“Gobernar no es decidir en soledad sino de acuerdo con la ciudadanía”. Pedro Sánchez defendía así el martes su apuesta por la “transparencia” e “integridad” en la inauguración de la cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto 2025, que esta semana ha celebrado su edición en Vitoria. Moncloa aprovechó la cita para lanzar un plan de transparencia que sin embargo no ha contado con el apoyo de algunas de las principales organizaciones de este ámbito, como Civio, Hay Derecho o Access Info Europe, que describen el último anuncio como algo “cosmético” y que “busca el titular”, pero sin fundamento legal ni garantías de ejecución.
Las asociaciones de la sociedad civil, partícipes del foro, llevan un año y medio en conversación con el Ministerio de Transición Digital y Función Pública para elaborar el plan de Gobierno abierto, con intercambio de documentos y reuniones. Este plan preveía votarse en junio, pero el Ejecutivo retrasó la cita hasta este lunes, para hacerla coincidir con la cumbre internacional celebrada en Vitoria.
El resultado, según apuntan, resultó “decepcionante”: “Nos lo mandaron unos días antes votarlo. Después de meses trabajando con borradores, en el documento final desaparecieron los resultados y las conclusiones. No lo tuvieron en cuenta”, describe Carlos Cordero, presidente y fundador de Access Info Europe, una organización fundada en 2006 para impulsar el derecho a la información y la rendición de cuentes. “Se ha hecho francamente mal”, censura.
La fundación Hay Derecho, destinada a trabajar por la transparencia y la regeneración de las instituciones, tampoco apoyó el plan en la votación del pasado lunes. “Están convirtiendo los mecanismos de participación en mecanismos de pastoreo de la sociedad civil“, lamenta su directora, Safira Cantos, que critica el método: “Convocan muchas reuniones, consumen tiempo para que parezcan que están alineadas pero luego no se ven resultados ni medidas concretas”; señala con frustración.
Dudas sobre la ley de adminitración abierta
El martes, coincidiendo con la celebración del foro y la intervención de Sánchez, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley de administración abierta: “En vez de aprovechar el trabajo que hemos hecho para hacer un cambio en la ley que tenemos, empiezan con una ley de cero que nunca se va a aprobar porque toca mil temas y va a generar reticencias”, sostiene David Cabo, fundador de Civio, que cree que “a dos años años de agotar la legislatura, es difícil que se apruebe”.
El responsable de Civio, una organización fundada en 2012 y dedicada a la transparencia, apunta a que a día de hoy “nadie ha visto” el anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros. “Estamos muy disgustados con todo el proceso“, admite. El principal riesgo que observan es claro: “Que la legislatura acabe y digan eso de ‘lo hemos intentado pero no hemos podido'”. Para Cabo, tanto el plan de gobierno abierto como el proyecto de ley aprobado es un intento de “aparentar que haces cosas sabiendo que en la práctica no se va a hacer“. En definitiva, considera, “una patada para adelante”.
Cabo critica que este plan sea una “oportunidad perdida” para atender la principal demanda del sector: la reforma de la actual ley de transparencia de 2013, un compromiso que el Gobierno ya adquirió en el anterior plan de transparencia 2021-2024 y que en esta ocasión, critican, ha desaparecido. En su lugar, “todo se diluye en una etérea ‘ley de Administración abierta‘”, algo que consideran “una ley para todo’ que mezcla sin criterio asuntos tan cruciales y dispares como obligaciones de transparencia, conflictos de intereses o altos cargos”.
Precisamente por eso, coinciden los consultados, “es imposible de aprobar”. Algo que a su juicio parece “un intento de cumplir el expediente“. Para Cordero, una manera de generar confusión: “Esta ley confunde, mezcla cosas“, percibe. “Es enredar un poco todo. En vez de dar soluciones, genera problemas”.
Independencia y poder al Consejo de Tranparencia
A juicio de las tres organizaciones consultadas, en lugar de los planes y el anteproyecto anunciado, sería neccesario reformar la ley de transparencia, que ha mostrado “muchos problemas” desde su aprobación y sobre la que llevan años trabajando para mejorarla. Unas reformas que ya están localizadas, serían quirúrjicas y que van en dos sentidos.
