El relato kirchnerista ha hecho de la “obra pública” y el “derecho a la vivienda” dos de sus banderas más repetidas. Sin embargo, cuando se analizan los datos con precisión, el contraste entre el discurso y la realidad es tan evidente como alarmante. El programa Procrear, una de las principales apuestas del espacio durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, terminó revelándose como un mecanismo ineficiente, opaco y profundamente sesgado a nivel político.
Un ejemplo elocuente es la distribución de viviendas en el marco del plan: sólo tres municipios del conurbano bonaerense —Avellaneda, Berazategui y Lomas de Zamora— concentraron el 30% de las viviendas asignadas en todo el país, según información oficial. Estos tres distritos comparten un denominador común: todos fueron gobernados durante esos años por intendentes abiertamente alineados al kirchnerismo. En cifras: Avellaneda recibió 2.725 viviendas, Berazategui 1.413 y Lomas de Zamora 771, totalizando 4.900 unidades, un número escandaloso cuando se lo compara con el reparto al resto del país.
Mientras tanto, el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires recibió 5.249 viviendas, y el resto del país apenas 6.985. En otras palabras, tres distritos aliados se quedaron con casi un tercio del total nacional, lo que deja en evidencia el uso discrecional y politizado del programa.
El problema no termina en la concentración. Durante los años de mayor ejecución del Procrear, entre 2012 y 2015, se anunciaron metas ambiciosas: se prometieron 400.000 créditos hipotecarios y 30.000 viviendas en desarrollos urbanísticos. Pero los números reales contaron otra historia: apenas se entregaron unos 120.000 créditos en total (la mayoría destinados a refacciones) y solo una fracción de los barrios proyectados fueron completados. Peor aún: al finalizar 2023, más de 17.000 viviendas Procrear permanecían inconclusas, muchas de ellas completamente paralizadas.
El caso de Berazategui es paradigmático: allí se presupuestaron 1.403 viviendas que, según investigaciones periodísticas, no llegaron a ser habitadas ni siquiera en una unidad. El terreno quedó baldío y los fondos no fueron devueltos.
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Además del favoritismo geográfico, se suman denuncias por irregularidades administrativas y falta de transparencia. Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que se transfirieron $468 millones a convenios de construcción de viviendas que jamás se iniciaron, sin control ni devolución.
También reveló que el fideicomiso encargado del programa no presentó estados contables esenciales y acumuló una pérdida de $52.000 millones, consecuencia directa del financiamiento inflacionario y de una gestión opaca. Los informes oficiales no escatiman en críticas: admiten que se invirtió mucho, pero se invirtió mal, con manejos ineficientes, sin planificación ni transparencia y en muchos casos con criterios clientelares.
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En ese marco, distintos analistas llegaron a una conclusión tan cruda como contundente: al ritmo de construcción estatal sin acceso al crédito, el kirchnerismo hubiese tardado más de 880 años en resolver el déficit habitacional argentino, estimado en 1,6 millones de viviendas nuevas más otras 2,2 millones con necesidad urgente de refacción.
Las consecuencias de esta ineficiencia aún las sufre la sociedad. Mientras los fondos públicos se destinaban a premiar a jefes comunales amigos y se alimentaban estructuras clientelares, miles de familias en todo el país seguían esperando el techo prometido.