El Congreso de los Diputados ha tumbado este miércoles el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Los votos de PP, Vox y Junts han sumado mayoría y la norma diseñada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no prosperará… por el momento. La líder de Sumar ha prometido volver a llevar a la cámara baja el proyecto de ley, si bien algunas medidas contempladas en la norma pretende aprobarlas antes.
El fracaso de la que pretende ser la ley estrella del Gobierno en materia laboral durante esta legislatura puede tener distintas derivadas más allá del propio tiempo de trabajo. Los salarios de miles de trabajadores pueden verse condicionados por la incertidumbre de si finalmente acabará prosperando o no la norma, así como las relaciones entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, que tienen otras reformas pendientes.
Registro de jornada
El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales incluía más elementos que la propia disminución del tiempo de trabajo. Y uno de estos genera especial preocupación entre las empresas. La ministra de Trabajo ya ha avanzado que modificará la normativa que rige el registro de jornada, una ley vigente desde 2019 y que obliga a toda empresa a recopilar cuántas horas hacen cada día sus empleados.
La principal novedad que introducirá Díaz una vez decaiga el proyecto de de ley en el Congreso será la supresión del registro de jornada a papel y boli. Esta es una de las fórmulas habituales entre pymes o en determinados sectores, como la construcción. Un tipo de registro fácilmente manipulable por aquellas compañías que pretendan engañar a la Inspección de Trabajo, según han denunciado durante los últimos años los sindicatos de este organismo.
La idea es obligar a todas las compañías a pasarse a medios digitales, lo que permitiría a la autoridad laboral acceder a ellos en remoto y supervisar mejor que no se produzcan excesos de jornada. Según datos de la consultora Wolters Kluwer, que comercializa programas de fichado, tres de cada cuatro empresas no tiene totalmente digitalizado su registro de jornada.
La capacidad del Gobierno de modificar la normativa sin tener que pasar por el Congreso es limitada y desde las organizaciones empresariales están preparadas para presentar demandas al respecto. Lo judicializará el proceso y añade incertidumbre. Algunos aspectos de la norma no los podrá cambiar el Ejecutivo, tal como pretendía vía ley, como, por ejemplo, aumentar el importe de las sanciones.
AENC, huelgas y convenios
Cuando patronales y sindicatos se sientan a negociar un convenio colectivo lo primero que discuten es el sueldo que cobrarán los trabajadores y cuántas horas harán. Y el hecho de que el Gobierno vaya a volver a intentar rebajar la jornada por ley alarga la incertidumbre sobre cuál será el tope máximo el año que viene o el otro.
Esa incógnita ya ha empezado a condicionar las renovaciones de varios pliegos de condiciones, que afectan a centenares de miles de trabajadores y amenaza con ir a más. Convenios como el metal de Barcelona o la hostelería de Catalunya, entre otros, están en vías de renovación, las posiciones entre las partes están alejadas y uno de los motivos, no el único, es el tiempo de trabajo.
Los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo revelan una desaceleración creciente en la renovación de estos acuerdos y la misma puede ir a más en los próximos meses, tal como reconocen patronales y sindicatos. Lo que podría dejar a trabajadores con sueldos congelados y aumentar la conflictividad laboral, que durante los últimos años ha estado en máximos históricos.
También condicionará la renovación del AENC –el convenio de convenios-, que hasta ahora ha fijado las referencias según las que las empresas deben subir los sueldos. Este vence a final de año y las cúpulas de CEOE, CCOO y UGT deben sentarse a negociarlo, con la incógnita de si incluirán o no alguna referencia al tiempo de trabajo o si este tema deteriora lo suficiente la relación entre las partes como para impedir que lo renueven.
Otras reformas pendientes
La ley para reducir la jornada laboral, antes de saltar al Congreso, fue negociada durante 11 meses en el seno del diálogo social. Allí patronales y sindicatos fueron incapaces de alcanzar un acuerdo y la CEOE se descolgó del mismo. Esta ha sido hasta ahora la carpeta prioritaria del Ministerio de Trabajo, pero no la única ni la única carpeta que discuten los agentes sociales con el Gobierno.
Las nuevas cotizaciones de los autónomos, la próxima subida del salario mínimo interprofesional, la ley de prevención de riesgos laborales o nuevos cambios en la jubilación son algunos de los temas que tienen abiertos o pendientes de abrir Ejecutivo y agentes sociales. La voluntad manifestada tanto por parte de patronal y sindicatos es que seguirán negociando con el Gobierno en las distintas mesas al margen de si prospera o no la reducción de la jornada, pero las relaciones entre las partes pueden deteriorarse y ello puede condicionar (o no) su capacidad futura para llegar a acuerdos.
Suscríbete para seguir leyendo