Las empresas CET, de Aldo Roggio y Miguel Ángel Caruso; y Casino Victoria, de Daniel Mautone y Daniel Angelici; lideran la nueva licitación de casinos, slots y hoteles con la cual la Lotería apunta a cambiar la matriz del juego en Córdoba.
Este viernes, la comisión técnica que evalúa las propuestas determinó que la mendocina Fuente Mayor –Grupo Kristich– y Boldt –de la familia Tabanelli– “no constituyeron de manera correcta la documentación requerida en lo referente a garantías de caución”, por lo cual si no logran dar vuelta esta impugnación en los próximos días, quedarán excluidas de la apertura del “sobre número 2″, el que contiene la propuesta económica que definirá la licitación.
Al mismo tiempo se supo que CET tendría prácticamente asegurada su continuidad en el negocio del juego en Alta Gracia, Río Ceballos y Cruz del Eje. Son las tres ciudades donde además debe construirse infraestructura –salas y/o hoteles–.
En este renglón de la licitación fue excluida Casino Victoria porque propuso construir una sala en Villa Allende, una localidad donde Daniel Angelici operó durante décadas el bingo. Sin embargo, por estar a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, la apertura de un casino allí está vedada.
Como ya se dijo, salvo que logren apelar la resolución técnica, Boldt y Fuente Mayor ya estarían afuera de la compulsa; mientras que Casino Victoria fue invalidada a participar de la disputa en el corredor Alta Gracia–Río Ceballos–Cruz del Eje.
En la ciudad del norte, CET ya empezó el proceso de construcción del nuevo casino. La Provincia aportará la infraestructura en cloacas, alumbrado y rutas. En Río Ceballos debe construirse una nueva sala de casino. Y en Alta Gracia, se espera una ampliación del Sierras Hotel, para que tenga al menos 60 habitaciones. Desde el año pasado, el Sierras Hotel está en manos de Lotería, porque no se le prorrogó a CET la concesión.
CET, con un pie adentro
Con estas novedades en la licitación, CET tendría un pie adentro del esquema del juego, por lo que la disputa sería con Casino Victoria por la explotación de las tragamonedas y los casinos en los anillos “turístico” (salas ubicadas en la costanera Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Embalse, Almafuerte, Mina Clavero, Miramar, San Francisco y Villa María) y “federal” (salan en el centro de Carlos Paz, Corral de Bustos, Cruz Alta, General Roca, Río Cuarto, Laboulaye y Morteros).
La pelea estará en el canon que le pagarán a la Lotería por la explotación de las tragamonedas. El “piso” que solicita el Gobierno es el 21 por ciento de la facturación bruta de cada máquina.
En Lotería admiten que CET y Casino Victoria tienen poco margen para mejorar: en las tragamonedas, la presión tributaria (incluido el canon) es del 62 por ciento. A esto se suma el 42 por ciento que aplica Nación sobre la ganancia. Cada máquina de slots destina el 94 por ciento de su recaudación a premios. El resto (6 por ciento) es para sostener el costo impositivo y de canon, los gastos operativos y las ganancias.
Por eso, la lupa estará en el “canon único”, una suma que las adjudicatarias del juego deberán pagar por única vez, aunque podrán hacerlo en cuotas.
En cambio, por los juego de paño y los servicios anexos de los casinos (gastronomía, espectáculos, etc.), la Provincia no percibirá ningún canon. Es una forma de incentivar la inversión privada en los casinos, que actualmente operan a pérdida. Como ya se informó, el casino de Carlos Paz es el único que seguirá en manos de la Lotería.
Aunque CET mantendrá la concesión de la totalidad de las tragamonedas hasta 2027, quienes ganen la licitación comenzará a operar los juegos de paño, bares y hoteles en marzo.
También para ese mes será el traspaso de personal: 170 empleados de casinos serán absorbidos por los privados. En paralelo, 160 bancarios serán “pasivisados”. Con esto (además de la no cobertura de vacantes), en Lotería aseguran tendrán una plantilla de 430 empleados, 520 menos de los que había hace un año.
“Desde marzo, Lotería deja de perder 105 millones de pesos por mes, que es el rojo operativo de los casinos”, dice David Urreta, el presidente a la Lotería.
¿Hay margen para que sólo una empresa se quede con toda la torta del juego? Técnicamente sí; políticamente no. “Los cordobeses dejarán de subsidiar actividades que no son rentables, dándole lugar a la libre competencia y a los capitales privados que conservarán y generarán nuevas fuentes laborales y renovadas alternativas turísticas para Córdoba”, dijo Lotería este viernes en un comunicado.
Urreta también dice que el “objetivo” de este proceso licitatorio es terminar con el monopolio del juego en Córdoba.
Todo el parque de “tragamonedas” –actualmente funcionan 4.022 , pero la ley permite hasta cinco mil– deberá ser renovado en 2027. Incluso CET debería hacer esta inversión. En Lotería entienden que desde marzo, la compra y homologación de las más de cuatro mil máquinas demandará al menos un año y medio, a razón de 200 revisiones técnicas por mes.
En Lotería entienden que al unificar juegos de paño, slots y servicios se “eficientiza la industria del juego” que cada mes deja (a valores actuales) unos 3.000 millones de pesos para inversión social, en particular el Paicor: 1.300 millones de pesos corresponden a ganancias de Lotería; 1.700 millones de pesos a impuestos directos y el 4 por ciento que llega a los municipios.