El Gobierno central y el vasco tienen dos meses escasos para pactar la fórmula que permita a Euskadi gestionar los tres aeropuertos en su territorio bajo competencia del Estado. Antes de abril se celebrará una comisión bilateral en la que Pedro Sánchez se comprometió con Imanol Pradales durante su última reunión en La Moncloa a desbloquear esta carpeta. Los nacionalistas vascos se refieren al “traspaso” de una competencia pendiente, mientras que en el Ejecutivo lo rebajan a una “cogestión”. Esto es, sin renunciar al estatus de “interés general” de los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia. Un aspecto clave porque la Constitución incluye los aeropuertos de interés general como competencia exclusiva del Estado. El Estatuto de Gernika recoge la posibilidad de asumir la competencia de estos aeropuertos “cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.
La pretensión de Moncloa es negociar una vía intermedia, tras constatar que la propuesta del PNV “es de máximos”. “Conocen las limitaciones”, remarcan fuentes de la negociación en referencia tanto al marco constitucional como a la “importante” presencia de capital privado en AENA, el gestor aeroportuario. La empresa semipública está participada por el Estado en un 51% y el restante 49% está en manos de accionistas privados. Lo que rechazan de plano es la propuesta inicial por parte del ejecutivo vasco de crear una filial de AENA, un planteamiento que además parece haber desaparecido ya de la mesa de negociación.
Las conversaciones no empezarán de cero, puesto que Sánchez y Pradales ya acordaron antes del pasado verano crear una subcomisión centrada en infraestructuras aeroportuarias para avanzar en el traspaso de esta competencia. Ahora se ha marcado un plazo priorizando la gestión de los aeropuertos sobre otras demandas históricas del PNV, como el régimen económico de la Seguridad Social. De encontrarse una fórmula, las competencias recaerían en una cartera del Ejecutivo vasco en manos del PSE, socio de Gobierno del PNV y distanciado de sus peticiones de máximos.
El operador aeroportuario se opone de plano a un traspaso y limita el campo de juego a buscar fórmulas en las que Euskadi cuente con herramientas de participación. Ahora mismo gestiona ya competencias relacionadas, en materia de territorio o medio ambiente. No se trata de la única comunidad autónoma con este tipo de reivindicaciones, como Catalunya o Canarias. El acuerdo de investidura de Salvador Illa con ERC incluye el compromiso de avanzar en un modelo de más autogobierno para el aeropuerto de El Prat. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, negocia por su parte una mayor participación en la gestión de los aeropuertos en las islas.
El presidente de AENA, Maurici Lucena, ya se anticipó hace un par de semanas al compromiso del Gobierno central con el vasco mostrando su oposición y situando la transferencia exigida por el PNV fuera del marco legal. “La cesión de parcelas o la transferencia de aeropuertos a terceros por acuerdos políticos, por mucho que quisiera imponer en el consejo de administración, serían nulas de pleno derecho”, aseguró en el marco de un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, el pasado 15 de enero.
Desde el Gobierno remarcan la complejidad de esta cesión y la necesidad de encontrar un punto de encuentro donde se rebajen expectativas. “Estoy convencido de que seguiremos avanzando, no sin dificultades”, apuntaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras el encuentro entre Sánchez y Pradales en Moncloa. Tras señalar que hasta ahora siempre han logrado sacar adelante los acuerdos con consenso de ambas partes, concluyó que en cualquier caso se desarrollarán “siempre dentro del marco de respeto absoluto a la Constitución y los estatutos”.
La base de la negociación para encajar esta cesión se ha centrado hasta ahora en buscar “distintas fórmulas negociales de cara a implementar el interés de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general situados en su territorio”. La Comisión Bilateral de Cooperación fijada dentro de dos meses, según insistió Pradales tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, pasa por abordar “el traspaso de nuevas competencias pendientes, incluyendo, entre otras, la relativa a Aeropuertos”.
“Frontera Norte”
A falta de un total de 16 competencias para cerrar todas las recogidas en el estatuto de Gernika, el ejecutivo vasco pone también el foco en la inmigración. El objetivo es contar con más competencias propias en esta materia y que Euskadi sea declarada ‘Frontera Norte’. “No tenemos herramientas para gestionar como se merece este fenómeno, reclamamos capacidades políticas propias”, reivindicaba Pradales.
El reconocimiento del estatus de ‘Frontera Norte’ supondría recursos adicionales y capacidades de interlocución con el gobierno galo, ante la realidad de que este territorio atiende a personas en tránsito hacia Europa. En este punto, fuentes del Gobierno avanzan que es más sencillo llegar a un acuerdo y recuerdan que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya lo propuso durante la última reunión de la Conferencia de Presidentes, pero lo bloquearon los presidentes del PP.
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