“La vida del no nacido merece ser protegida y la ley no puede hacer que su disponibilidad dependa únicamente del libre albedrío de nadie, ni siquiera de sus propios progenitores”. Santiago Cervera, diputado del PP en 2009, fue el encargado de defender la posición de su partido ante la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, en las filas populares se ha asumido el aborto como un derecho, aunque en las últimas semanas ha provocado un intenso debate en algunos sectores del partido. Una ventana de oportunidad que ha aprovechado el Gobierno para impulsar el blindaje del aborto en la Constitución.
El 3 de marzo de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La norma venía a sustituir a la primera ley que permitió el aborto en España en supuestos muy concretos, aprobada en 1985. El nuevo texto, que contó con el rechazo del PP, de varios diputados de CiU, de Coalición Canaria, de UPN y de UPyD, permitía el aborto hasta las 14 semanas y 22 en el caso de riesgo grave para la madre o anomalía fetal grave. Además, permitía que las jóvenes de 16 y 17 años pudieran abortar sin el consentimiento de los padres.
Quince años después de su aprobación, el grueso de la norma apenas ha cambiado. Sin embargo, por el camino, se ha quedado el rechazo tajante del PP a un texto que consideraban inconstitucional, así como las reivindicaciones de muchos de los socios del Gobierno de Zapatero que pedían ampliar a 22 semanas la posiblidad de abortar sin justificación médica o eliminar el artículo 145 del Código Penal que, aún hoy, criminaliza el aborto fuera de los supuestos tasados por la ley.
El giro de los populares
Después de aquella intervención de Santiago Cervera, en la que denunció que Zapatero buscaba con la ley del aborto mantener la sensación de que el Gobierno estaba “haciendo algo por el país”, Mariano Rajoy llegó a la Moncloa con la promesa de derogar aquella norma. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, impulsó una iniciativa en ese camino, pero las protestas en las calles -el llamado ‘Tren de la libertad‘- obligaron al Ejecutivo popular a dar marcha atrás. En 2015, Rajoy tan solo se atrevió a suprimir el párrafo que permitía a las menores de 16 y 17 años a abortar sin el consentimiento de sus tutores, aunque el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos lo recuperaría en 2022.
“No estamos validando el resto de las cuestiones que fueron objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, sino que seguimos manteniendo nuestras dudas con respecto a su constitucionalidad”, aseguró en 2015 la diputada del PP Marta González cuando defendió aquella reforma. Aquella sentencia llegó en febrero de 2023, con Alberto Núñez Feijóo al frente del PP. “Una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales”, admitió 13 años después de que su partido presentara el recurso. Aun así, en un ejercicio de equilibrismo, insistió en que el aborto era “una cuestión poliédrica”.
Un nuevo paso
El único asunto que seguía sin compartir, señaló Feijóo entonces, era que las menores de 16 y 17 años no necesitaran el consentimiento de los padres y la única promesa que incluyó en su programa electoral en 2023 fue derogar ese aspecto. Sin embargo, el debate en torno al aborto volvió a estallar hace unas semanas a raíz de la aprobación de una iniciativa de Vox por parte del PP en el Ayuntamiento de Madrid para obligar a informar a las mujeres que quieran abortar sobre la presunta existencia de un ‘síndrome postaborto’. Una polémica a la que Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, ha echado más leña al fuego en los ultimos días.
El Ejecutivo de PSOE y Sumar aprovechó para anunciar su intención de incluir en el artículo 43 de la Constitución “el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo“, algo que muchos de sus socios le reclamaron ya en 2010. Lejos del discurso de hace 15 años, los dirigentes del PP admiten que “ya hay un derecho al acceso al aborto, que está perfectamente establecido en las normas y que se está llevando a cabo en toda España”. No obstante, se han mostrado en contra de apoyar la iniciativa del Gobierno y sin sus votos será imposible reformar la Carta Magna.
Aun así, las posiciones que antes ocupaba el PP no han quedado abandonadas. Al margen de los exabruptos de Díaz Ayuso sobre la creación de un registro de médicos objetores, es Vox quien abandera el rechazo absoluto al aborto. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, asegura que la propuesta del Gobierno supone instaurar “la cultura de la muerte”. Unas palabras que hace 15 años nadie se atrevió a pronunciar.
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