El ataque del gobierno de Donald Trump a la existencia de las personas transgénero ha obtenido respaldo de la supermayoría conservadora del Tribunal Supremo. En una decisión anunciada este jueves, el Alto Tribunal ha autorizado que la Administración aplique una política que niega a las personas trans poder elegir su género al hacerse un nuevo pasaporte o renovarlo y les obliga a identificarse según el sexo biológico de su nacimiento. Las tres juezas progresistas se han opuesto a la decisión.
“Desplegar el sexo de nacimiento no ofende principios de protección igualitaria más que desplegar el país de nacimiento”, se lee en la sentencia. “En ambos casos, el gobierno solo atestigua un hecho histórico sin someter a nadie a un tratamiento diferenciado”, defiende la mayoría conservadora.
“Dos géneros”
En el primer día en la Casa Blanca Trump dictó una orden ejecutiva en la que estableció que EEUU solo reconocería dos sexos, masculino y femenino, según el certificado de nacimiento y la “clasificación biológica”.
Con ese decreto ya firmado, el Departamento de Estado cambió sus normas de emisión de pasaportes y anuló una directiva de la época de Joe Biden que, desde 2021, entre otras cosas, permitía a la gente poner X como marcador de género.
Ya desde 1992 el Departamento de Estado permitía en determinadas circunstancias elegir el género en los pasaportes. Para ellos había que presentar pruebas médicas de haberse sometido a una cirugía de transición. En 2010, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, se redujeron las exigencias a una carta de un médico que afirmara que el solicitante había recibido “tratamiento clínico apropiado para una transición de género”. El gobierno de Biden retiró ese requisito.
El caso
Después del decreto de Trump y de las nuevas directivas del Departamento de Estado, que ahora dirige Marco Rubio, siete personas trans representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles presentaron una demanda, alegando que la nueva política violaba tanto su derecho a la protección igualitaria que reconoce la Quinta Enmienda de la Constitución como una ley federal.
En junio Julia Kobick, una jueza en Boston, les dio la razón y obligó al gobierno a dejar a los demandantes elegir el género o poner X en sus pasaportes. El gobierno recurrió y un tribunal de apelaciones se negó a cambiar la decisión de la magistrada mientras continuaba el litigio.
La Administración entonces recurrió al Supremo, que aceptó el caso y ahora permite al Gobierno de Trump volver a imponer sus restricciones, al menos mientras se resuelve el litigio pendiente en instancias inferiores.