justicia a la periodistas de La Nación+, Guadalupe Vázquez, que ayer aseguró que hubo recursos de la UBA en la campaña a jefe de Gobierno de Martín Lousteau.
A raíz del episodio, la Corte Suprema recordó los alcances del derecho a la libertad de expresión. “El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento está contemplado en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional”, señalaron.
Yacobitti, que es vicerrector de la UBA, estaba siendo entrevistado en televisión cuando el tema de los fondos universitarios se colo en el cisma político que vive tras el acuerdo Macri-Milei Juntos por el Cambio. Fue entonces cuando Vázquez sostuvo: “Pusieron recursos de las universidades para la campaña de Lousteau”.
Esa declaración hizo enojar al diputado radical, que rechaza el pacto con los libertarios, al punto tal que amenazo con llevar a tribunales a la periodista.
—¿Qué? —le preguntó él, buscando la confirmación de lo que acababa de escuchar.
—Pusieron recursos de la UBA para la campaña de Lousteau.
—Bueno, yo te voy a pedir que vayamos a la Justicia y que ratifiques si es así, que lo demuestres y si no que me pidas disculpas. Vos me estás diciendo que yo cometí un delito.
—Movilizaron estudiantes, hizo acto con estudiantes de la universidad, ¿cómo que no?
—Y que si no tengas que decir que… vos dijiste que se pusieron fondos de la UBA para la campaña de Lousteau pero que estabas equivocada.
—Yo no dije fondos. Estés tergiversando lo que dije yo
-Acabás de decir que se pusieron fondos de la UBA para la campaña de Lousteau.
—Recursos —remarcó ella. —Pueden ser recursos humanos. No dije fondos. Movilizaron estudiantes. No hablé de fondos.
—Ahora como no querés ir a ratificar a la Justicia la acusación falsa que hiciste la estás cambiando, ahora decís recursos humanos.
—Yo ratifico lo que quieras en la Justicia. Dije recursos —insistió Vázquez.
—Tampoco se pusieron en recursos humanos de la UBA para la campaña de Lousteau. Si tenés alguna duda.
Lejos de calmarse, el cruce subió de tono. Vázquez aceptó la convocatoria para «ratificar lo que quieras». Y añadió, notoriamente nerviosa y amedrentada: «Pero no digas que yo dije algo que no dije, porque yo hablé de recursos y vos interpretarse que me refería a fondos».
Él no se bajó de su punto: «Cuando me vaya de acá voy a llevar el tape a la justicia para que alguien actúe de oficio y digan ‘acá hay una periodista que dice que se usaron fondos’».
—Bueno, igual bajá la voz porque no hace falta que grites —le pidió Vázquez.
—No estoy gritando.
—Yo ratifico lo que vos quieras —volvió a afirmar ella. —No dije fondos, dije recursos y me refería a la movilización de estudiantes en la campaña de Lousteau. Centró su campaña en la movilización.
—Todos los televidentes escucharon lo que dijiste y lo que quisiste decir —cerró él.
En ese contexto, la Corte Suprema recordó el derecho a la libertad de expresión y el concepto de la real malicia que marca que “quien difunde información de interés público que pueda afectar el honor de figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones públicas solo debe responder jurídicamente si el agraviado prueba la falsedad de la información y que esta fue difundida con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación por su veracidad”.
Es decir, que al revés de lo que pide Yacobitti, según la ley que protege a los periodistas, el diputado debería ser quien debe probar la falsedad de los postulados que dijo la panelista de LN+.
“Cuando está en juego la difusión de información de interés público corresponde acudir a la doctrina de la real malicia a fin de armonizar el derecho a la libertad de expresión con el derecho al honor”, marca la doctrina de la Corte.
Y agrega que “el ‘standard’ de la real malicia determina la exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poniendo a cargo de los querellantes o demandantes la prueba de que tales informaciones lo fueron con conocimiento de que no eran verdaderas o con imprudente y notoria despreocupación sobre su veracidad”.
“Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que de imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho [de expresarse libremente], la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio”, marca el documento actualizado difundido por la Corte a raíz de la pelea de Yacobitti con Guadalupe Vázquez.