El presidente Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso y vuelve a establecerse el mismo régimen que quedó firme con el DNU de marzo pasado.
El presidente se reunió con sus aliados del PRO y la Libertad Avanza en Casa Rosada y estampó su firma al veto con el principal argumento de que la nueva regulación rompería el equilibrio fiscal adicionando al Estado un gasto adicional de $6 billones para el año 2024 y $15 billones para el año 2025, lo que equivaldría al 1,02% del PBI para el año en curso y al 1,64% del PBI para el próximo.
“El proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, indica el texto al que accedió el diario Ámbito.
El mismo diario señala que antes de concretar el veto, el Presidente convocó a diputados del PRO a una cumbre con legisladores de La Libertad Avanza para garantizar que la oposición no alcance los dos tercios, en un cálculo arriesgado pero que por el momento consiguen: una potencial alianza opositora requiere dos votos de alineados con el oficialismo para alcanzar la mayoría especial.