Los jueces españoles y la Fiscalía Anticorrupción han desarrollado durante la última década al menos cinco causas judiciales contra cargos del chavismo, a los que se les ha acusado principalmente de blanqueo de capitales. Estas causas, algunas de ellas archivadas, son Duro Felguera, Alejandro Betancourt, Pollo Carvajal, Koldo-Delcy Rodríguez y PDVSA.
De forma reciente, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, que investiga en secreto el caso sobre el rescate de Plus Ultra por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias, ordenó la detención de los dueños de la aerolínea en una causa en la que se analiza el posible blanqueo de capitales procedentes del negocio del oro venezolano y de los fondos públicos para luchar contra el hambre en el país sudamericano.
Las autoridades francesas y suizas informaron de que implicados en el caso Plus Ultra están siendo investigados por el supuesto blanqueo “a gran escala” de importantes sumas de dinero “de personas sujetas a sanciones internacionales”, según especifican documentos del Ministerio Público de Suiza, que centran su atención en el supuesto lavado de dinero de “fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela“.
Estas son las causas desarrolladas en España en la que han sido señalados excargos chavistas:
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó en enero de 2024 el procesamiento del expresidente de la compañía asturiana Duro Felguera Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño.
Los magistrados avalaron la decisión del juez Ismael Moreno de procesarles, al asegurar que “en su calidad de responsables de Duro Felguera”, “decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta, al menos, un total de 105.627.600 dólares)” a funcionarios venezolanos mediante “sociedades interpuestas” para que usaran “su capacidad de influencia” en beneficio de la empresa asturiana.
Los investigados crearon una estructura societaria a través de la cual se realizaron transferencias bancarias; “y así se hizo llegar su soborno a cada funcionario investigado desde enero de 2009 hasta, al menos, marzo de 2013″, dice el auto.
La intervención de Estados Unidos se ha producido justo después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, remitiera una comisión rogatoria a Venezuela en la que solicitaba al Gobierno de Nicolás Maduro que certificara si la Justicia bolivariana había archivado diferentes causas contra el empresario Leopoldo Alejandro Betancourt, dueño de la marca de gafas Hawkers, que derivaban de los mismos hechos por los que ahora está imputado en la Audiencia Nacional, según la información recabada por este diario.
Según las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, los investigados habrían saqueado las cuentas públicas del país sudamericano y mediante empresas interpuestas habrían adquirido inmuebles de gran valor en España.
La Policía Nacional arrestó en 2021 en Madrid al exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) venezolana Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘el Pollo Carvajal’, que había estado fugado durante dos años. La detención se produjo a petición de EEUU, que pretendía juzgarlo por narcotráfico, blanqueo y colaboración con el grupo terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Finalmente, fue extraditado en julio de 2023 a Estados Unidos, país en el que ‘El Pollo’ se ha declarado culpable de narcotráfico y de suministrar armas a la antigua guerrilla colombiana. Esta confesión ha sido una de las principales evidencias que tiene la justicia de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien la fiscal general de Washington, Pam Bondi, llegó a calificar como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo” como cabecilla del denominado como ‘Clan de los Soles‘.
El 25 de junio el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, anunciaba que el exgeneral venezolano se había declarado culpable ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein de haber conspirado para “inundar” de cocaína Estados Unidos en un intento de desestabilizar el país. Unos hechos que también se atribuyen a Maduro. Con este acuerdo, el exgeneral de la contrainteligencia chavista intenta evitar una condena a cadena perpetua.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo archivó una causa por un delito de prevaricación contra el exministro de Fomento José Luis Ábalos por la entrada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en territorio español en enero de 2020, pese a la prohibición al respecto establecida por la UE. El alto tribunal concluyó, según una ponencia del magistrado Manuel Marchena, que el incumplimiento de las decisiones de política exterior de la Unión Europea está sometido a control político, no a responsabilidad penal.
Por su parte, las pesquisas desarrolladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvelan que Koldo García habría ofrecido a Ábalos el 9 de abril de 2019 cobrar medio millón de euros mensuales durante tres años de una petrolera venezolana que estaría controlada por el excandidato a la presidencia del país sudamericano Juan Guaidó.
Según consta en el sumario del caso Ábalos-Koldo, el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, hizo de intermediario en 2020 entre el Gobierno de Venezuela, en concreto entre su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y una empresa que pretendía transportar gasolina al país sudamericano, que en esos se encontraba en plena crisis de suministro de combustibles.
Sin embargo, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo investigan en el caso Ábalos-Koldo hechos relacionados con Venezuela.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió cuatro piezas separadas en las que se dividió el caso PDVSA, la investigación por las supuestas operaciones irregulares para la defraudación o apropiación del patrimonio de la empresa venezolana de petróleos. Una de ellas, la pieza dos, que fue abierta por blanqueo de capitales contra el exviceministro de Energía Eléctrica Nervis V., su mujer Milagros C. y Alfonso G.P., en relación con el ingreso de unos fondos a favor del matrimonio en la entidad española Banco de Madrid, fue archivada en septiembre de 2022.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, propuso procesar al ex director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ernesto Reiter Muñoz y a su mujer, Vanessa Carolina Yssea, por blanqueo de capitales.
Vinculado a la petrolera venezolana, pero en una causa derivada de una pieza separada del ‘caso Raúl Morodo’, el exembajador español en Caracas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, propuso juzgar a Ana K.U., viuda del directivo de PDVSA que se suicidó Juan Carlos Márquez Cabrera y al socio de este, Carlos A.P., por aflorar en España y ocultar a la Hacienda Pública fondos procedentes de la empresa pública de petróleo venezolana PDVSA. En concreto, el juez les imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito de falsedad documental y un delito de blanqueo de capitales.
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