La fiscalidad es uno de los asuntos en los que más ha encallado la agenda del Gobierno. Con varapalos en el Congreso, principalmente por el desmarque de PNV y Junts del bloque de investidura, como por diferencias en el seno de la propia coalición, entre PSOE y Sumar. Pese a ello, el debate en aras de una mayor progresividad fiscal no ha dejado de estar latente y el socio minoritario quiere abrir una brecha para agitar un nuevo impuesto a los “ultrarricos”. Por el momento se trata de hacer “pedagogía”, según fuentes del ministerio de Derechos Sociales que avanzan que propondrán en los próximos días la denominada ‘tasa Zucman’.
Se trataría de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros y permitiría a España recaudar hasta 5.200 millones, según sus cálculos. Con ello, desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy señalan que se financiaría la renta universal por crianza. Una medida que buscan encajar en el proyecto de Presupuestos, sin resignarse a impulsarla igualmente si estos no salen adelante. De ahí que se anticipen vías para aumentar la recaudación.
Desde Hacienda se desmarcan por el momento de esta propuesta todavía incipiente, vinculándola a un “anuncio” propio de Sumar sobre el que ni siquiera han negociado. No tanto por no compartirla políticamente, sobre lo que evitan pronunciarse, sino por la realidad de la aritmética parlamentaria. “No hay mayorías para tocar la fiscalidad”, advierten fuentes cercanas a María Jesús Montero. Eso sí, las mismas fuentes trasladan que este año 2026 caduca el impuesto a la banca, dejando entrever el debate para tapar este agujero, que se calcula en torno a los 1.400 millones según la recaudación prevista.
El impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras para sustituir el impuesto temporal a la banca, que tumbó la comisión de Hacienda del Congreso, se configuró para los ejercicios entre 2024-2026. El de las grandes fortunas para patrimonios de más de 3 millones, por el contrario, se prorrogó de manera indefinida a expensas de una revisión de la tributación patrimonial. Precisamente, en el acuerdo del Gobierno de coalición se establece la revisión de los resultados de este impuesto “con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.
“Con un impuesto del 2% a los patrimonios mayores de 100 millones de euros en España podríamos financiar una prestación universal para erradicar la pobreza infantil. [Gabriel] Zucman y su equipo cuentan con nuestro país como aliado y desde luego haremos todo cuanto esté en nuestra mano para hacer avanzar este debate”, señalaba el ministro de Derechos Sociales tras entrevistarse la pasada semana en París con el artífice de este impuesto y su equipo. Se estima que en España hay medio millar de fortunas con patrimonios por encima de los 100 millones.
El socio minoritario se mira en el espejo de Francia, donde esta tasa se debatió intensamente para los Presupuestos, pero finalmente la rechazó la Asamblea. El Congreso también ha propiciado sonadas derrotas al Ejecutivo en materia fiscal, como en el decreto para prórroga del impuesto a las energéticas. Asimismo, no hubo consenso para llevar al paquete fiscal la subida del diésel. Uno de los hitos del plan de recuperación, cuyo incumplimiento se tradujo en que la Comisión congelase 1.100 millones de euros de los fondos UE en el quinto desembolso.
Fiscalidad en vivienda
La fractura entre los socios de Gobierno en materia de vivienda, y con otros grupos parlamentarios, tiene también que ver con la fiscalidad. Desde el IVA a los alquileres turísticos al enfoque de los incentivos fiscales a los caseros que prorroguen los contratos de alquiler sin subida de precios. Sobre esta propuesta de la parte socialista, el socio minoritario puso pie en pared exigiendo la obligatoriedad de mantener los precios, lo que desde Moncloa tildaron de “inconstitucional” tras consultarlo con la Abogacía del Estado.
Para desbloquear la negociación, el ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez ha planteado a los grupos parlamentarios combinar incentivos de hasta el 100% para quien baje el precio del alquiler y desincentivos para quien lo suba. Se trataría de “modular” la deducción general del 50% de las rentas en el IRPF para quienes suban el precio. Desde Sumar siguen viéndolo insuficiente ya que más que un castigo en el IRPF lo interpretan como una simple corrección de los actuales incentivos. “Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal”, concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo