El PSOE de Córdoba le pide al alcalde, José María Bellido, que “interceda por los dependientes de su ciudad” y le pida a la Junta que agilice los trámites de gestión. Andalucía es la comunidad con el mayor plazo de espera para obtener la valoración, 574 días, mientras que la media en España es de 340 días, siendo más de 50.000 andaluces los que actualmente están pendientes de valoración; eso, sin tener en cuenta el tiempo que transcurre hasta la prestación efectiva, que en el caso de un centro residencial puede suponer hasta dos años de espera.
En Córdoba, son más de 5.000 personas las que esperan para ser valoradas o que se resuelva su solicitud de revisión de grado, como sucede en este último caso con unos 2.000 mayores, según datos de la propia Junta.
Después de año y medio de implantación del nuevo sistema de gestión, la plataforma andaluza de personal de atención a la dependencia “sigue lamentando que el nuevo procedimiento de la Junta conlleve más carga de trabajo y menor autogestión para organizarse citas y valorar, al contrario de lo que defiende la Junta de Andalucía”.
“La ventaja que vendió la Junta de Andalucía de este nuevo sistema era la simplificación administrativa y la visita única que antes se realizaba en dos; pero lo que realmente ha significado es duplicar el trabajo de cada visitador y su carga de trabajo, con lo que según ellos no dan abasto”, ha agregado el PSOE, que asegura que “los malos datos en nuestra comunidad autónoma lo corroboran”.
Críticas a la gestión
Para el PSOE “se trata de una situación difícil de explicar, porque nunca ha tenido la Dependencia mayor respaldo económico desde el Gobierno de España que el que tiene en estos momentos, 740 millones, el 37%, la comunidad más beneficiada de toda España en esta materia. Sin embargo, con más dinero que nunca tenemos la peor gestión desde la historia andaluza, lo que ya se ha convertido en la marca del PP”.
El compromiso del gobierno de España de aumentar progresivamente la financiación de la dependencia hasta llegar al 50% “se demuestra con el incremento de 10 millones del gasto certificado en 2024 a pesar de tener los presupuestos prorrogados”, defienden. Para seguir en esa senda “es necesario que los partidos políticos con expectativas de gobierno voten en beneficio de la mayoría y no en el suyo propio, por lo que le pedimos al alcalde que defienda los intereses de nuestros dependientes y le pida a su partido que aprueben o faciliten la aprobación de un presupuesto para 2026 que contemple ese aumento presupuestario para la Dependencia, asumiendo responsabilidades de Estado y poniendo en práctica la negociación política”.
Bloqueo de las solicitudes
“Andalucía es, con diferencia, la peor de España en gestionar la Dependencia de entre todas las comunidades autónomas”, aseguran, porque “lo vuelve a reiterar el último informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 -recién publicado, correspondiente al primer semestre de 2025- que constata la crítica situación de este pilar fundamental del estado de bienestar, a la que ha llevado la gestión del Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP”.
El nuevo sistema de tramitación de nuevas solicitudes, así como las de revisión de grado, ha supuesto “un tapón administrativo imposible de soportar por los usuarios; que ven cómo se eterniza la espera o en el peor de los casos llega antes la muerte. Y ante la resistencia tozuda de la Junta a revisar o modificar el sistema de gestión implantado, le pedimos al alcalde que interceda por todos aquellos que llevan más de dos años esperando”.
El malestar por el nuevo modelo de gestión “es manifiesto tanto entre usuarios como entre los trabajadores del servicio”. El cese en este mes del gerente de la Agencia Andaluza de la Dependencia “viene a sumarse a las ya sucedidas por varias jefas de servicio en distintas provincias que no se plegaron a las irregularidades del nuevo sistema de gestión”.
Por todo esto, el PSOE le pide al alcalde “que defienda los intereses de los cordobeses y cordobesas que más lo necesitan, aquellos que se encuentran en una situación de indefensión que les hace necesitar la respuesta ágil y efectiva de la administración en la gestión de sus derechos, y que trabaje para que su partido político rectifique el modelo de gestión implantado en facilite la aprobación de los próximos PGE que sigan caminando en el aumento de la financiación de la Dependencia”.