La Comisión Europea prepara un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por las restricciones adicionales impuestas a la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, según confirman fuentes financieras.
El origen del conflicto se remonta al pasado 24 de junio, cuando el Consejo de Ministros español dio luz verde a la opa de BBVA sobre Sabadell, pero con una cláusula que obliga a mantener separadas ambas entidades durante al menos tres años, ampliables por otros dos. El Gobierno esgrimió la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 para justificar esta exigencia “por el interés general”, más allá de las condiciones impuestas por la CNMC para garantizar la competencia.
Sin embargo, Bruselas considera que España ha estirado demasiado ese concepto. Ya hace un mes, la Comisión Europea dejó claro que no veía motivos para bloquear la operación tras los informes favorables de la CNMC y del BCE, y advirtió públicamente que no dudaría en usar sus competencias como guardiana de los Tratados si se imponían restricciones injustificadas al mercado único.
El procedimiento, que se espera que se active próximamente, comienza con el envío de una carta de emplazamiento, solicitando explicaciones detalladas a España, que tendrá un plazo habitual de dos meses para responder. Si la respuesta no convence a Bruselas, el siguiente paso sería un dictamen motivado, dando otro plazo para que el Gobierno corrija la situación. De persistir el desacuerdo, el caso acabaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría imponer multas millonarias. Para España, la sanción mínima en este tipo de casos ronda los 7,5 millones de euros en un pago único o cerca de 8.000 euros diarios si es periódica.
Desde el Ministerio de Economía, el ministro Carlos Cuerpo insistió este jueves en el Foro ICEX 2025 en que el Ejecutivo ha actuado “ciñéndose exclusivamente y de manera muy estricta a lo que habilita la normativa española”, convencido además de que esta es plenamente compatible con el derecho europeo. Cuerpo niega haber recibido ningún tipo de información, por ahora, sobre la apertura de ningún procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea sobre la opa de BBVA a Sabadell.
No obstante, el Gobierno es consciente de que la decisión de imponer condiciones adicionales podría abrir la puerta a una reacción formal de Bruselas.
En todo caso, los plazos habituales del procedimiento comunitario, que puede alargarse durante meses o incluso años, podrían tener un impacto en el calendario de la opa de BBVA sobre Sabadell, aunque finalmente Luxemburgo diese la razón a España. De hecho, el propio Tribunal de Cuentas Europeo reprochó el pasado diciembre que los procedimientos de infracción de la Comisión, aunque efectivos, siguen tardando demasiado en resolverse.
Así, el expediente que se prevé abrir próximamente amenaza con abrir un nuevo capítulo en las históricas fricciones entre España y Bruselas por grandes operaciones corporativas, como ocurrió hace casi dos décadas con la opa de Gas Natural sobre Endesa.
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