27 marzo, 2026

El empresario detenido en Aruba por el caso Plus Ultra facilitará su extradición a España

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama continúa investigando bajo secreto el caso Plus Ultra, reserva que prorrogó por un mes más esta misma semana. Este viernes se ha sabido que ha procedido al arresto en la isla caribeña de Aruba del banquero Luis Felipe Baca Arubulu, radicado en Suiza, por la intervención que tuvo en la concesión del préstamo que permitió el rescate de la aerolínea, confirmaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.

Baca Arubulu está ya a disposición del titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que asumió el caso como juez de la Plaza 2, a la que correspondió la causa por antecedentes, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno. Las fuentes consultadas apuntan a que la intención de Baca es facilitar su extradición a España para colaborar con la justicia como lo ha estado haciendo todo este tiempo tanto en Suiza como en Francia, donde hay dos investigaciones abiertas a las que ha acudido a declarar cada vez que se le ha llamado.

Según publicó ya este diario, este empresario, junto a su hermano Enrique, utilizaron la empresa creada en España Trowbridge para adquirir al menos una vivienda en la localidad francesa de Hossegor, por lo que la fiscal de Anticorrupción, Elena Lorente apunta al posible blanqueo. Se trata de una sociedad creada en diciembre de 2020 con un capital de 3.000 euros que unos meses después amplió este capital a capital en 970.000 euros.

Por otro lado, la Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió el 1 de octubre de 2021 un informe a la fiscalía helvética alertando de que varios de los denunciados en el caso Plus Ultra habrían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias sospechosas de ser utilizadas blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo de Venezuela. Concretamente, habrían recibido un millón de euros el 24 de enero de 2019, 994.356 euros el 14 de mayo de 2019 y 750.000 euros el 15 de abril de 2020, según a la documentación a la que tuvo acceso este diario.

Este aviso originó la apertura de una investigación por parte del ministerio público suizo, que finalmente acusó a estos empresarios, entre ellos los Baca Arbulu, de “organización criminal” del lavado “a gran escala” de importantes sumas de dinero “de personas sujetas a sanciones internacionales”.

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