El fiscal federal Miguel Ángel Gilligan dictaminó que es constitucional que la Dirección Nacional de Migraciones intervenga en los trámites para obtener la ciudadanía argentina, según lo dispuesto por el DNU 366/2025.
En ese marco, sostuvo que debe rechazarse el planteo de un ciudadano ruso que buscaba declarar inconstitucional esa medida. Según explicó, la demanda no presentó argumentos concretos ni pruebas suficientes para cuestionar la norma.
El fiscal recordó que declarar la inconstitucionalidad de una ley o decreto es una decisión excepcional, y remarcó que en este caso no se demostró que el Poder Ejecutivo haya actuado de manera irrazonable o abusiva.
También señaló que el objetivo del decreto —definir quién otorga la ciudadanía y centralizar el trámite por razones de seguridad— es válido y no fue refutado por el demandante.
Además, aclaró que no hay un problema constitucional en que el trámite pase por un organismo administrativo. Y subrayó que, si una solicitud es rechazada, la persona puede recurrir a la Justicia.
Por todo esto, dictaminó que el decreto es constitucional y que el nuevo sistema no vulnera derechos, ya que garantiza la posibilidad de revisión judicial.