El Gobierno provincial dispuso cambiar el estatus jurídico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y con ello puso en alerta a los gremios que actúan sobre la empresa, aun cuando desde el Panal se descartó cualquier chance de una privatización.
La reforma que convertiría a la distribuidora y generado eléctrica del Estado en una sociedad anónima (SA) fue adelantada el jueves por la conducción de la compañía en un encuentro con los sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba, Regional (Villa María) y Río Cuarto, pero recién trascendió este lunes.
El alerta fue dado por el titular del gremio lucifuercista capitalino, Jorge Molina Herrera, al revelar aspectos de la reunión mantenida con el presidente de Epec, Claudio Puértolas, y uno de los vocales del directorio, César Tejerina.
En ese ámbito, los funcionarios comunicaron que por decisión del gobernador, Martín Llaryora, Epec pasaría a constituirse en una SA para cumplir con los alcances de la Ley Bases, impulsada por Javier Milei, que dispone estas reformas en las empresas públicas y entes del ámbito nacional.
De paso, esta conversión le permitiría a la eléctrica actuar en otros aspectos, desde el financiero, donde podría incorporar fondos mediante el acceso al mercado de capitales, hasta la prestación de nuevos servicios, como las telecomunicaciones o la energía fotovoltaica, que demanda de crecientes inversiones.
Para avanzar en la SA, el Gobierno ya cuenta con un instrumento aprobado a mitad de diciembre pasado: la ley provincial 11.015 (llamada “Modificaciones al Código Tributario Provincial”), en cuyos artículos 33 y 34 ya resuelve que las sociedades o empresas con participación estatal pueden transformarse para adaptarse al artículo 48 del decreto de necesidad y urgencia Nº 070/2023 del Ejecutivo Nacional.
El artículo 34 de esa norma -que al parecer pasó inadvertida a fin de año en ámbitos políticos y sindicales- es todavía más resolutivo: “Facúltase al presidente y/o a la autoridad máxima de las sociedades y/o empresas con participación del Estado Provincial a transformarse, a los fines de realizar todos los actos, acciones y/o medidas que resulten necesarias y conducentes para solicitar y efectivizar la transformación ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas -o del organismo que corresponda- y demás entes u organismos”, ordena.
El sindicato, en particular el de Córdoba, creyó ver que con esta reforma se abre la puerta hacia una privatización, y este lunes, Molina Herrera salió a rechazar de plano el cambio. “No hemos acordado nada con la empresa. Luz y Fuerza de Córdoba no ha acordado nada, en esa reunión dijimos que no estamos de acuerdo con la SA”, subrayó el gremialista en declaraciones periodísticas.
Lo hizo después de exponer su oposición a cualquier camino que lleve a una privatización de Epec. “No hay ningún motivo para transformar la organización”, insistió.
Todas cambiarán
Las expresiones de Molina Herrera llamaron la atención en el Gobierno, donde se asegura que en el encuentro del jueves ningún gremio planteó reparos porque se les explicó detalladamente a sus dirigentes el objetivo del cambio en ciernes y que no se tocará el convenio colectivo laboral. Tampoco se pidió apoyo.
A esto se refirió también el ministro de Vinculación y Comunicación, Daniel Pastore. “No hay ninguna posibilidad de privatizarla, ni en forma completa ni mediante la incorporación de capitales privados. A Epec la vemos muy bien”, subrayó en diálogo con La Voz.
“Hay una normativa que obliga a los Estados a adecuar a sus entes a estas nuevas reglas (la Ley Bases). Estamos en ese proceso en este momento con todas las agencias, con Lotería de Córdoba, con la terminal de ómnibus, y se en este proceso también está Epec”, indicó.
“No hay empresas interesadas porque no tenemos interés de privatizar Epec. Debemos adaptarnos a la legislación vigente”, sintetizó.
En la sede de Epec de calle Tablada, donde se desempeña gran parte de su personal, la novedad generó inquietud.
El cambio del estatus jurídico es alentado por el Ministerio de Economía y Gestión Pública de la Provincia, que advirtió a los funcionarios sobre las consecuencias operativas que podría tener para los entes no producir la reforma pedida por la norma empujada por Milei. “Pueden quedarse sin Clave Única de Identificación Tributaria, y con ello no podrían operar”, consideran en esa cartera.
En el ámbito provincial, el Banco de Córdoba y Caminos de las Sierras ya son sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. Ahora el objetivo es incorporar al resto de los entes que prestan servicios y sostienen algún tipo de actividad económica, entre ellas, las llamadas “agencias” y la Lotería, dijo Pastore.