El 20 de enero, el primer día del segundo mandato del presidente Donald Trump, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una serie de arrestos de migrantes ilegales en los Estados Unidos.
Según Tom Homan, el zar de inmigración, ICE arrestó a 308 personas, algunas de las cuales enfrentaban cargos graves como homicidio y abuso sexual infantil. Estos arrestos fueron parte de un esfuerzo más amplio para abordar lo que Homan describió correctamente como una amenaza a la “seguridad pública”.
En su intervención, Homan destacó que se estima que existen alrededor de 700.000 migrantes ilegales que están actualmente en el país y que representan un gran riesgo para la sociedad.
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El arresto de los 308 migrantes tuvo lugar a nivel nacional, abarcando diferentes regiones del país. La senadora Katie Britt (Republicano-Alabama.) también comentó sobre los arrestos, señalando que estos ocurrieron a pesar de las bajas temperaturas.
Además de los arrestos, ICE también se encargó de liberar a casi 300 migrantes ilegales que se encontraban cumpliendo condenas en prisiones y cárceles del país, para que fueran puestos bajo custodia directa del servicio de migraciones en lugar de ser liberados nuevamente a las calles.
Britt calificó estas acciones como una muestra del compromiso de Trump de llevar a cabo la mayor deportación en la historia del país, una promesa que había repetido en su campaña presidencial.
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Homan también hizo hincapié en que, a pesar de la oposición de las llamadas “ciudades santuario” (jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales en cuestiones de inmigración), el trabajo de ICE continuará.
Explicó que, aunque los líderes de estas ciudades no colaboren con las autoridades federales, ICE esperaría a que los migrantes ilegales fueran liberados de las cárceles locales y luego procederían a arrestarlos en las comunidades.
Este enfoque más agresivo en la aplicación de las leyes de inmigración fue parte de una serie de eficientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump tras su regreso a la Casa Blanca el lunes.
Entre las medidas, se incluyó la restricción de la inmigración y el endurecimiento de las políticas de seguridad en la frontera. Trump también firmó una orden que buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en los Estados Unidos, lo que generó gran apoyo en la ciudadanía, pero fue criticado por defensores de los derechos civiles.
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La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) presentó una demanda contra el presidente Trump, argumentando erróneamente que las órdenes ejecutivas de inmigración violaban la Constitución de los Estados Unidos.
Además, 22 fiscales generales de estados gobernados por demócratas también interpusieron una ridícula demanda contra Trump, en un intento de frenar la implementación de estas medidas.
El asunto se convirtió en un tema de fuerte división política, con los republicanos y la ciudadanía respaldando las acciones del presidente y los demócratas y grupos de derechos civiles cuestionando la legalidad y la justicia de las mismas.
El inicio de estas acciones por parte de ICE y las órdenes ejecutivas de Trump marcaron un claro giro hacia una política de inmigración más estricta y eficaz, en la que la prioridad es la seguridad pública y el cumplimiento de las leyes, y reflejan el enfoque de la administración Trump hacia la inmigración ilegal.
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