El Tribunal Supremo ha rechazado anular la decisión que adoptó que el Consejo de Ministros en diciembre de 2023 para renovar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
La demanda, presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) argumentaba que la decisión incurrió en una “manifiesta arbitrariedad” porque se adoptó sin suficiente motivación y pese a que el ya fiscal general carecía del aval de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello tras una decisión del propio alto tribunal que vio “desviación de poder” en la decisión de García Ortiz de proponer a Dolores Delgado, su mentora y predecesora en el cargo, para un puesto de fiscal de Sala, el más alto rango en la carrera fiscal.
Frente a esta petición, la Abogacía del Estado argumentó en contra de lo que calificó de “motivaciones subjetivas de marcado carácter político, ajenas al procedimiento contencioso-administrativo” y con “evidente ánimo de menoscabar la honorabilidad del Fiscal General del Estado”. A juicio de la defensa de García Ortiz, con todo ello la asociación minoritaria incurrió en “abuso de derecho” y el recurso contra la designación de García Ortiz debía ser rechazado.
La decisión, de la que únicamente se ha conocido el fallo, ha sido adoptada por cinco magistrados tras deliberar la ponencia de uno de ellos, José Luis Requero, que forma parte del ala más conservadora de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Se conoce, además, en una situación sin precedentes, la víspera del día en el que García Ortiz debe acudir a declarar como imputado en la causa por revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.