La primera de las medidas sería dar “más poder e independencia” al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en palabras del responsable de Civil. Ahora mismo, el órgano depende orgánicamente del Ministerio de Transformación Digital, que también propone a su presidente. Consideran que es necesaria una reforma para “blindar la independencia” de cara a futuro.
En paralelo, reclaman darle capacidad sancionadora para evitar situaciones que se dan a día de hoy, cuando las administraciones deniegan el acceso a determinadas informaciones, y después de apelar al CTBG, el órgano resuelve que tiene que brindar esa información. El problema es que el órgano no tiene capacidad de sancionar en caso de incumplirse. “Las organizaciones ignoran por sistema las resoluciones. Hay un vacío en la ley”, señala Cabo. En estos casos, el demandante de información debe acudir a los tribunales. En ocasiones, es el propio CTBG el que acude a los tribunales.
“Pasa algo tan paradógico como que a veces se enfrentan en los tribunales un abogado del Estado representa al Gobierno frente a un abogado del CTBG que también paga el Gobierno”, reflexiona Cordero, de Access Info Europe.
Derecho fundamental
La segunda de las reformas iría encaminada a reforzar la norma para que los gobiernos -estatal, autonómico y local- se vean obligados a facilitar información. ¿Cómo? Elevando el rango de la ley de transparencia. “Queremos que el derecho de acceso a la información se considere fundamental y sea una ley orgánica”, sostiene Cordero, de Acess Info Europe. A día de hoy, es sólo un derecho administrativo, y resulta secundario cuando entra en colisión con otros derechos como la protección de datos, que se reconoce como un derecho fundamental.
“Cuando esto pasa, deja mucho espacio para la discrecionalidad y las instituciones siempre se acogen a excepciones para no dar la información”, detalla Cordero. “La ley en vigor es muy débil, tiene muchos defectos e imprecisiones y al no ser ley orgánica no se considera derecho fundamental y genera muchos problemas en el derecho a la información”, continúa, al tiempo en que exhibe su escepticismo respecto a este asunto: “No existe una voluntad política de cambiarlo. No interesa“, resume. Esta reforma implicaría que las administraciones, incluido el Gobierno central, se vería obligado a ofrecer más información cuando ésta fuera requerida.
“Política de anuncios permanente”
Las organizaciones coinciden en que el objetivo de estos anuncios es “buscar el titular”. La directora de Hay Derecho cuestiona que el Gobierno “hable de mecanismos de participación de la sociedad civil mientras lo que hace es incentivar prácticas absolutamente contrarias a la participación y la acción parlamentaria, como abusar de los procedimientos de urgencia o el decreto ley. Es absolutamente contradictorio”, resume.
“Lo que demanda la sociedad civil son dos o tres reformas estructurales, no buscar el titular con muchas cosas“, destaca Cabo, de Civio. “Nuestras reivindicaciones no se solucionan con una modificación cosmética de última hora”.
“Estamos asistiendo a una política de anuncios permanente, anuncios que en lugar de concretarse en hechos se concretan en nuevos anuncios”, considera la responsable de Hay Derecho, que advierte de la “desconfianza” que genera. “Primero llegó el plan de medidas por la democracia, en verano fue el plan de medidas contra la corrupción y ahora este plan de Gobierno abierto”, continúa.
Precisamente el presidente del Gobierno presentó el martes dos propuestas de ese plan contra la corrupción, como la reforma del Portal de Transparencia para hacer públicas las agendas de cargos públicos y la del Portal de Contratación para incorporar inteligencia artificial y automatizar la gestión de datos. “Y sin embargo, el plan no incluye medidas para dotar de recursos a la institución de protección de denunciante de corrupción, una figura que no se ha creado hasta 2025 y porque lo exigía la norma europea”.
A esta “gymkana de anuncios“, Cantos critica que “no se acometen las reformas comprometidas anteriormente” como la ley de transparencia o la reforma de ley de secretos oficiales. La limitación de los aforamientos, una promesa recurrente en todas las campañas electorales, o la profesionalización de las direcciones en las empresas públicas son otros asuntos pendientes que tampoco contempla la nueva norma. “El contraste entre la realidad y los anuncios es muy grave”, se lamenta. “Estamos todo el tempo asistiendo a la oportunidad política del anuncio en lugar de reformas concretas”.