La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante. Los dos fiscales delegados en la provincia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Pablo Romero y Fran Marco, tienen sobre la mesa las cuatro denuncias que, hasta el momento, se han presentado en la Fiscalía por las presuntas irregularidades: el Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Vivienda, el PSOE y Sumar.
La denuncia del Ayuntamiento de Alicante detalla que desde el Servicio de Gestión Patrimonial se alertó de que personal municipal posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario directa o indirectamente de una vivienda protegida en el residencial Les Naus.
Así consta en un informe de Patrimonio, el área que puso sobre aviso al ejecutivo del alcalde Luis Barcala tras estudiar el listado de beneficiarios de las 140 casas de La Condomina. Entre ellos se encuentran la dimitida concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como dos hijos y un sobrino de la también ya ex directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, a quienes se añade Francisco Nieto, arquitecto de Urbanismo.
Pendiente de ampliación
Desde la Conselleria de Vivienda, la denuncia se dirige contra las presuntas irregularidades cometidas por uno de sus técnicos, encargado de visar los contratos de compra quien, según el escrito presentado en la Fiscalía, validó datos falsos de la renta de la unidad familiar para que su mujer, también arquitecta municipal, pudiera ser adjudicataria de una de las casas.
La denuncia está pendiente de ser ampliada tras revisar la conselleria que dirige Susana Camarero más expedientes en los que falta documentación clave sobre los cónyuges de los solicitantes, quienes alegan estar en separación de bienes para no sumar sus ingresos.
Cinco delitos
Los socialistas aprecian indicios de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, fraude a la Administración, estafa y fraude de ley en el escándalo de las adjudicaciones de las viviendas protegidas. Concretamente, la denuncia de los socialistas se dirige contra la ya exedil de Urbanismo; la exdirectora general de Organización Interna; el arquitecto municipal Francisco Nieto Torres; el administrador único de la gestora de la promoción, Francisco Ordiñana Gilbert; y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Consistorio alicantino
La portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, aseguró tras su presentación que “el gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal”.
En este sentido, recordó que en la ciudad de Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las familias que se tienen que marchar de la ciudad por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad.
Por su parte, desde Sumar se interpuso otra denuncia vía online ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para poner en conocimiento hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública. La formación reclamó que se practicaran diligencias para esclarecer si el procedimiento respetó los requisitos legales y los principios de igualdad, objetividad, transparencia e imparcialidad.
Sindicato ultraderechista
A todas ellas, se añade ahora una quinta, la presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias directamente en los juzgados de Alicante este jueves por la tarde por presuntos delitos contra la Administración Pública.
Esta última, de apenas tres folios, podría provocar que las que ya se encuentran en la Fiscalía se tengan que remitir para su instrucción al juzgado que la admtiera, en el supuesto de que eso ocurra. En ese caso, serán los mismos fiscales anticorrupción los que representen al Ministerio Público.
La denuncia va dirigida contra diez personas por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Además de los vinculados al Ayuntamiento, se dirige contra representqantes de la empresa que gestiona la cooperativa de Les Naus, así como sus cargos y el notario que firmó adjudicaciones en la polémica promoción, entre otros.
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