La aprobación de una ley de plurilingüismo fue uno de los compromisos a los que llegó Pedro Sánchez con Pere Aragonès en diciembre de 2023, cuando este último era aún president de la Generalitat, líder de ERC y podía poner en jaque la estabilidad de la legislatura. Sin embargo, esa norma nunca llegó a elaborarse. Esta martes, el PSOE ha compensado, de alguna manera, aquella promesa votando a favor de la aceptación a trámite de una proposición de ley sobre plurilingüismo que han impulsado los diputados de ERC, EH Bildu, PNV, Compromís, En Comú Podem y BNG. A este ‘sí’ se ha sumado también Junts que, en un principio, rechazó firmar la propuesta.
En un discurso en el que ha hablado en catalán, euskera y galego, el diputado de ERC y encargado de defender la iniciativa, Francesc-Marc Álvaro, ha señalado la necesidad de corregir el “sesgo monolingüe” de la Administración General del Estado y ha situado la garantía del plurilingüismo como uno de los “muchos deberes pendientes” de la democracia española. “Tenemos que dejar de cambiar la lengua para vivir con igualdad. Ha llegado el momento de cambiar las leyes y no la lengua“, ha sentenciado, tras explicar que la propuesta plantea modificaciones en hasta 15 leyes.
Los cambios
En concreto, la proposición de ley denuncia que el artículo 3 de la Constitución, donde se recoge la existencia de las lenguas cooficiales y el deber de respetarlas y protegerlas, no se cumple. Así, el texto propone modificaciones para reconocer el derecho a utilizar el catalán, el euskera y el galego ante cualquier órgano del Estado, incluida la Justicia. Además, establece “un nivel de conocimiento adecuado de las lenguas oficiales” como requisito para ocupar puestos de empleo públicos en esos territorios.
Por otro lado, abre la puerta a que determinadas comunidades autónomas puedan obligar a que el etiquetado de los productos que se comercialicen en sus territorios esté escrito en las lenguas cooficiales; que las señales de tráfico también estén en catalán, galego y euskera en esas autonomías; que se consideren en la Ley Orgánica de Educación como “vehiculares y de aprendizaje”.
También establece modificaciones en el campo de la comunicación audiovisual para obligar a RTVE a emitir contenido en las lenguas cooficiales y garantizar la producción proporcional en lenguas distintas al castellano. Por último, recoge que todas las leyes o reales decretos ley se publiquen en el BOE en castellano y todas las lenguas cooficiales.
La posición socialista
La proposición de ley, que empezará ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso y que posiblemente quede olvidada en un cajón, ha contado con el visto bueno del PSOE. No obstante, el diputado socialista que ha defendido la posición del partido, Marc Lamuà, apenas se ha referido a la iniciativa, salvo para asegurar que el texto no quita derechos a los castellanoparlantes. El resto de la intervención la ha dirigido a criticar a PP y Vox por su rechazo a reconocer el uso de las lenguas. “España no es un país monolingüe. Nunca lo ha sido“, ha sentenciado.
“Quien quiera vertebrar España tiene que entenderla plenamente plural. Desde que resuenan nuestras lenguas en este hemiciclo esta casa de todos se parece mucho más a la España de todos y al PP no le gusta”, ha recalcado después. Justo después, la diputada del PP Marta González ha denunciado que la iniciativa solo busca “debilitar al Estado”. Y, lejos de eso, poco más ha dicho de la propuesta. La mayor parte de su intervención la ha dedicado a arremeter contra el Gobierno y sus supuestos casos de corrupción.
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